Corte Constitucional tumbó el decreto de emergencia económica del Gobierno de Gustavo Petro: los detalles
El alto tribunal declaró inconstitucional el decreto con el que el Gobierno había declarado el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional el pasado 22 de diciembre de 2025.
Por: Juan David Cano
La Corte Constitucional declaró inexequible el decreto legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, mediante el cual el Gobierno nacional había declarado el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional. La decisión fue adoptada por la Sala Plena, con ponencia del magistrado Carlos Camargo Assis.
La votación confirmó el pronóstico que había dentro del Palacio de Justicia, pues seis magistrados respaldaron tumbar el decreto y dos, Héctor Carvajal Londoño y Vladimir Fernández Andrade, salvaron parcialmente el voto.
El argumento central para hundir la norma es el mismo que la Corte había anticipado en enero, cuando la suspendió de forma provisional. Según el tribunal, los hechos que el Gobierno usó como justificación para declarar la emergencia no eran imprevisibles ni extraordinarios.
Que el Congreso haya hundido la reforma tributaria es una posibilidad que la propia Constitución contempla como parte normal del debate democrático, no una catástrofe que justifique saltarse al Legislativo para decretar impuestos por cuenta propia.
La Corte también mantuvo congelados los dos decretos que el Gobierno había expedido al amparo de la emergencia. El primero, el decreto 1474 de 2025, es con el que creó el IVA del 19 por ciento a las bebidas alcohólicas, gravámenes a cigarrillos, vapeadores y juegos de azar en línea. El segundo, el decreto 044 de 2026, donde impuso nuevo gravamen para las empresas de generación de energía hidráulica.
Gobierno acumula tres emergencias tumbadas
Con esta decisión, el Gobierno de Petro acumula tres emergencias declaradas inconstitucionales. La primera fue en 2023, cuando la Corte tumbó la emergencia en La Guajira. La segunda fue en 2025, con la declaratoria por la crisis del Catatumbo. En los tres casos, el problema de fondo ha sido el mismo, un estado de excepción no puede usarse para implementar lo que el Congreso no quiso aprobar.
Uno de los puntos más delicados que quedó sobre la mesa tiene que ver con la salud. Parte de la justificación del Gobierno para decretar la emergencia era garantizar el pago de la Unidad de Pago por Capitación, el dinero que el Estado transfiere a las EPS por cada afiliado.
Las EPS reportan un déficit cercano a los 5,95 billones de pesos, con costos que superan sus ingresos en casi 10 puntos porcentuales. Tanto la Procuraduría como la Defensoría del Pueblo habían pedido a la Corte que, al tumbar la emergencia, preservara los recursos destinados a ese rubro. Por ahora no se tiene certeza de qué pasó con esto.
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