¿Por qué la Superintendencia Financiera abrió investigación por el traslado de recursos pensionales de fondos privados a Colpensiones?
La entidad anunció el inicio de pesquisas por el traslado de 8,7 billones de pesos correspondientes a 32.803 afiliados que ya consolidaron su derecho pensional. La medida se produce días después de que el Consejo de Estado suspendiera el decreto que ordenaba esas transferencias.
Por: Juan David Cano
La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) anunció el inicio de investigaciones sobre el traslado de recursos desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a Colpensiones. La medida llega en medio del pulso institucional entre el Gobierno y el Consejo de Estado por el decreto 415 de 2026, suspendido por el alto tribunal el pasado 11 de mayo.
La entidad reconoce expresamente que la razón por la que se iniciaron las pesquisas es por atender “las indicaciones del señor presidente de la república”, lo que vincula directamente la decisión administrativa con las declaraciones públicas hechas por Gustavo Petro el 12 de mayo, en las que anunció acciones contra los fondos privados y los magistrados que respaldaron la suspensión del decreto.
“El pueblo de Colombia debe pedir protección por sus derechos fundamentales, primero a la Corte Constitucional y a la justicia del mundo si intentan socavarlos por defender bandidos que se quieren quedar con el ahorro del pueblo trabajador. He citado al superintendente financiero, de acuerdo a mis funciones constitucionales, para que se inicie la investigación respectiva”, fueron las palabras de Petro en su momento.
¿Qué va a investigar la Superfinanciera?
Según explicó la Superintendencia, las investigaciones se centran en el traslado de recursos de los afiliados que aplicaron la oportunidad de traslado del régimen privado al de prima media y que ya consolidaron su derecho pensional. Es decir, se enfoca en el grupo de personas que ya están recibiendo o tienen derecho a recibir una mesada pensional por parte de Colpensiones.
El monto total bajo investigación asciende a 8,7 billones de pesos y corresponde a 32.803 afiliados que ya consolidaron su derecho pensional. De ese universo, 24.331 personas ya están recibiendo su mesada por parte de Colpensiones, según las cifras entregadas por la SFC.
La entidad indicó que las pesquisas permitirán “tomar las decisiones que legalmente correspondan para proteger los derechos de los consumidores financieros y velar por la estabilidad del sistema financiero colombiano”.
Sin embargo, el comunicado no detalla qué tipo de sanciones o medidas podrían derivarse del proceso.
Un decreto suspendido y un choque entre poderes
Lo que tampoco explica la Superintendencia es cómo esperan pasar por encima de la decisión del Consejo de Estado. El marco jurídico de la actuación es el decreto 415 de 2026, expedido por el Gobierno el 20 de abril, que ordenaba a las AFP transferir a Colpensiones los recursos de los afiliados que se acogieron a la oportunidad de traslado prevista en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, la reforma pensional.
Esa norma, sin embargo, está suspendida. El Consejo de Estado, a través del despacho del magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar, dictó dos autos: el primero, que suspendió parcialmente el decreto, y el segundo, que extendió la suspensión a la totalidad de la norma.
El tribunal consideró que el Gobierno excedió sus límites reglamentarios al ordenar el traslado de los recursos por la vía del decreto, pues el parágrafo del artículo 76 de la Ley 2381 establece que los valores de las cuentas de ahorro individual deben permanecer en las AFP hasta que se consolide la pensión.
La propia Superfinanciera lo reconoce en su comunicado que el decreto 415 “se encuentra suspendido por los autos del 28 de abril y del 11 de mayo de 2026, proferidos por el Consejo de Estado”.
Crédito: Colprensa.
Pero quien no ha tomado nada bien la decisión es el presidente Petro, que pidió denunciar penalmente por prevaricato al magistrado ponente, calificó la decisión como un golpe de Estado contra el pueblo constituyente y vinculó el fallo con intereses del sector financiero.
“El Consejo de Estado acaba con el derecho a la pensión y eso no debe ser permitido por el pueblo trabajador. La Constitución de 1991 floreció en derechos para la gente. Un poder constituido como el Consejo de Estado no tiene ninguna legitimidad en anular los derechos de la gente que trabaja. Esa es una decisión inconstitucional y es un golpe de Estado contra el pueblo constituyente y soberano", dijo.
El 13 de mayo, durante una visita oficial a Timbío (Cauca), Petro anunció que una delegación de la Superintendencia Financiera se reuniría con los fondos privados para gestionar el giro de los ahorros. La apertura de las investigaciones, anunciada ese mismo día, es consecuencia de ese anuncio.
Ante esto, el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, se pronunció: “La administración de pensiones es una actividad permitida por la Constitución y la ley, regulada y vigilada por el Estado colombiano. Como siempre, las administradoras colaboraremos con las instituciones en cualquier diligencia que se requiera, cumpliendo nuestros deberes de acuerdo con la Constitución, la ley y la regulación”.
Lo que sigue en el pulso entre la Rama Judicial y Petro
La apertura de investigaciones por parte de la Superfinanciera abre un nuevo frente en la disputa, esta vez por la vía administrativa, mientras siguen pendientes los recursos de súplica interpuestos por Colpensiones, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Hacienda contra el auto del 28 de abril que suspendió el decreto del traslado.
También está pendiente el pronunciamiento de fondo del Consejo de Estado sobre la legalidad del decreto y la decisión de la Corte Constitucional sobre la exequibilidad de la Ley 2381 de 2024, suspendida en su mayor parte mediante el auto 841 de 2025.
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