Decenas de millones de dólares en juego: la advertencia de Canadá a Colombia tras ruptura en billonario proyecto
CAMBIO accedió a los documentos de la agencia de compras del gobierno canadiense en los que se acusa a Colombia de incumplir con un Tratado de Libre Comercio, y de otras prácticas presuntamente ilegales, ligadas a un contrato por 1.5 billones de pesos que suscribieron en agosto de 2022 y que, durante cuatro años, no se ejecutó.
Por: Ana María Cuesta
El Ministerio de Defensa, a cargo del general (r) Pedro Arnulfo Sánchez, estaría próximo a protagonizar un litigio por “decenas de millones de dólares” que lo enfrentaría con el gobierno canadiense, concretamente con la Canadian Commercial Corporation (CCC), la agencia estatal de contratación gobierno a gobierno, creada en 1946, y adscrita al Ministerio de Comercio Internacional del mencionado país.
La controversia se enmarca en un anuncio que Sánchez hizo el pasado 22 de febrero y que pasó algo inadvertido. Ese día, y a través de ‘X’, su cartera anunció la terminación unilateral de un contrato gobierno a gobierno que la administración del expresidente de la República Iván Duque suscribió con la CCC el 2 de agosto de 2022.
Fue un acuerdo por 1.5 billones de pesos -1.590.912.266.401 pesos- para la construcción del nuevo complejo militar del país, que quedaría en el Centro Administrativo Nacional -CAN- de Bogotá, y fue anunciado poco después en el gobierno Petro como el proyecto de ingeniería más importante del sector defensa en los últimos 50 años.
El Proyecto Fortaleza, como bautizaron al complejo militar de 241.000 metros cuadrados y modernos edificios con diseño de diamante, debía haber sido culminado y entregado en su primera fase en el presente año electoral, según prometió el exministro Iván Velásquez en 2023. Pero el gobierno de Gustavo Petro se divorció de la empresa canadiense cuatro años después, dejando en veremos la obra más ambiciosa en décadas para el sector defensa.
“CCC puede confirmar que fue informada de la posición del Ministerio de Defensa Nacional de que había rescindido el Acuerdo y CCC actualmente está evaluando sus alternativas legales y comerciales en virtud del Acuerdo”, le señaló la Canadian Commercial Corporation a CAMBIO el 23 de abril.
CAMBIO, que ya reveló en un primer informe las razones que tuvo el Ministerio para terminar con los canadienses, ahora revela los términos que tienen al gobierno canadiense evaluando una posible demanda contra Colombia.
Crédito: Mindefensa.
Una ruptura relacionada con la reducción del presupuesto
Los detalles del desacuerdo entre Colombia y Canadá, y que tendrían al país ad portas de una compleja demanda, se relacionan con diferencias en la aprobación del presupuesto que requería el gobierno canadiense para la construcción del Proyecto Fortaleza. El Ministerio le pidió a la CCC que se apretara el cinturón y no llegó a un acuerdo con el contratista elegido.
La ruptura del Ministerio con la CCC se dio, principalmente, porque el gobierno no quiso aprobar el presupuesto acordado con los canadienses por 1.590.912.266.401 pesos, pidiéndoles, desde el año 2024, que redujeran sus valores a 1.499.550.000.000, es decir, en 91.362 millones de pesos.
La CCC accedió a bajar 59.017 millones de pesos del presupuesto, proponiendo desde septiembre de 2024 que acordaran un valor total de 1.531.895.209.490 pesos. Pero el Ministerio de Defensa no accedió y, el 15 de enero de 2026, tras desacuerdos en sus intentos por llegar a un humo blanco, el comité ejecutivo del contrato decidió terminar unilateralmente el que se había anunciado como el proyecto más ambicioso del sector defensa en las últimas décadas. La terminación se formalizó el 13 de febrero.
Lo grave del asunto es que la ruptura unilateral para el Proyecto Fortaleza se dio en un momento en el que el Ministerio ya había desembolsado 660.912 millones de pesos a una fiducia, por concepto de anticipo, y, en el que la fiducia ya le había girado al gobierno canadiense un fee, o estimado de ganancia del 14%. Según fuentes enteradas, de la fiducia ya se le consignó a los canadienses un valor de 195 mil millones de pesos. Actualmente hay un reclamo en marcha encaminado a la devolución del dinero de la fiducia y de la devolución de los recursos que se consignaron a una cuenta en Canadá.
Un pleito anunciado por decenas de millones de dólares
El 27 de enero, y días antes de que el Ministerio terminara formalmente el contrato, el director de negocios de la CCC Antoni Rizk le envió una extensa carta al secretario general (e) del Ministerio, Giovanni Zapata, en la que básicamente le planteó lo siguiente al gobierno: terminemos por las buenas y amistosamente, páguenos unos costos que consideramos que nos deben y ahórrense una demanda tasada en “decenas de millones de dólares”.
“El MDN está obligado a indemnizar todos los perjuicios causados a la CCC y al Proveedor Principal y que se le puedan seguir generando con el fin de dejarlo en el estado en que hubiera estado de no haberse presentado el grave incumplimiento contractual", advirtió Rizk en una comunicación conocida por CAMBIO.
“Sin embargo, en un espíritu de cooperación y con el propósito de mantener relaciones amistosas entre las Partes, la CCC otorgará al MDN nuevamente la oportunidad de evitar una disputa que prevendrá tensiones innecesarias en una relación larga y exitosa entre las Partes y la indemnización de daños y costos por decenas de millones (USD) a favor de la CCC”, señaló la CCC.
