Ministro de Justicia pide excusas por fiesta en cárcel de Itagüí y no descarta corrupción en el Inpec

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, pidió excusas públicas al país por la parranda que se realizó dentro de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, donde un grupo vallenato participó en una celebración de cumpleaños para un sector de los 23 negociadores de bandas del Valle de Aburrá que avanzan en un proceso de paz con el Gobierno nacional.

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“Aprovecho la oportunidad para rechazar ese tipo de eventos. No tiene por qué pasar y no puede pasar. Es penoso y ofrezco, en nombre del Gobierno y del Ministerio, excusas al país", dijo Cuervo en entrevista con Blu Radio.

¿Corrupción en el Inpec? Las críticas que lanzó Cuervo

El funcionario explicó que el ingreso habría ocurrido un miércoles, día en que los negociadores tienen un régimen especial de visitas pactado en el marco de las negociaciones sociojurídicas. Cada uno de los 23 reclusos puede recibir hasta tres personas ese día.

Según Cuervo, las personas del grupo musical se registraron en la minuta como visitas regulares, sin identificarse como músicos, lo que permitió su entrada. Sin embargo, también ingresaron licor y catering, elementos que están expresamente prohibidos por el reglamento del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.

“Ahí fallaron los filtros. Para que ingresara licor, para que ingresaran otros elementos prohibidos, tuvieron que haber pasado cosas. Una de las posibles causas, sin duda, es la corrupción del personal de la Guardia Penitenciaria”, afirmó el ministro.

Debido a este hecho, el Gobierno tomó medidas como remover al director de la cárcel y al comandante de guardia de sus cargos, y abrir investigación disciplinaria contra siete dragoneantes.

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El ministro aclaró que no todos los negociadores participaron en la fiesta. Según Cuervo, alias Douglas sacó un comunicado deslindándose del hecho y aseguró que pasó el día con su familia en su patio, siguiendo el régimen ordinario de visitas.

En cuanto a los reportes que indican que el concierto habría costado cerca de 500 millones de pesos, Cuervo dijo que ese pago no provino directamente de los reclusos, sino de un intermediario externo, y que la Fiscalía deberá establecer el origen de esos recursos.

“Según se ha establecido en medios, la persona que los contactó dice que allá le dieron los 500 millones de pesos, que un intermediario que está por fuera de la cárcel lo contacta y seguramente esa persona es la que le paga y habrá que establecer, pues de dónde salió el dinero”, dijo el ministro.

Se suspendieron temporalmente los diálogos en lo que avanza la investigación del hecho

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz, junto con los voceros de la mesa, decidió suspender los diálogos hasta obtener más información y establecer responsabilidades. Cuervo aclaró que esa decisión no correspondió al Ministerio de Justicia, cuya competencia se limita al manejo penitenciario.

El ministro descartó que el episodio sea comparable a la situación de La Catedral, el penal que controló Pablo Escobar, y señaló que los negociadores recluidos en Itagüí no están condenados por narcotráfico, sino, en su mayoría, por concierto para delinquir.

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“Me parece que no es equiparable esa situación de Pablo Escobar. Era una cárcel que él controlaba completamente. El Estado no tenía ningún control sobre eso. Ahorita estamos en una situación distinta. Sobre la cárcel de Itagüí y sobre las otras cárceles de Colombia, el sistema penitenciario del Estado tiene un control, sí, con problemas, por supuesto”, añadió Cuervo.

Sin embargo, reconoció que el abuso de los beneficios carcelarios pone en entredicho la voluntad de paz de quienes estuvieron involucrados en la fiesta y advirtió que el régimen especial de visitas podría ser suspendido o eliminado como consecuencia de lo ocurrido.