Corte Suprema no toma decisión sobre los congresistas por el escándalo de la UNGRD: hubo empate y el caso pasa a conjueces
Se esperaba que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tomara una decisión antes de las elecciones de este domingo, pero hubo empate en la votación y el caso pasó a conjueces. Wadith Manzur y Karen Manrique aspiran a reelegirse en el Congreso.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia no tomó decisión esta semana respecto de los seis congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP) que están implicados en el escándalo de desvío de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD). Se realizaron dos sesiones de discusión el miércoles y jueves, pero no hubo un acuerdo y la discusión seguirá después de las elecciones del domingo.
CAMBIO estableció que hubo un empate en la votación y, por tanto, la decisión final quedó en manos de dos conjueces. Hay que recordar que en la Sala de Instrucción hay seis magistrados. La votación quedó empatada a tres votos y por eso es necesaria la designación de los conjueces.
Se trata de Wadith Manzur, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz, Karen Manrique, Liliana Bitar y Juan Pablo Gallo, quienes son investigados por llegar a un acuerdo con funcionarios del gobierno de Gustavo Petro a finales de 2023 para emitir conceptos de operaciones de crédito público a cambio de una coima, representada en proyectos de obra e interventoría que haría la UNGRD por 92.000 millones de pesos.
La ponencia del magistrado Misael Rodríguez, quien adelantó una rigurosa investigación, pide no solo llamar a juicio a los involucrados, sino también capturarlos a todos menos a Juan Diego Muñoz. CAMBIO estableció que no hubo acuerdo en la Sala de Instrucción y la discusión seguirá la otra semana. Es probable, igualmente, que la mayoría de la Sala no acoja la petición de detener a los involucrados, como ya sucedió a mediados de 2025.
CAMBIO reveló que para el magistrado Rodríguez la medida de detención es urgente porque los involucrados no solo son congresistas, con amplio poder político regional y nacional, sino que tienen acceso como figuras públicas a escenarios que podrían poner en riesgo la integridad del proceso judicial que se viene. Además, dice la ponencia inicial, fueron los congresistas quienes suministraron los contactos regionales que se necesitaban para poner en marcha las iniciativas.
“Fueron precisamente los sindicados quienes, en desarrollo de esas redes clientelares, habrían articulado dos extremos institucionales en función de sus intereses particulares (…) Lo anterior constituye un indicio relevante del poder de intermediación que ostentarían los sindicados tanto en el nivel central como en el regional: bastó su intervención para conectar actores que, a partir de esa mediación, habrían terminado trabajando de manera mancomunada en función de un acuerdo de mercantilización de la función pública”, dice la ponencia de Rodríguez.
¿Impacto en la campaña?
Al no tomar decisión esta semana, dos de los congresistas que aspiran a reelegirse quedaron con el camino libre ante sus electores: se trata de Karen Manrique, quien aspira a la Cámara por las curules de paz, y Wadith Manzur, del Partido Conservador, que aspira dar el salto al Senado.
Ambos están señalados de algo sumamente grave y que no se debería normalizar entre las múltiples malas prácticas que los congresistas realizan en su día a día: de supuestamente ser parte de un sofisticado entramado de corrupción en el que intervinieron múltiples personas y que implicó vender su función como congresistas.
Hasta el momento, la investigación apunta a que aceptaron una promesa remuneratoria a cambio de vender su función en el Congreso en reuniones con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; el viceministro Diego Guevara; y la asesora de la cartera María Alejandra Benavides, algo que los implicados niegan.
En el marco de esta investigación, fueron múltiples las evidencias que se conocieron públicamente, como las declaraciones de Olmedo López y de Sneyder Pinilla, director y subdirector de la UNGRD respectivamente para la época de los hechos, así como el de la asesora Benavides; y hasta el exministro Bonilla está en proceso y detenido por este mismo caso. Aun así, las pesquisas judiciales no frenaron la correría política de Manzur y de Manrique. El primero recorrió varios departamentos y la segunda también fue muy activa en su natal Arauca.
En todo caso, la falta de decisión de la Sala de Instrucción les permitirá capitalizar su campaña en las elecciones de este domingo y es claro que el comportamiento electoral de ambos procesados será un factor relevante de análisis de estos comicios. ¿Castigará la ciudadanía a los congresistas?
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