La CCC también aseguró en dicha carta que el Ministerio quiso modificar “intempestiva y extemporáneamente” la modalidad contractual, pasando de un contrato innominado para la prestación de servicios a un contrato de construcción, atribuyéndoles la obligación de proveer las pólizas de seguros sobre los edificios del Proyecto Fortaleza, en calidad de constructor responsable.
Los canadienses también responsabilizaron al Ministerio de incumplir aspectos como la carga tributaria del acuerdo. “De manera sorpresiva, el MDN sostuvo que no va a asumir los impuestos que le corresponden a la CCC”.
Para arreglar por las buenas, la agencia canadiense le ofreció al gobierno colombiano la suscripción de un acuerdo de terminación y transacción, que a la fecha de hoy no ha sido aceptado, y le pidió al Ministerio que le pagara 8.230 millones de pesos discriminados así: 1.578 millones de pesos a la CCC, $ 3.717 millones de pesos a la empresa aliada de la CCC para el Proyecto Fortaleza identificada como 'JVDI' y $ 2.935 millones de pesos por concepto de impuestos.
CAMBIO conoció que el Ministerio no ha aceptado el pago que exige la agencia Canadiense, que advirtió que “en caso de que el MDN opte por no pagar voluntariamente dichos costos y por no suscribir un acuerdo de terminación y transacción, la CCC estará obligada a acudir a los mecanismos de resolución de controversias previstos en el Acuerdo y en el derecho internacional”.
De conductas ilegales al incumplimiento del TLC con Canadá
El pasado 13 de marzo, y a través de la Resolución 2163 de 2026, el Ministerio de Defensa confirmó la terminación unilateral del acuerdo gobierno a gobierno suscrito con la Canadian Commercial Corporation, advirtiendo que los argumentos de la agencia extranjera “carecen de fundamento suficiente para desvirtuar las razones de la terminación unilateral”.
En la mencionada resolución, el Ministerio expresó que espera que “la CCC proceda al reintegro inmediato al Tesoro Nacional de todos los saldos de los recursos girados que no hayan sido ejecutados o comprometidos”.
Ese documento se produjo en respuesta a un recurso que presentó la CCC contra la resolución del 13 de febrero con la que Colombia le notificó la terminación del acuerdo para el Proyecto Fortaleza. El recurso de la CCC, firmado por Antoni Rizk, advierte que el Ministerio de Defensa terminó de manera “ilícita” el acuerdo que suscribió con el gobierno canadiense.
“Un acuerdo gobierno a gobierno, simplemente, no se puede terminar por un acto administrativo de carácter particular. La actuación de esta manera desconoce la reciprocidad, el principio de igualdad entre estados, la soberanía y, a la luz de la ejecución del Acuerdo, los actos propios del MDN”, señaló el ejecutivo.
Rizk afirmó el 27 de febrero que el Ministerio viene “adoptando medidas ilícitas para dilatar y frustrar el cumplimiento del negocio que pactaron” y que, además, actúa en “desconocimiento de sus propios actos, configurando un repudio del Acuerdo y una violación del marco jurídico nacional e internacional aplicable”.
“El MDN está desconociendo las obligaciones internacionales de Colombia, no solo las derivadas del TLC, sino también principios generales del derecho internacional como la buena fe, la confianza legítima, el pacta sunt servanda y la doctrina de los actos propios que le aplican a las partes contratantes”, añadió el vocero de la CCC.
Rizk remató indicando que las “actuaciones arbitrarias” del Ministerio de Defensa comprometen la responsabilidad internacional del Estado colombiano y responsabilizó de gran parte de los actos al exsecretario general Hugo Alejandro Mora, recientemente vinculado en el escándalo de corrupción del contrato de los helicópteros MI-17. “Desvió reiteradamente las discusiones, desconoció los esfuerzos de buena fe y el cumplimiento por parte de CCC”, señalaron sobre Mora.
¿Y los millonarios recursos?
CAMBIO consultó al Ministerio de Defensa sobre qué sigue tras esta delicada controversia contractual entre ambos gobiernos. El teniente Coronel Ricardo Castro Vargas, supervisor del acuerdo con la CCC, expresó que esta agencia supuestamente se comprometió, el pasado 23 de marzo, a reintegrar los millonarios recursos que recibió, por el orden de los 195 mil millones de pesos.
“(...) CCC reintegrará los recursos girados a la cuenta ubicada en Canadá, en cumplimiento de su deber de mitigación de eventuales perjuicios de su contraparte. (...)”, señaló el teniente Castro.
Sin embargo, la devolución de los recursos y del millonario anticipo que fue consignado a una fiducia no ha llegado aún a las cuentas del Ministerio y, por lo que pudo conocer CAMBIO, la agencia del gobierno canadiense evalúa las alternativas jurídicas que adoptará ante la controversia.
La inminente disputa legal entre el Ministerio de Defensa y la Canadian Commercial Corporation, por un contrato que no se ejecutó durante los cuatro años del gobierno de Gustavo Petro, y que hasta ahora ha pasado inadvertida para la opinión pública, resulta preocupante si se tiene en cuenta que, a finales del año pasado, varios funcionarios del Ministerio fueron vinculados por la Fiscalía a la investigación que se adelanta por el entramado de corrupción en el fallido contrato de los helicópteros MI-17, adjudicado a la empresa Vertol Systems.
Las lecciones aprendidas por el fracaso del contrato de los helicópteros, y por el fracaso del contrato para el Proyecto Fortaleza, seguramente serán tenidas en cuenta por el ministro Pedro Sánchez ahora que ha anunciado con vehemencia la próxima adjudicación del millonario contrato para el escudo antidrones.
ana.cuesta@cambiocolombia.com.
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