“Solicitamos reconsiderar la decisión”: Cancillería sobre rechazo de Nicaragua a extradición de Carlos Ramón González

Un par de horas después de conocer la decisión oficial del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de otorgar asilo político a Carlos Ramón González, la Cancillería colombiana reiteró la solicitud de extradición del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y exigió respeto por los compromisos vigentes de cooperación judicial.

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El régimen nicaragüense indicó que su decisión correspondía a que el exfuncionario salpicado en el escándalo de corrupción de la UNGRD enfrentaba graves riesgos en Colombia debido a una supuesta persecución política. Además, la Cancillería del país centroamericano insistió en que el asilo se ajustaba a normas y principios internacionales.

En respuesta a la decisión del régimen de Ortega, el Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que González enfrenta una investigación por su presunta responsabilidad en delitos de carácter común. En ese sentido, el Gobierno nacional pidió a Nicaragua evaluar de nuevo su decisión para que el exfuncionario comparezca de forma oportuna ante la justicia colombiana.

“Colombia reconoce y respeta la figura del asilo concedido a las personas que tengan justificación para invocarlo de acuerdo con los instrumentos internacionales. Pero este derecho no podrá ser invocado por las personas respecto de las cuales existan motivos fundados de que han cometido delitos comunes”, explicó la Cancillería en su respuesta.

Por otra parte, el Gobierno nacional reiteró que González ha sido imputado por la Fiscalía por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación a favor de terceros y lavado de activos. Según la investigación adelantada por el ente acusador, el exdirector del Dapre sería el responsable de ordenar la entrega de contratos por 70.000 millones de pesos a los expresidentes del Senado y la Cámara.

Las razones de la Cancillería para rechazar la decisión de Nicaragua de otorgar asilo político a Carlos Ramón González

En marzo de 1929, Colombia y Nicaragua firmaron un tratado internacional en el que acordaron los términos para adelantar gestiones relacionadas con la extradición de ciudadanos. En el documento, ambos países acordaron la entrega mutua de personas condenadas o procesadas ante las autoridades judiciales por su presunta responsabilidad en delitos comunes.

En su reciente decisión, el régimen de Ortega argumentó que la Convención Americana sobre Derechos Humanos permite que toda persona busque y reciba asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos. Sin embargo, el Gobierno de Gustavo Petro enfatizó en que González enfrenta delitos tipificados como comunes en la legislación colombiana.

“Colombia solicita al Gobierno de la República de Nicaragua tener en cuenta las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación y, en consecuencia, reconsiderar su decisión para revocar dicha protección internacional, con el propósito de que el señor González pueda entregarse a la justicia colombiana”, explicó la Cancillería en su respuesta formal.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el Gobierno nacional consideró la decisión del régimen nicaragüense como una medida agresiva e inamistosa. En ese sentido, anunció que la Cancillería evaluará las acciones diplomáticas y legales disponibles para impugnar el asilo otorgado a González y garantizar el cumplimiento de la solicitud de extradición.

Finalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que solicitará a Nicaragua adelantar una revisión detallada del material probatorio recopilado por la Fiscalía para justificar su solicitud y evitar evasiones a la justicia. Asimismo, insistió en que el tratado vigente con el país centroamericano permite solicitar en extradición a posibles responsables, encubridores o cómplices de prácticas ilegales.