Las medallas intactas: el decreto que buscaba sancionar a militares condenados por 'falsos positivos' quedó detenido en Presidencia
Un proyecto de decreto impulsado por el Ministerio de Defensa para retirar las medallas entregadas a ocho militares condenados por la JEP por falsos positivos fue devuelto por la Secretaría Jurídica de la Presidencia. La decisión dejó en suspenso una medida simbólica sobre uno de los capítulos más graves de la guerra.
“Me avergüenza enormemente reconocer que, durante los años 2002 y 2003, tiempo en que hice parte del Batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’, operó una estructura criminal encabezada y liderada por el entonces comandante del batallón Publio Hernán Mejía. Presté mi grado, facilité mi jerarquía y desvié por completo las funciones de mi cargo para revestir con una falsa legalidad estos crímenes horrendos que se venían cometiendo en coordinación con estructuras criminales de Cesar y sur de La Guajira".
El 18 de julio de 2022, en acto público en Valledupar, el coronel en retiro del Ejército Nacional Heber Gómez Naranjo aceptó en público haber dejado de lado todo “principio y valor” para hacer parte de un engranaje que ejecutó vilmente a más de 130 civiles para presentarlos, con bombos y platillos, como resultados operacionales legítimos, sin serlo. Naranjo es uno de los 12 militares condenados por la Jurisdicción Especial para la Paz, que en septiembre de 2025 emitió su primera sentencia por los ‘falsos positivos’ de ese batallón.
Esa sentencia exhortó al Ministerio de Defensa para que les fueran revocadas las condecoraciones o felicitaciones que los militares involucrados recibieron como directa consecuencia de los crímenes. Esa medida tiene un trasfondo claro: ya la justicia ordinaria y la transicional probó, en detalle, que los militares que reportaban ‘positivos’ a toda costa, recibían desde permisos, beneficios como un arroz chino para compartir, hasta felicitaciones, condecoraciones y medallas. Así lo han admitido los militares sometidos a la JEP.
CAMBIO conoció que el Ministerio de Defensa tiene listo el borrador del documento que declara la pérdida del derecho al uso de unas condecoraciones militares otorgadas a los mayores (r) Heber Hernán Gómez Naranjo y Guillermo Gutiérrez Riveros; al teniente (r) Carlos Andrés Lora; al sargento primero (r) Manuel Valentín Padilla; al sargento primero (r) Efraín Andrade Perea; al sargento segundo José Rueda Quintero; así como a los soldados profesionales Alex José Mercado y Yeros Andrés Gómez.
Lora, por ejemplo, recibió en 2003 la condecoración ‘Servicios distinguidos de Orden Público’ y en 2004 la Orden del Mérito Militar ‘Antonio Nariño’; mientras que Gómez Naranjo obtuvo la Orden del Mérito Militar ‘José María Córdova’ en 2002 y la Antonio Nariño en categoría ‘Oficial’ en 2005. Un decreto de 2015 señala que los militares pueden pedir el derecho del uso de las condecoraciones, estén activos o retirados, si fueron condenados por delitos dolosos o retirados de la fuerza por conductas indebidas o como consecuencia de una investigación penal o disciplinaria.
El borrador del decreto del Ministerio se aferra tanto a esa norma como a la propia Constitución —que en su artículo 122 obliga al Estado a garantizar la no repetición de la violencia y a cumplir el acuerdo de paz— para sostener una tesis políticamente explosiva: que los militares que admitieron responsabilidad ante la JEP no deberían conservar las medallas con las que el Estado alguna vez los condecoró. Es más, el documento detalla que la Corte Constitucional ya estableció que el Estado no puede mantener beneficios o distinciones a quienes han usado sus cargos para vulnerar derechos humanos; y detalla tanto las leyes que regulan el funcionamiento de la JEP, así como la sentencia que en primera instancia condenó a 12 militares que integraron el batallón La Popa entre 2002 y 2005.
El decreto en borrador dice que, si bien se trata de una sentencia transicional (elemento que no está contemplado en el decreto de 2015, que no ha sido actualizado), es claro que “el reconocimiento de responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad activa la causal de indignidad prevista en el reglamento militar, pues desvirtúa de manera sobreviniente los fundamentos de honor y virtudes militares que motivaron los actos administrativos de otorgamiento original”.
Si bien la Sentencia TP-SeRVR-RC-ST- N°002 impone una sanción propia en el marco de la justicia transicional, el reconocimiento de responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad activa la causal de indignidad prevista en el reglamento militar, pues desvirtúa de manera sobreviniente los fundamentos de honor y virtudes militares que motivaron los actos administrativos de otorgamiento original: borrador del decreto de Mindefensa.
Además, el documento insiste en que, atendiendo los exhortos de la JEP, el reconocimiento de los crímenes y el deber de garantizar la no repetición, el Ministerio puso en marcha los trámites para despojar de sus medallas a los militares involucrados. Ese decreto está listo para ser firmado por el ministro Pedro Sánchez y fue enviado a la Presidencia para su revisión. Pero la respuesta de la Secretaría Jurídica de la Casa de Nariño sorprendió en la cartera.
La negativa de Presidencia: una lectura restrictiva de las reglas de juego
El documento de cinco páginas firmado el 8 de mayo pasado y conocido en exclusiva por CAMBIO dice, en palabras sencillas, que hay que seguir al pie de la letra el Decreto Único Reglamentario del Sector Defensa que de manera expresa dice que las medallas sí se pueden retirar si el personal militar es condenado por la Justicia Penal Militar o por la Justicia Ordinaria.
