Sandra Ortiz al banquillo: las razones de la acusación en su contra por el caso UNGRD

Ocho meses después de que una jueza de control de garantías enviara a la cárcel a la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, la Fiscalía acusó a la exfuncionaria por su presunta responsabilidad en los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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El ente acusador reveló una serie de pruebas sobre la presunta participación de la exalta funcionaria del Gobierno de Gustavo Petro en el entramado de corrupción. De hecho, desde el inicio de la investigación, Ortiz ha sido señalada como una de las fichas clave en las irregularidades en la adjudicación de contratos para adquirir carrotanques destinados a llevar agua potable a las comunidades de La Guajira.

La fecha clave en la investigación en contra de Ortiz es el 12 de octubre de 2023. Ese día, la exfuncionaria se habría reunido en un apartamento ubicado en el centro de Bogotá con el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y el subdirector, Sneyder Pinilla, para recibir una maleta con 1.500 millones de pesos en efectivo.

Un par de horas después —según la investigación de la Fiscalía— Ortiz abordó el vehículo asignado para el cumplimiento de sus funciones y condujo hasta el norte de la capital con el fin de ejecutar un nueva parte del plan: entregar a su excompañero de colectividad y expresidente del Senado, Iván Name, la alta suma de dinero proveniente de las irregularidades en la contratación de la UNGRD.

Un día después, Ortiz visitó nuevamente el inmueble en el que recibió la maleta llena de dinero para coordinar una nueva entrega de recursos públicos. Ese 13 de octubre, la exfuncionaria habría recogido otros 1.500 millones de pesos para completar la entrega a Iván Name, quien recibió un total de 3.000 millones en su residencia en el norte de la ciudad.

Las pruebas presentadas por la Fiscalía contra Sandra Ortiz en el Caso UNGRD

De acuerdo con la Fiscalía, Ortiz participó directamente en la distribución de los recursos para hacer llegar los millonarios sobornos a los congresistas involucrados. Su participación podría comprobarse —según el ente acusador— por la concordancia en los testimonios presentados por López y Pinilla en los interrogatorios realizados en el desarrollo del caso.

La Fiscalía también presentó un informe sobre los dispositivos GPS de los vehículos utilizados en los desplazamientos realizados para recoger y entregar las coimas. La información recopilada de los dispositivos tecnológicos habría permitido reconstruir con las rutas y los tiempos en que se efectuaron estas operaciones irregulares identificadas.

En su acusación formal a Ortiz, los fiscales delegados para la macro-investigación reiteraron que las pruebas recopiladas darían cuenta de que Ortiz tenía pleno conocimiento de que el dinero recibido provenía de recursos públicos. En ese sentido, enfatizaron en que habría contribuido a la organización y distribución de los recursos para el pago de sobornos.

Ante una jueza penal especializada de Bogotá, los delegados de la Fiscalía explicaron que Ortiz conocía que el dinero entregado a Name correspondía a una coima por el direccionamiento de una orden de proveeduría, por lo que la exalta funcionaria conocía que estaría incurriendo en prácticas ilegales que comprometían la transparencia y la legalidad en la gestión pública.

La acusación en contra de Ortiz se conoció cinco meses después de que la Fiscalía rechazara la inmunidad penal total que solicitaba la exfuncionaria a cambio de colaborar con la justicia. Para el ente acusador, la información entregada por la ahora acusada resultaba confusa, contradictoria y carente de sustento probatorio.

Finalmente, la Fiscalía confirmó que el próximo 19 de noviembre comenzará la audiencia preparatoria de juicio. En esa diligencia se definirán los hechos debatidos en el juicio y los elementos materiales y evidencias físicas que serán evaluadas para determinar si Ortiz debe ser declarada culpable o no por su presunta responsabilidad en los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.