Investigan a jueza que concedió libertad condicional a Emilio Tapia, empresario condenado por actos de corrupción

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico abrió una investigación formal contra la jueza Primera de Ejecución de Penas y Medidas de Barranquilla por haber concedido el beneficio de libertad condicional a Emilio Tapia el pasado 11 de abril, quien meses atrás fue condenado a seis años y cuatro meses de prisión por actos de corrupción. Hace unos años, el empresario protagonizó el llamado escándalo de Centros Poblados, en el que se lo acusó por la pérdida de 70.000 millones de pesos de un millonario contrato, adjudicado en 2020, para llevar internet a escuelas rurales en todo el país.

En diciembre de 2024, tras suscribir un preacuerdo con la Fiscalía, Emilio Tapia fue condenado por su participación en el entramado de corrupción del caso Centros Poblados y en dos procesos contractuales con las Empresas Municipales de Cali (Emcali), en los que se detectaron diversas irregularidades. El empresario aceptó voluntariamente los delitos de peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad en documento privado.

Meses después, en abril de 2025, el juzgado le concedió la libertad condicional por un periodo de 27 meses y 20 días, que correspondían al tiempo que le restaba para cumplir la totalidad de su condena. Según la autoridad judicial, hasta ese momento, Tapia había descontado un total de cuatro años y diez días de la pena que le fue impuesta.

De acuerdo con la decisión del juzgado, Tapia contaba para esa época con “una sólida red de apoyo conformada por familiares cercanos y vecinos de su comunidad”. Así mismo, indicó que “estas personas han expresado su disposición a brindarle ayuda y orientación durante su proceso de reintegración”. Además, afirmó que la vivienda donde residen sus hijos “representa un verdadero centro de vida familiar y social” para el empresario.

En aquel entonces, la Procuraduría General de la Nación apeló la decisión de la jueza, al considerar que no se cumplieron los presupuestos necesarios para el otorgamiento de la medida. También la presidencia de la Comisión Seccional del Atlántico compulsó copias para el inicio de una actuación disciplinaria.

A comienzos de mayo, la comisión ordenó la indagación preliminar y, el pasado 17 de septiembre, a partir de la información recopilada, dispuso la apertura de una investigación formal por las circunstancias que rodearon la medida de libertad condicional y por una presunta mora en la resolución del recurso de apelación presentado por el Ministerio Público.

Las razones por las que condenaron a Tapia a seis años y cuatro meses de prisión

En 2020, el Ministerio de las TIC abrió una licitación pública para un contrato de un billón de pesos, destinado a llevar internet a escuelas rurales de varios departamentos del país. Al enterarse de dicha licitación, Tapia contactó a otras personas para que prestaran los nombres, experiencia y capacidad financiera de sus empresas y así conformaran la Unión Temporal Centros Poblados. Esto indujo a error a los funcionarios de MinTIC que le otorgaron el contrato.

“Estas entidades no tendrían ninguna participación en el contrato, pero su presencia era determinante para reunir los requisitos esenciales que garantizaron la adjudicación de la millonaria licitación”, señaló en su momento la Fiscalía.

Sin contar con las garantías bancarias requeridas, Tapia logró, junto con la Unión Temporal, la adjudicación y legalización del contrato 1043 de 2020. Posteriormente, presentó tres pólizas bancarias falsas para recibir un anticipo de 70.000 millones de pesos, de los cuales obtuvo 5.063 millones. Ese dinero fue destinado a la compra de obras de arte, vehículos y gastos personales, incluyendo préstamos y el pago de honorarios a abogados.

Tapia se comprometió a colaborar con la justicia y a reintegrar los 5.063 millones de pesos que obtuvo ilegalmente. Hasta diciembre había logrado la restitución de 2.532 millones de pesos mediante ocho títulos judiciales. Según la Fiscalía, el 50 por ciento restante sería cubierto con dos pagarés por 1.265 millones de pesos cada uno, que debían presentarse en abril y octubre.

Por otra parte, en 2021 Tapia conformó un consorcio con sus empresas con el fin de quedarse con dos contratos adjudicados por Emcali para la construcción de obras en la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAR) de Puerto Mallarino, por montos de 3.798 millones y 2.414 millones de pesos, respectivamente. En ambos casos, falsificó los certificados de un crédito equivalente al 30 por ciento del valor de cada contrato, lo que indujo en error a funcionarios de Emcali, quienes emitieron avales administrativos para suscribir los contratos.