Por apoyo a genocidio en Gaza, Caterina Heyck pide extinción de dominio para bienes en Colombia de Glencore y la Drummond

La jurista Ana Caterina Heyck, quien actualmente es magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz, presentó una denuncia ante la Fiscal General de la Nación para que se inicien acciones de extinción de dominio en contra de multinacionales que tienen sede en Colombia y que aparecen en un reciente informe de la relatora de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Palestina, Francesca Albanese, sobre las empresas que se han beneficiado de la economía israelí.

Heyck aclaró que la denuncia la hace en su condición de ciudadana y servidora pública y no como integrante de la JEP.  El informe al que hace referencia la jurista llamado “De la economía de ocupación a la economía del genocidio” menciona a varias productoras de armas, municiones y maquinaria pesada para la demolición de viviendas; compañías del sector financiero, asegurador, transportador y de tecnología y a las empresas exportadoras de carbón colombiano con personería jurídica y sedes en territorio nacional: Drummond LTD Colombia y Glencore Colombia.

El informe dice que las empresas “han contribuido a la violación del derecho palestino a la libre determinación; la anexión del territorio palestino, el mantenimiento de una ocupación ilegal y, por lo tanto, el delito de agresión y las violaciones de los derechos humanos asociadas; (y a) los delitos de apartheid y genocidio”. 

“El carbón destinado a la producción de electricidad en Israel proviene principalmente de Colombia (el 60 % de las importaciones de carbón israelíes en 2023-24); la empresa Drummond Company,Inc., con sede en Estados Unidos, y la empresa Glencore PLC, con sede en Suiza, son los principales proveedores. Sus respectivas filiales son propietarias de las minas y los tres puertos implicados en la entrega de 15 envíos de carbón a Israel desde octubre de 2023, incluidos seis envíos después de que Colombia suspendiera las exportaciones de carbón a
Israel en agosto de 2024”, dice el informe.

Según la denuncia, conocida por CAMBIO, la Fiscalía sí tiene competencia para proceder frente a dichas empresas radicadas en Colombia, en el marco de la ley de extinción de dominio y de la Convención Internacional para la Prevención y Sanción del Genocidio, de la cual el Estado colombiano forma parte desde 1959. Además, cita pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia sobre la ilegalidad de la actuación de Israel en el territorio palestino ocupado y las órdenes de captura proferidas por la Corte Penal Internacional. 

“Acudo al despacho de la señora Fiscal General de la Nación para que, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, disponga la apertura de la fase inicial de las correspondientes acciones de extinción de dominio frente a los bienes de las empresas radicadas en Colombia mencionadas en el informe de la relatora especial de Naciones Unidas, que tengan relación directa o indirecta con el genocidio que el Estado de Israel está cometiendo en contra del pueblo palestino”, dice la denuncia presentada por Heyck.

“Como se indicó, se trata de las compañías Glencore Colombia y Drummond LTD Colombia, entre otras. Para la relatora Albanese, la continuación del genocidio se explica porque es demasiado lucrativo para muchos, de ahí que a la Fiscalía de Colombia le corresponda ejercer sus competencias frente a aquellas empresas radicadas en este país, cuyas ganancias y propiedades se han multiplicado debido a la comisión de crímenes internacionales en Palestina”, agregó.

Según Heyck, el genocidio contra el pueblo palestino, como crimen que concierne, ofende y degrada a la humanidad, por lo que las autoridades colombianas sí deben actuar de la manera que les sea posible y, en este caso, usando el Código de Extinción de Dominio para impedir que las empresas se sigan lucrando impunemente por la vía de la ocupación y la muerte.

“En otras palabras, sí es viable la extinción de dominio, que no es una acción penal ni exige declaración previa de responsabilidad de este tipo, frente a bienes adquiridos por la comisión de delitos transnacionales como el narcotráfico o la corrupción. Con mayor razón es aplicable frente a crímenes internacionales, como son los de lesa humanidad y el genocidio. Por mínima lógica y coherencia, la ley de extinción de dominio debe también aplicarse a aquellas empresas radicadas en Colombia que obtienen ganancias derivadas del genocidio cometido contra el pueblo palestino”, señala la denuncia. 

La jurista señaló que con esta denuncia pretende honrar los postulados establecidos en la Convención contra el Genocidio, que ubica en cabeza de todas las personas, la obligación de adoptar y promover medidas que estén al alcance para prevenir, sancionar e impedir un genocidio “como el que hoy en día acontece ante los ojos de la humanidad entera”.

CAMBIO habló con Heyck, quien aseguró que esta denuncia la presenta “como un aporte para que la Fiscalía de Colombia le muestre al mundo que la vía de la extinción del dominio es una herramienta fundamental para frenar el genocidio del pueblo palestino”.