Wadith Manzur y Karen Manrique a la cárcel por el caso UNGRD: detalles de una acusación anunciada
El escándalo de desvío de recursos de la UNGRD sumó dos nuevas detenciones: las de los recién reelectos congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique. Según la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ellos dos y otros cuatro congresistas vendieron su voto a cambio de dádivas en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
Para la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia los congresistas reelectos Karen Manrique y Wadith Manzur Imbett son un peligro para la sociedad y para el curso del proceso investigativo que se viene desarrollado por el escándalo de desvío de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD). Por ello, por mayoría y con presencia de dos conjueces, la Sala ordenó su detención inmediata.
Manzur y Manrique integraron la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, CICP, en donde se votan operaciones de crédito público que interesan al Gobierno. En 2023 junto a Julián Peinado, Juan Diego Muñoz, Liliana Bitar y Juan Pablo Gallo los congresistas se habrían aliado para pedirle al entonces ministro de Hacienda Ricardo Bonilla una dádiva a cambio de su voto.
Según la acusación, acá hubo toda una negociación que arrancó en septiembre y se concretó el 5 de diciembre de 2023. Primero pidieron cupos indicativos millonarios y luego aceptaron que se tramitaran en proyectos de obra, gestionados a través de la UNGRD. La Sala de Instrucción apuntó que esta negociación no solo fue criminal, sino que trascendió el ámbito de su función como congresistas, involucrando a otras entidades del Estado, como la Unidad, que fue cooptada por sus intereses.
No se trata de un simple acuerdo ni de gestiones en el marco legal que tienen los congresistas para hacer seguimiento de proyectos que interesen a la comunidad, no. Según la Sala, estos congresistas tenían el conocimiento suficiente, así como un nivel de influencia y poder político de tal nivel, que lograron orientar las funciones de la UNGRD para sus intereses personales.
CAMBIO ha venido revelando detalles de este proceso investigativo que se ha tomado los titulares de prensa, que se convirtió en el foco de discusiones políticas y de factores electorales. Se trata de un episodio más del supuesto interés del Gobierno de Gustavo Petro de cooptar el Congreso: Iván Name y Andrés Calle están presos y en juicio por aceptar dinero para ayudar a tramitar reformas (lo cual es delito así no hayan cumplido su parte) y ahora los seis congresistas mencionados van a juicio por buscar la negociación, la ‘ayuda’, el ‘beneficio’, la ‘mermelada’: por venderse al mejor postor.
Los congresistas dicen ser inocentes. En diálogo con CAMBIO, la defensa de Karen Manrique insiste en que no aceptó ninguna dádiva, que no hizo gestión ilegal y que solo presionó por un proyecto que se necesitaba por la emergencia invernal que vivía Arauca en 2023. Pero la Sala de Instrucción fue más allá: le dio crédito a los testimonios de los principales protagonistas, que se convirtieron en testigos estrella con negociaciones con la Fiscalía, para decir que fueron los congresistas los que suministraron los contactos de mandatarios locales o de enlaces regionales, con el propósito de coordinar los aspectos técnicos y operativos de los proyectos respecto de los cuales tenían interés y que serían tramitados por la UNGRD.
Eso se llama un indicio del poder que tenían los congresistas: tener relaciones clientelares que no son episódicas, que tendrían antecedentes y que obligan a la justicia a actuar para detener a quienes en libertad podrían generar un “riesgo de desequilibrio institucional”. La ponencia inicial del magistrado Misael Rodríguez, quien tuvo a cargo toda esta investigación, lo describe así:
“Resulta especialmente relevante contener a aquellos que, desde posiciones de influencia y con capacidad de intermediación, habrían ‘movido los hilos’ del poder, abierto ventanas de oportunidad criminal y articulado a distintos actores para que suspendieran los intereses públicos y, en su lugar, favorecieran intereses privados”. Esta ponencia tuvo algunos ajustes que se conocerán más adelante y varió en un aspecto central: se pedía la captura de cinco de los seis procesados, pero solo se aprobó la de Manrique y Manzur. ¿Por qué?
En este expediente, los defensores de ambos congresistas indicaron que no había un elemento nuevo que permitiera capturarlos ya que la Sala, en junio de 2025, decidió no hacerlo. Pero la Sala de Instrucción dijo que sí porque los testigos María Alejandra Benavides, Sneyder Pinilla y Olmedo López dieron un panorama más detallado en declaraciones que arrancaron en agosto del año pasado.
