La historia de engaños y millones apropiados por la que le quitaron la tarjeta de abogado al alcalde de San Vicente del Caguán

Luis Trujillo Osorio, abogado de la Universidad Libre de Colombia, llegó en 2024 a la Alcaldía de San Vicente del Caguán (Caquetá) con el aval del Partido Alianza Social Independiente. Dos años después de asumir el cargo, y cuando su gestión transcurría sin mayores sobresaltos, una sentencia en primera instancia de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Caquetá cambió el panorama: el pasado 26 de enero, dicha comisión le canceló su tarjeta profesional y le prohibió ejercer la abogacía. Esta es la historia detrás de esa determinación.

Síganos en Google Discover para que se mantenga bien informado. CAMBIO, la verdad siempre

Según el fallo de la comisión, todo comenzó en 2016, cuando Valeria* y su familia acudieron a Luis Trujillo Osorio para que asumiera la representación legal en el caso de abuso sexual que ella sufrió por parte de un profesor del colegio donde estudiaba, en Florencia (Caquetá), con el fin de solicitar una indemnización a la Alcaldía del municipio. La familia alegó que, desde que asumió el caso, el abogado los contactaba ocasionalmente para informarles sobre el proceso, aunque sin brindar detalles suficientes sobre audiencias, trámites y demás actuaciones propias del caso.

En julio de 2023, el abogado volvió a comunicarse con la familia y les informó que el proceso se había perdido debido a la muerte del profesor implicado. Además, los citó el día 27 de ese mes para firmar unos documentos, sin explicar su contenido ni entregarles copia de los mismos.

Sin embargo, todo se habría tratado de un engaño. Valeria* sí había ganado el caso y a ella, junto con sus padres y hermanos, les correspondía una indemnización total de 556.800.000 pesos por parte de la Alcaldía de Florencia, de los cuales 214.924.800 pesos estaban destinados a los honorarios del abogado. La pregunta entonces es: ¿qué ocurrió con los 322.387.200 pesos restantes, si a la familia se le había dicho que el caso estaba perdido? Precisamente para disponer de ese dinero fueron utilizados los documentos que la familia firmó sin conocer su contenido, pues se trataba de los poderes para presentar la cuenta de cobro ante el municipio. Trujillo llegó a un acuerdo con la Alcaldía de Florencia para recibir los pagos en su propia cuenta bancaria y, según la comisión, nunca avisó a sus clientes sobre los recursos.

El mismo día en que Trujillo pidió a la familia firmar los documentos, la madre de Valeria* solicitó una ayuda económica para asuntos urgentes relacionados con sus hijos. Trujillo le indicó que abriera una cuenta bancaria y, ese mismo 27 de julio, aparecieron dos consignaciones por 30 millones, cada una. Diana desconocía quién había realizado dichos depósitos, pero al verificarse la información en la Comisión de Disciplina Judicial, se estableció que uno de ellos fue realizado por el abogado Álvaro Mauricio Conde, nombre que cobra relevancia más adelante en el proceso.

La familia no volvió a tener noticias del abogado hasta el 8 de agosto de 2024, cuando la Dian requirió a Valeria* y a su hermana para declarar renta por unas sumas de dinero que nunca habían recibido. Al no saber por qué la entidad les reclamaba esos recursos, hicieron averiguaciones hasta conocer la verdad: el municipio de Florencia ya había pagado la indemnización al abogado.

Tras conocer lo ocurrido, la familia intentó comunicarse con Trujillo por vía telefónica y por WhatsApp, sin obtener respuesta. En uno de los números contactados respondió una persona que se identificó como su esposa, Francelina Fierro, quien indicó que un abogado de Florencia se pondría en contacto con ellos.

Posteriormente, un abogado se contactó con la familia. Se trataba de Álvaro Conde, quien les expresó que había “comprado la sentencia”. Sin embargo, la familia no tenía conocimiento de que se hubiera realizado algún acuerdo de ese tipo. Tras increparlo por la situación, el ciudadano dejó de responder. Además, lo que afirmaba no tenía sentido, pues la indemnización ya había sido pagada y el proceso no continuaría. Cuando acudió a las audiencias en calidad de testigo de la defensa, manifestó no conocer los hechos, desconocer cualquier “venta de la sentencia” a su favor y negó tener relación alguna con los acontecimientos.

Por estos hechos, la comisión determinó que Trujillo “procedió (con voluntad) a alterarle la información a sus clientes, no entregar la suma de dinero que correspondía en la menor brevedad posible a estos, no rendir cuentas solicitadas por los quejosos, e intervino en maniobras fraudulentas, haciéndoles firmar documentos que contenían manifestaciones contrarias al querer de los clientes, usándolas para hacerse al dinero de la indemnización a espaldas de sus usuarios y apropiarse del mismo…”.

Así mismo, la comisión compulsó copias contra Álvaro Conde por la posible comisión del delito de falso testimonio, así como por una eventual intervención en actos fraudulentos contra la familia. Estas actuaciones fueron remitidas a la Fiscalía Seccional del Caquetá y al reparto interno de la Comisión de Disciplina Judicial.

La comisión no tuvo en cuenta los 60 millones de pesos entregados a la familia como abono de la indemnización, al considerar que se trató de una ayuda humanitaria y no de un pago derivado del proceso. Por tanto, el abogado aún adeudaría a la familia más de 300 millones de pesos.

Hasta el momento el alcalde de San Vicente del Caguán no se ha pronunciado públicamente sobre estos hechos. El mandatario local podría apelar el fallo de primera instancia ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

*Valeria es un pseudónimo utilizado para proteger la identidad de la víctima.