Procuraduría declaró insubsistente a funcionario tras interrogatorio a Zulema Jattin, acusada por parapolítica

Durante los años más crudos del conflicto armado, dirigentes políticos y estructuras paramilitares tejieron alianzas para consolidar su poder en los territorios. En ese entramado, que hoy sigue siendo objeto de esclarecimiento, el nombre de Zulema Jattin aparece como uno de los más relevantes debido a su trayectoria política y a la información que puede aportar sobre las relaciones entre la clase política y los grupos armados. 

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Como heredera política de su padre, el senador liberal Francisco José Jattin, Zulema Jattin fue elegida concejal de Lorica (Córdoba), trabajó como asesora del Ministerio de Hacienda durante el gobierno de Ernesto Samper y llegó al Congreso en 1998. Tras completar dos periodos consecutivos en la Cámara de Representantes, dio el salto al Senado con el respaldo del Partido de la U.

La senadora cordobesa pasó de ser víctima de las Autodefensas Unidas a colaborar con sus estructuras para mantener influencia política en la región. Tras ser secuestrada por orden de Carlos Castaño mientras se desempeñaba como presidenta de la Comisión de Paz de la Cámara, consolidó alianzas con grupos paramilitares por las que fue arrestada en 2009 durante el desarrollo de una investigación en su contra.

En medio del sometimiento de Jattin a la JEP para aportar verdad sobre sus vínculos con los paramilitares, El Reporte Coronell reveló que la Procuraduría apartó de su cargo al abogado Carlos Alberto Garzón, delegado para su proceso. La decisión del Ministerio Público se presentó solo un día después de que el funcionario del Ministerio Público formulara una serie de preguntas que habrían incomodado a la exsenadora.

Los cuestionamientos presentados por el jurista corresponderían al proceso en el que se busca esclarecer las relaciones entre el poder político y las estructuras paramilitares en diferentes municipios de Córdoba. Sin embargo, Jattin y su defensa reaccionaron con molestia durante la diligencia que derivó en la salida de Garzón de su cargo en la Procuraduría.

El procurador primero delegado ante la JEP, Eduardo Padilla, fue el encargado de construir el formulario con el que se pretendía indagar de manera sistemática sobre los vínculos de Jattin con actores paramilitares y sobre su conocimiento de los mecanismos de influencia política y electoral desde la última década del siglo pasado.

Las preguntas realizadas a Zulema Jattin durante su diligencia ante la JEP

Jattin fue aceptada por la JEP en 2021 como compareciente voluntaria con el objetivo de aportar la verdad sobre cómo operaron las redes paramilitares en Córdoba entre 2000 y 2007. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas sostuvo en su momento que sus aportes eran determinantes para reconstruir los pactos y acuerdos entre los comandantes de los bloques paramilitares y la clase política de la región.

Desde entonces, la exsenadora ha ofrecido detalles sobre reuniones políticas y contactos con actores investigados por parapolítica. “Yo entendí en ese momento que el accionar de los paramilitares iba a favorecerme directamente”, indicó Jattin en una de sus declaraciones sobre las alianzas que tejió con jefes de las AUC en Córdoba.

El primer cuestionamiento de la reciente diligencia giró en torno al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, quien fue extraditado a Estados Unidos tras ser grabado recibiendo un soborno. La segunda pregunta mencionó a Jairo Andrés Angarita, considerado segundo de Salvatore Mancuso, y la tercera aludió a William Salleg, propietario de un periódico local señalado ante la JEP como un instrumento de propaganda de los paramilitares.

La magistrada Nadiezdha Henríquez, quien presidía la diligencia, respaldó todas las preguntas tras subrayar que formaban parte de la investigación para reconstruir el contexto de la parapolítica en Córdoba y Tierralta. Sin embargo, Jattin y su abogado rechazaron las preguntas realizadas por el jurista delegado para el proceso.

El Reporte Coronell detalló que, tras finalizar la diligencia, el procurador delegado Eduardo Padilla recibió llamadas y cuestionamientos sobre lo ocurrido en la audiencia. Al día siguiente, el jurista Garzón fue declarado insubsistente mediante resolución firmada por el procurador general, Gregorio Eljach, por lo que salió de su cargo de manera inmediata.

El jefe del Ministerio Público explicó que en los últimos días se presentó una demanda contra el acto administrativo con el que se apartó de sus funciones al abogado. En ese sentido, Eljach sostuvo que se abstendrá de pronunciarse sobre el caso para evitar entorpecer el proceso o influir en la decisión de la autoridad judicial que deberá resolver la demanda.