Magistrados del CNE radicarán ponencia que concluye que la campaña de Gustavo Petro violó los topes de financiación

Un año después del inicio de la apertura de la investigación formal por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña con la que Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño, dos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) presentarán una ponencia en la que concluyen que se habrían violado los topes de financiación establecidos por la ley.

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Caracol Radio reveló que los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada presentarán ante la Sala Plena del CNE la ponencia en la que plantean que la campaña Petro Presidente superó los límites definidos para la primera y segunda vuelta en 2022, debido a la omisión de varios aportes en los informes presentados por el equipo de campaña.

La ponencia de los magistrados Ortiz y Prada se conoce solo una semana después de que la Sala Plena del organismo independiente resolviera apartar de la investigación a Alba Lucía Velásquez, tras revisar una recusación presentada por el abogado Hollman Ibáñez, quien argumentó que la magistrada actuó como testigo electoral de la campaña Petro Presidente en 2022.

La investigación del CNE, iniciada formalmente el octubre de 2024, busca establecer si la campaña habría superado por un amplio margen los topes fijados y recibió financiación por parte de personas jurídicas. En ese sentido, en el proceso también se evalúa la presunta responsabilidad de los encargados de funciones administrativas y contables en prácticas irregulares.

En la votación de la nueva ponencia, y en el marco de la investigación adelantada por el CNE contra la campaña del presidente Petro, los magistrados deberán decidir si acogen el informe que señala la posible violación de los topes electorales y, en consecuencia, si se formula la respectiva sanción administrativa a los responsables de la gestión de la campaña.

¿Qué sigue en la investigación del CNE a la financiación de la campaña Petro?

Desde el inicio de la investigación en contra de su campaña presidencial, el hoy mandatario ha reiterado que se trataría de un golpe de Estado para afectar su gobernabilidad y desestabilizar su administración. Sin embargo, la nueva ponencia de los magistrados Prada y Ortiz concluyó que los topes fueron superados por cerca de 3.043 millones de pesos.

La ponencia será presentada ante los nueve magistrados del CNE que participarán en la votación en la Sala Plena para establecer si aprueban el informe que concluye la posible violación de los topes electorales por parte de la campaña o si, por el contrario, rechazan las acusaciones iniciales y archivan el caso por falta de evidencias suficientes.

En caso de aprobar la ponencia de los magistrados Ortiz y Parada, que requiere al menos seis votos para tener carácter vinculante, se podrían establecer sanciones administrativas a los encargados de la gestión financiera y contable de la campaña Petro Presidente por omitir aportes y reportar información incompleta o inexacta.

En mayo de este año, la Procuraduría pidió al CNE sancionar a Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y entonces gerente de la campaña de Petro, por las irregularidades identificadas en la financiación electoral. En su solicitud, el órgano de control recomendó ordenar la devolución del dinero equivalente al monto en que se excedieron los topes permitidos en la primera y segunda vuelta.

“El señor Ricardo Roa Barragán, en su condición de gerente de la campaña del Pacto Histórico a la Presidencia, realizó maniobras tendientes a ocultar el valor real de un evento”, explicó la Procuraduría en el concepto en el que le solicitó a los magistrados del CNE adelantar las acciones pertinentes para determinar las sanciones que correspondan en el caso.

Finalmente, la ponencia que será presentada ante la Sala Plena del CNE en los próximos días plantea también posibles sanciones contra la tesorera, Lucy Mogollón, y a la auditora, María Lucy Soto. No obstante, la Colombia Humana ha solicitado formalmente que se declare caducidad sobre el expediente, al considerar que el proceso prescribió el pasado 29 de julio.