Es decir, como el decreto es de 2015 y no se ha actualizado al contexto del acuerdo de paz, no pueden considerarse las sentencias de la justicia de paz para retirar las medallas. Así, para la Presidencia, retirar las medallas exige que el personal militar haya sido condenado por la justicia ordinaria o la penal militar, o que exista evidencia de que su salida de la fuerza obedeció a “conductas indebidas”.
La respuesta firmada por Rubén Darío Calderón Jaramillo, asesor de la Secretaría Jurídica, dice que de la lectura del artículo 122 de la Constitución, a su juicio, “no se desprende” el deber de retirar medallas. Además, estima que el exhorto que hizo la JEP es solo un “llamamiento o apremio que se hace a una autoridad determinada y no puede confundirse con una orden judicial, aspecto que no se ha acreditado hasta el momento por el Ministerio de Defensa Nacional allegando la decisión judicial que así lo ordene”.
La figura del exhorto debe entenderse como un llamamiento o apremio que se hace a una autoridad determinada y no puede confundirse con una orden judicial, aspecto que no se ha acreditado hasta el momento por el Ministerio de Defensa Nacional allegando la decisión judicial que así lo ordene: Secretaría Jurídica de Presidencia
Fuentes conocedoras del tema le advirtieron a CAMBIO que esta lectura de la norma de la Presidencia es restrictiva y que no protege lo que realmente deberían significar las medallas militares, al tiempo que desconoce el propio reconocimiento de los crímenes. Además, plantea un problema de fondo que ya se ha advertido en otros casos: ¿se debe reformar el decreto de 2015 y actualizado al contexto del acuerdo de paz? Abogados consultados estiman que sí, ya que en este momento, un tecnicismo -que el decreto no contemple la justicia transicional- está impidiendo la materialización de los derechos de las víctimas y las medidas de no repetición.
El proceso que esta vez puso en marcha el Ministerio de Defensa contrasta con la misma respuesta que esa cartera le ha dado al caso del general del Ejército Nacional Henry William Torres Escalante, quien aceptó 316 ejecuciones extrajudiciales ante la JEP. Torres incluso pidió entregar sus medallas como medida de reparación, pero las víctimas consideran que esto debe ser un castigo, que las medallas deben ser retiradas y no solo entregadas.
Por eso, el abogado José Hilario López inició un proceso que ya ha incluido varios fallos de tutela y en diciembre de 2025, como reveló CAMBIO, el ministerio contestó que el decreto que le entregó la medalla a Torres solo puede ser revocado cuando se evidencie que es contrario a la Constitución y a la ley y que no hay prueba de que el mismo vaya en contravía o atente contra el interés público o social y que esté causando agravio injustificado a alguna persona. Además, indicó que Torres no ha sido condenado por la justicia ordinaria o la penal militar, dejando por fuera todo el proceso que ha adelantado la JEP.
CAMBIO estableció que esta misma negativa se presentó en el caso de un borrador de decreto que retiraba condecoraciones a militares que reconocieron responsabilidad en la Brigada XVI.
Hasta el momento, se desconoce si el presidente Gustavo Petro directamente conoce de esta situación que sucede a pocos metros de su despacho. LLa Secretaría Jurídica le reiteró al Ministerio de Defensa que sigue a la espera de los soportes administrativos necesarios para destrabar la firma del decreto. El pulso, en apariencia burocrático, expone una tensión más profunda: la colisión entre la intención de Defensa, los exhortos de la JEP, el mandato de adoptar medidas de no repetición y las viejas reglas de honor que aún gobiernan al sector militar. ¿Cómo se resolverá esta evidente contradicción?
Por ahora, lo cierto es que la sangre de por lo menos 7.837 víctimas inocentes, asesinadas en todo el país por diferentes unidades militares, fue ocultada por años y encarnada en medallas. Son condecoraciones que se entregaro a personas que reclutaron y asesinaron civiles, incluso con ayuda de paramilitares, en el marco de una exigencia por resultados. El valor de esas medallas no es menor, y el hecho de que cada vez sean más los pedidos al respecto tiene una lógica.
La exposición
De hecho, la semana pasada la JEP acompañó la inauguración en Granada, Antioquia, del Salón del Nunca Más de la exposición ‘Renunciar al silencio y a la negación’, que reúne 30 medallas entregadas a antiguos integrantes del Batallón de Artillería No. 4 ‘Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez’ (BAJES), adscrito a la IV Brigada del Ejército, recibidas como reconocimiento a resultados operacionales que en realidad eran falsas bajas en combate.
Esas medallas fueron entregadas por los militares como un acto de reparación simbólica dentro de las audiencias públicas de reconocimiento de verdad y responsabilidad, así como en otros espacios restaurativos que adelanta la JEP. Esa justicia documentó que, entre 2002 y 2007, integrantes de la fuerza pública asesinaron al menos a 589 personas en Antioquia y las presentaron falsamente como bajas en combate. De estas víctimas, 228 fueron desaparecidas forzosamente. De los 50 máximos responsables imputados, 42 reconocieron su responsabilidad.
El magistrado Carlos Suárez de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas dijo en la apertura de la exposición: "Este lugar habla de la dignidad: de quienes decidieron que el silencio no tuviera la última palabra. La entrega de las medallas en los contextos de procesos judiciales restaurativos transforma símbolos relacionados con el dolor y los pone en el contexto de la memoria, de la dignificación de las víctimas"
Lea los comentarios