“El efecto de ello en los fines de la medida de aseguramiento y, particularmente, en el fin de peligro para la comunidad derivado de la posibilidad de continuación delictiva, concretamente, de los sindicados Manzur Imbett y Manrique Olarte, estriba en que por el acontecer en la realización de los hechos típicos, la Sala pudo advertir con mejor detalle los alcances personales, políticos y regionales que tienen los sindicados y, a partir de allí, entre otras cosas, decantarse por la necesidad de conjurar el riesgo para la comunidad de que situaciones como aquellas por las que se acusa, se puedan repetir en el futuro próximo”, decía la ponencia inicial al respecto.
También se tuvo en cuenta un elemento nuevo, revelado por CAMBIO, el hecho que Manzur se reunió con Benavides entre mayo y junio de 2024 en el Centro Comercial Santa Ana en Bogotá cuando ya el escándalo había estallado. Benavides recordó que Manzur le dijo: “_ahí no hay nada… Los contratos nunca se dieron. Lo que yo estaba gestionando nunca pasó_”. Este juicio de valor no es menor porque se dio en un momento en que todavía él no era mencionado públicamente, anticipando una investigación y revelando que el congresista podía y puede aún tener contacto con testigos claves en este expediente.
En suma, hay suficientes elementos para que, por el momento, Manzur y Manrique estén presos mientras que los otros podrán defenderse en libertad. En el caso de Manzur, se le atribuye una labor de vocería de todos los procesados. Según María Alejandra Benavides fue él quien pidió cupos indicativos, fue él quien sugirió tramitarlos por la UNGRD, fue él quien lideró reuniones y trabó sesiones de la CICP mientras se perfeccionaba la negociación. Esa vocería también residió, según la Sala, ejerció Manrique igualmente al momento de presionar, monitorear y vigilar el cumplimiento de lo acordado.
Por ejemplo, se señaló que el 7 de febrero de 2024, junto con otras personas, Manrique Olarte se reunió con el director de la UNGRD Olmedo López y que allí le preguntó por el impulso de los contratos que habrían sido ofrecidos por el ministro de Hacienda como beneficio al cumplimiento de su función en la CICP. “Esa indagación se ejerció probablemente en vocería de todos los sindicados, con la mención concreta de su pertenencia a la CICP y alusiones escritas que contienen los nombres de seis miembros de la Comisión: Manzur Imbett y Bitar Castilla, Peinado Ramírez, Manrique Olarte, Muñoz Cabrera y Gallo Maya”, dijo la Sala.
Aunque los congresistas dicen que esa vocería no existe y que no hay prueba documental de ello, lo cierto es que en un acuerdo ilegal esa delegación no quedaría en un papel: “No es razonable pretender que se plasme en un documento prueba de un acuerdo criminal. En el mismo sentido, es perfectamente verosímil que los ejercicios de vocería no requieran, como en este caso, un acto solemne de delegación como el que parece exigir la defensa. Dicha vocería, como se demostró en el acápite de valoración probatoria, fue mucho más una realidad que se fue consolidando en el proceso de negociación y que la simplificaba, y a partir de la cual todos los involucrados conducían su actuación”.
En este caso, los procesados podrán interponer un recurso de reposición contra la decisión de acusación. De quedar en firme, se defenderán en juicio ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. Manrique y Manzur serán detenidos entretanto. La representante se entregó en horas de la noche del miércoles 11 de marzo en instalaciones de la Sijín en Tame, Arauca. CAMBIO conoció que la mujer solicitará ser recluida en una guarnición militar porque lleva ocho meses siendo víctima de amenazas de parte de organizaciones al margen de la ley.
La captura de los congresistas
Manzur llegó al búnker de la Fiscalía alrededor de las 5 de la mañana del jueves 12 de marzo a la espera de que fuera emitida la boleta de su captura, la cual se oficializó después de las 8 de la mañana. Por su parte, Manrique fue devuelta a su casa y coordinó con la Sijín su sometimiento a las autoridades para cuando una vez fuera emitida la boleta de captura. Esta se formalizó antes de las 9 de la mañana.
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