Gustavo Petro fue multado por no rectificar señalamientos contra exgerente de Coosalud y se mantiene en las acusaciones

Un juez administrativo de Bogotá sancionó al presidente Gustavo Petro con una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes por incurrir en desacato a una orden judicial que le exigía rectificar declaraciones contra un exdirectivo del sector salud. La decisión se deriva del incumplimiento de una tutela que protegía el derecho al buen nombre del afectado.

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La providencia fue emitida por el Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito de Bogotá, que concluyó que el mandatario no acató una sentencia del 11 de noviembre de 2025. En dicha decisión se le ordenaba corregir públicamente afirmaciones que había realizado en contra de Jaime Miguel González Montaño, exgerente de la EPS Coosalud.

¿Por qué Gustavo Petro fue sancionado por un juez de Bogotá?

Según el fallo, la sanción se impone como medida correctiva ante el incumplimiento de la orden judicial. El juez determinó que el presidente incurrió en desacato al no realizar la rectificación en los términos establecidos, pese a que la tutela había sido resuelta previamente por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

El origen del proceso se remonta a unas declaraciones del jefe de Estado en las que calificó al exgerente de la EPS como “bandido”. Estas afirmaciones motivaron la interposición de una acción de tutela por parte del afectado, quien alegó vulneración de su derecho al buen nombre. La justicia le dio la razón y ordenó al presidente rectificar sus palabras.

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Sin embargo, el juzgado evidenció que dicha orden no fue cumplida de manera adecuada ni dentro de los plazos fijados, lo que configuró el desacato. En consecuencia, además de la multa, el despacho judicial dejó claro que el proceso no se cierra con esta sanción, ya que el cumplimiento de la rectificación sigue siendo obligatorio. 

“El 19 de febrero de 2026 se efectuó otro requerimiento frente al cual el señor presidente guardó silencio, por lo que a través de auto de 3 de marzo hogaño se dio apertura formal al incidente de desacato, corriendo traslado al demandado para que solicitara las pruebas que pretendiera hacer valer y/o acompañara los documentos y pruebas anticipadas que se encontraran en su poder”, dice el fallo.

En la parte resolutiva, el juez también dispuso remitir el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que se adelante el grado jurisdiccional de consulta. Asimismo, reiteró que las sanciones por desacato tienen carácter progresivo, lo que significa que podrían imponerse nuevas medidas si persiste el incumplimiento. 

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El fallo subraya que el objetivo principal no es sancionar, sino garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales vulnerados. En este caso, el derecho al buen nombre del exgerente de la EPS, el cual, según la decisión judicial, fue afectado por las declaraciones del presidente.

Finalmente, la decisión deja abierta la posibilidad de nuevas actuaciones judiciales mientras no se verifique el cumplimiento total de la orden de rectificación. El juez advirtió que mantendrá la competencia sobre el caso hasta que se restablezcan plenamente los derechos afectados o desaparezcan las causas que originaron la vulneración.

El presidente Petro reaccionó a la sanción

A pesar de la decisión del Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito de Bogotá, el mandatario no se retractó de llamar corrupto a González y, por el contrario, arremetió una vez más contra el exdirigente de Coosalud, manifestando que tanto él como todos los exdirectivos de la EPS deben ser procesados por la justicia.

“La auditoría forense demostró que, efectivamente, como dije, fue garantizado un préstamo a empresas privadas ligadas al gerente por más de 200.000 millones de pesos con garantía de recursos públicos”, argumentó el jefe de Estado.