Corte Suprema ordena captura de los congresistas electos Wadith Manzur y Karen Manrique por el escándalo de la UNGRD
La decisión la tomó la Sala de Instrucción de la Corte Suprema y cobija a dos congresistas que lograron reelegirse en el Congreso: Wadith Manzur y Karen Manrique. Los seis congresistas involucrados en este caso fueron llamados a juicio.
Con la presencia de dos conjueces, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió acusar a seis congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP) por su participación en el escándalo de desvío de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD). Además, ordenó la detención de Wadith Manzur y de Karen Manrique.
Los procesados son Wadith Manzur, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz, Karen Manrique, Liliana Bitar y Juan Pablo Gallo quienes deberán responder por la presunta comisión del delito de cohecho impropio por presuntamente llegar a un acuerdo con funcionarios del gobierno de Gustavo Petro a finales de 2023 para emitir conceptos de operaciones de crédito público a cambio de una dádiva, representada en proyectos de obra e interventoría que se tramitarían a través de la UNGRD por un total de 92.000 millones de pesos.
La Sala de Instrucción, con la presencia de los conjueces, estudió y voto la ponencia del magistrado Misael Rodríguez revelada por CAMBIO que inicialmente pedía detenerlos a todos, menos a Juan Diego Muñoz. Este mismo escenario se dio a mediados de 2025 y en esa ocasión la mayoría no avaló la posibilidad de una medida de aseguramiento. Ahora, la Sala decidió detener solo a Manzur y a Manrique por el rol que habrían tenido en este escándalo.
La ponencia inicial de 731 páginas, que tuvo ya varios ajustes según el avance de la discusión en la Sala de Instrucción, apuntaba la necesidad de detener a los congresistas, así:
“Fueron precisamente los sindicados quienes, en desarrollo de esas redes clientelares, habrían articulado dos extremos institucionales en función de sus intereses particulares (…) Lo anterior constituye un indicio relevante del poder de intermediación que ostentarían los sindicados tanto en el nivel central como en el regional: bastó su intervención para conectar actores que, a partir de esa mediación, habrían terminado trabajando de manera mancomunada en función de un acuerdo de mercantilización de la función pública”, decía la ponencia inicial.
Esta decisión llega días después de que dos de los implicados fueran reelegidos en el Congreso: Manzur saltó al Senado con 134.914 y Manrique obtuvo la curul de paz por Arauca en la Cámara de Representantes con 5.640 votos. Según la investigación, Manzur ejerció un rol de liderazgo de los congresistas de la CICP y fue quien, según la testigo María Alejandra Benavides, pidió al ministro de Hacienda de entonces Ricardo Bonilla ‘ayudas’ a cambio de votos para los conceptos que necesitaba el gobierno.
“La propuesta era unos montos de 20 para el representante Wadith Manzur, 20 para el representante Julián Peinado, 20 para la senadora Liliana Bitar, 10 para la representante Karen Manrique, 10 para el representante Juan Diego Muñoz y dejaban a discreción del ministro si 10 para el representante (Núñez)”, declaró Benavides, exasesora de Bonilla, en referencia a cupos indicativos por 20.000 y 10.000 millones de pesos. La testigo dijo que también fue Manzur quien “sugirió que le preguntara el ministro por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo si éste podía ser la entidad o el camino por el cual se diesen esos proyectos”.
Desde esa propuesta inicial hasta que finalmente Bonilla dio vía libre, según la testigo Benavides, los representantes manifestaron su duda con negarse a votar conceptos en las sesiones oficiales de la CICP, hasta que finalmente se aceptó tramitar los proyectos, los congresistas entregaron datos de los contactos regionales para que Sneyder Pinilla iniciara los tramites correspondientes desde la UNGRD, entre otros.
Los procesados aseguran que esto no es cierto y, en el caso de Manrique, su defensa asegura que ella no aceptó promesa remuneratoria alguna y que el seguimiento que realizó ante funcionarios del Gobierno fue frente a los avances del proyecto para la intervención del río Bojabá, siguiendo una ley que le permite a los congresistas “intervenir, gestionar o convenir en todo tiempo, ante los organismos del Estado en la obtención de cualquier tipo de servicios y ayudas en materia de salud, educación, vivienda y obras públicas para beneficio de la comunidad colombiana”.
