
Gobierno Petro le pidió a la Fiscalía suspender orden de captura contra Chiquito Malo
A través de una resolución, el Dapre solicitó suspender las órdenes de captura vigentes contra varios integrantes del Clan del Golfo, entre ellos su máximo cabecilla. Todo para facilitar su reubicación en zonas temporales el próximo mes.
Por: Mateo Muñoz
A través de una resolución del pasado 29 de abril, el comisionado de Paz, Otty Patiño, le solicitó a la Fiscalía General de la Nación suspender las órdenes de captura en contra de Jobanis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo, máximo cabecilla del Clan del Golfo. Igualmente, Patiño solicita la misma medida para otros 28 integrantes de ese grupo armado. La justificación: facilitar el traslado de este grupo a la Zona de Ubicación Temporal pactada con el gobierno y que se producirá el próximo 25 de junio.
> “Suspensión de de la ejecución de las órdenes de captura, incluidas las órdenes de captura con fines de extradición”, dice parte de la resolución.
En el documento también se acepta “de buena fe” el listado que entregó ese grupo armado con los otros militantes que se movilizarán el próximo mes. La resolución no habla de Clan del Golfo sino de Ejército Gaitanista de Colombia.
Por Chiquito Malo se ofrecía una recompensa de 4.387 millones de pesos. Asumió el liderazgo tras la captura de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, en octubre de 2021.
¿Qué son las Zonas de Ubicación Temporal?
A través de un decreto de diciembre de 2025, el gobierno Petro creó tres zonas para el traslado de integrantes del Clan del Golfo. Esto producto de los acuerdos alcanzados en el entonces ciclo más reciente de diálogos entre el grupo criminal y la delegación oficial. Estas zonas van a estar vigentes hasta el 31 de diciembre de este año en las zonas rurales de Tierralta (Córdoba) y Unguía y Belén de Bajirá (Chocó).
Entre lo acordado está no suspender el Estado Social de Derecho en las Zonas de Ubicación y brindar medidas de seguridad humana para los integrantes del grupo criminal. Además, se pactó otorgar seguridad jurídica a través de la supensión de las órdenes de captura.
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