
Ministerio de Justicia solicitó a la Fiscalía realizar los trámites de extradición de Carlos Ramón González
La cartera confirmó que la decisión busca garantizar el cumplimiento de decisiones judiciales en el caso de la UNGRD. El exfuncionario tendrá que responder por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación a favor de terceros y lavado de activos.
Por: Jonathan Beltrán
El Ministerio de Justicia presentó en la noche de este 15 de agosto una solicitud formal ante la Fiscalía General de la Nación para iniciar los trámites requeridos en el proceso de extradición del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, imputado por su presunta responsabilidad en el escándalo de corrupción de la UNGRD.
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La solicitud se conoció en medio de los cuestionamientos sobre el trámite con el que el exfuncionario del Gobierno nacional logró obtener su residencia permanente en Nicaragua, pese a la investigación adelantada en su contra. Según el Ministerio de Justicia, la petición formal se fundamenta en el tratado vigente entre ambos países para la cooperación judicial.
De acuerdo con la Fiscalía, el trámite para la emisión de la circular roja de la Interpol con la que se buscaba ordenar la captura de González en cualquier país del mundo se gestionó desde el pasado 4 de julio. Sin embargo, más de un mes después, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) aún no ha aprobado formalmente la solicitud.

Con la petición elevada a la Fiscalía, el Ministerio de Justicia cumple la orden dada por el presidente Gustavo Petro de coordinar las acciones requeridas para garantizar el regreso del exdirector del Dapre al país, con el fin de que responda por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación a favor de terceros y lavado de activos, que le fueron imputados en mayo pasado.
“El Gobierno colombiano ha expresado su interés en que se cumplan las decisiones judiciales, especialmente en casos relacionados con corrupción, respetando las garantías procesales y la presunción de inocencia. El Ministerio de Justicia estará listo para colaborar en el proceso, una vez que la autoridad judicial competente remita la documentación pertinente”, explicó la cartera dirigida por Eduardo Montealegre.
¿Cómo funciona el tratado de extradición entre Colombia y Nicaragua?
El 25 de marzo de 1929, Colombia y Nicaragua suscribieron el tratado de extradición que hasta la fecha se mantiene vigente y será utilizado para completar el trámite en el caso de Carlos Ramón González. En el acuerdo, firmado en Managua, se establecen los parámetros y las condiciones bajo las cuales se garantiza la entrega del ciudadano requerido.

El primer artículo del tratado de extradición establece que ambos Estados se comprometen a entregarse mutuamente a individuos condenados o procesados por las autoridades judiciales. En ese sentido, es posible solicitar la extradición de posibles responsables, encubridores o cómplices de los delitos consagrados en la legislación de cada país.
El tratado, que está próximo a cumplir un siglo de vigencia, determina que la solicitud se presente mediante los mecanismos diplomáticos disponibles para asegurar la comunicación formal entre ambos Estados. En ese sentido, la Fiscalía tendrá que presentar las pruebas por las que requiere a González, los detalles sobre su imputación y la orden de arresto emitida por el Tribunal Superior de Bogotá.

“El individuo cuya extradición se ha concedido no podrá ser procesado por delito distinto de aquel que motivó la solicitud, a no ser que el Estado que la concedió lo acepte previamente, o cuando se trate de un delito conexo que aparezca de las mismas pruebas presentadas con la petición inicial”, se lee en el artículo número 10 del tratado entre Colombia y Nicaragua.
El Ministerio de Justicia confirmó que la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, ya notificó el inicio de los trámites correspondientes para que González sea enviado a Colombia desde Managua. Ahora, el gobierno de Daniel Ortega será el responsable de dar luz verde al proceso que marcaría el inicio de su arresto en centro carcelario.
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