La Sala de Instrucción asegura que hay pruebas suficientes de que sí existió el acuerdo ilegal y que el beneficio eran proyectos de obra, no plata directamente. El primer proyecto era para obras de emergencia para la recuperación del sistema integral de drenaje de aguas lluvias, entre la conexión con la Ciénaga Grande del Bajo Sinú hasta el casco urbano del municipio de Cotorra, Córdoba, por 46.748 millones de pesos. Allí el interesado era Juan Pablo Gallo.
El segundo era la construcción de obras de protección para la reducción del riesgo y prevención de inundaciones sobre el río Bojaba en Saravena, Arauca, por 34.187 millones de pesos que interesaba a Liliana Bitar, Wadith Manzur y Julián Peinado. Y el tercero era para la construcción de estructuras de contención y mitigación del fenómeno de socavación, erosión y transporte de sedimentos por lluvias en el corregimiento de El Salado, El Carmen de Bolívar, por 11.695 millones. El interés era de Karen Manrique y de Juan Diego Muñoz.
¿Qué hicieron?
Los integrantes de la CICP fueron señalados de haber llegado a un acuerdo ilegal que se consolidó en varias reuniones sostenidas en el Ministerio de Hacienda entre el y 5 y 6 de diciembre de 2023. Era una transacción: validar los proyectos a través de la UNGRD como contraprestación al voto favorable para operaciones de crédito público. Esas operaciones se aprobaron, pero antes hubo intenso lobby, citas y hasta una demora a propósito de la agenda de la CICP supeditada a que los proyectos no avanzaban.
Un mensaje es particularmente relevante. El 4 de diciembre de 2023 Benavides le escribió a Ricardo Bonilla, quien estaba fuera del país:
-“Hola, ministro. Buenos días. Espero esté muy bien. Me comentaron que usted llega mañana y, como tenemos sesión interparlamentaria el miércoles 6, quería preguntarle si usted está de acuerdo en que con el vice Diego atendamos a los de la interparlamentaria y les digamos que vamos a mover sus proyectos de UNGR (sic), pero que salen el otro año”.
Bonilla le respondió que sí, Benavides habló con Diego Guevara y la cita se dio el 5 de diciembre. La asesora no solo reiteró que los procesados hablaron de los proyectos y de lo importante que era que se gestionaran, sino que salpicó a Guevara en las gestiones de respuesta a los congresistas. El 6 la cita ya contó con la presencia de Bonilla.
“La evidencia de los hechos mencionados constituye la base adecuada para postular la probable consolidación de un progresivo proceso de negociación criminal, en el que los sindicados habrían tenido participación convergente y diferenciada: algunos desde su instalación (los sindicados Manzur Imbett y Muñoz Cabrera); otros, como sujetos a favorecer en una propuesta inicial de parte del Legislativo o como beneficiarios de una contrapropuesta de parte del Ejecutivo, que habría consolidado un acuerdo preliminar con los sindicados Manzur Imbett, Peinado Ramírez, Bitar Castilla, Manrique Olarte y Muñoz Cabrera, al cual se habría adherido posteriormente el sindicado Gallo Maya, previa habilitación del ministro Bonilla González”, consideró la Sala.
En derecho a esta acción se le llama cohecho, pero en la correría política se le puede llamar ‘mermelada’: hubo un acuerdo ilegal de por medio, en el que cada uno hizo una gestión, se adelantaron gestiones en la UNGRD para daría viabilidad a los proyectos y hasta hubo presiones para conseguir lo requerido.
“Lo ocurrido en las tres sesiones refleja con alta probabilidad la adopción de un mecanismo escalonado de cumplimiento: avanzar de manera parcial en la evacuación de la agenda (de la CICP), pero conservar capacidad de retención de la misma para exigir señales verificables de avance en las gestiones del Ejecutivo. La existencia de ese engranaje de actos propios de la función de los sindicados en la CICP sólo adquiere una explicación razonable en tanto la existencia del acuerdo”, apuntó la Sala.
La Corte le dio plena credibilidad al testimonio de María Alejandra Benavides y le da un rol clave al hecho que los procesados insistieron, muchas veces, y ante varias personas para conocer qué pasaba con los proyectos. Esa insistencia que siguió en 2024 se evidenció en conversaciones de chat que ponen, además, a Manzur en una especie de rol de vocero de todo el grupo de congresistas. Todos ellos dicen ser inocentes y podrán interponer un recurso de reposición ante la decisión de acusación.
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