Abelardo y De la Espriella Lawyers: la delgada línea entre la empresa y el presidente electo
La llegada del empresario Abelardo de la Espriella a la Casa de Nariño abrió un debate sobre las posibles tensiones y desafíos que podrían presentarse en su Presidencia, por las numerosas causas públicas en las que interviene el bufete de abogados que lleva su apellido. ¿Qué dicen los expertos?
Por: Ana María Cuesta
¿Cómo actuará un servidor público cuando deba resolver un asunto con el membrete de la oficina jurídica que fundó el presidente de la República electo, Abelardo de la Espriella, oficina con la que además se hizo famoso? La pregunta parece sencilla, pero ha despertado un intenso debate entre expertos que plantean desafíos para el futuro ejercicio de gobierno del Tigre y el funcionamiento de su bufete.
Desde la vigencia de la Constitución de 1991, Colombia ha sido gobernada por siete presidentes que, previo a su aterrizaje en la Casa de Nariño, tuvieron un reconocimiento público más ligado a su trayectoria previa en la política que a una actividad empresarial de alto perfil.
Y aunque se supo que Álvaro Uribe tuvo actividad agropecuaria y ganadera y que Juan Manuel Santos y Andrés Pastrana fueron propietarios de medios de comunicación, en su momento estos casos no generaron las inquietudes que hoy produce la llegada del penalista, que lleva dos décadas en el ojo público por haber defendido miles de clientes —según él mismo declaró—, que contribuyeron a consolidar el patrimonio que hoy muestra en sus redes sociales.
Con las ganancias de De La Espriella Lawyers y sus millonarios clientes, entre los que destacaron en el pasado David Murcia y Alex Saab, el hoy presidente electo fue constituyendo otras empresas y sociedades en otro tipo de sectores, como el inmobiliario, el ganadero, el de la producción de licores, la gastronomía y la moda. Esa diversificación que, a lo mejor, lo empujó a dejar el derecho, y hasta a incursionar como cantante.
El espejo de Trump
Sin que medie la comparación con ningún expresidente colombiano, a De la Espriella se le ubica frente al espejo en el que suele mirarse Donald Trump: un empresario que irrumpió en la política como un outsider, convirtió su apellido en una marca y llegó dos veces a la Casa Blanca tras una trayectoria construida alrededor de sus negocios
En el primer mandato de Trump, especialmente, se presentaron tensiones institucionales por posibles conflictos de interés relacionados con su conglomerado empresarial. En 2017, los fiscales generales de Maryland y del Distrito de Columbia demandaron a Trump por supuestamente afectar la confianza pública y una disposición constitucional al negarse a vender su participación en varios de sus negocios. El caso se archivó en 2021 por falta de legitimación.
En Colombia, no hay una norma que obligue a los presidentes de la República a vender o a renunciar a su participación en empresas. Pero el régimen de incompatibilidades y conflictos de intereses los lleva a que se distancien formalmente, al menos durante su periodo de gobierno, del control que ejercen sobre sus firmas.
“El presidente no puede, ya como incompatibilidad, es decir, después de la posesión, ejercer profesiones, ejercer el comercio, celebrar contratos estatales, ocupar cargos públicos o privados. Eso es así. De modo que el que vaya a tomar posesión de presidente debe renunciar a controlar empresas, ejercer comercio, ejercer como abogado, médico, entre otros”, señaló el exconsejero de Estado Hugo Bastidas.
“Los presidentes de la República a veces renuncian a su participación a alguna empresa o sociedad de la cual sean socios o accionistas, precisamente para evitar problemas o suspicacias. Y para no bloquear el funcionamiento de las empresas mismas. Pero que haya una norma legal que los obligue a hacerlo, no la hay “, añadió el exconsejero Carlos Zambrano.
“Al igual que los demás servidores públicos, el presidente debe dedicar su actividad al ejercicio de sus funciones constitucionales y legales de tiempo completo. En consecuencia, no puede desempeñarse simultáneamente como representante legal, gerente, administrador, miembro de juntas directivas u ocupar otros cargos de dirección o administración en sociedades privadas mientras permanezca en el ejercicio de la Presidencia”, añadió el decano de la facultad de derecho de la Universidad Libre, Kenneth Burbano.
Pero capítulo aparte merece la firma de abogados De La Espriella Lawyers, un bufete fundado por el ‘Tigre’ en 2003 y en la que hoy ostenta el 45.5 por ciento de sus acciones. Está por verse de qué manera actuará el gobierno con el bufete que podría, eventualmente, y como ocurre con otras empresas, recibir contratos de su administración.
De La Espriella Lawyers
El presidente electo Abelardo De La Espriella anunció en una entrevista con el director de Noticias RCN que renunciaría a su participación en el bufete, que este año suscribió dos contratos con la Alcaldía de Barranquilla y con la Gobernación del Atlántico, que finalizaban por estos días.
“Ya yo no estoy en ningún proceso, me retiré hace cinco años del ejercicio, y por supuesto me toca salir de la firma, que es lo que corresponde, aunque la firma no tiene negocios con el Estado ni es contratista”, señaló en la entrevista, previo a su victoria electoral.
De La Espriella Lawyers ocupó el puesto 23 dentro de las 100 firmas de abogados que más facturaron en el país en el año 2025, generando ingresos por $17.183 millones de pesos, según reportó La República. Se trata de un bufete que se hizo famoso en los medios por disputas de carácter penal, pero también ofrece servicios en asuntos públicos, corporativos, regulatorios, electorales, de propiedad intelectual, en arbitrajes, en derecho laboral y otras áreas.
“Ninguna norma en nuestra Constitución política prohíbe que el presidente sea accionista de una sociedad o de una empresa. Lo que ocurre es que aquí se trata de una empresa que eventualmente va a tener litigios o contratos con el Estado, por lo que sí es muy importante que haya una separación definitiva de nuestro presidente frente a lo que es su emprendimiento y su empresa”, señaló el penalista Francisco Bernate.
El penalista Iván Cancino, uno de los más fuertes promotores de la aspiración presidencial de De la Espriella, indicó que "estoy absolutamente seguro de que Abelardo se va a desligar por completo de los negocios personales; seguramente los delegará, no influenciará para nada en favorecer a nadie o nada con los que haya tenido contacto, y será muy respetuoso de la ley, como lo ha sido siempre”.
El exfiscal general de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, habló de su historia profesional para explicar a la frontera entre la función pública y el litigio. “Yo mismo fui procurador general, fui fiscal general. Había ejercido la profesión de abogado penalista por mucho tiempo. Pero la frontera es que como funcionario público, quien haya ejercido la profesión, es clarísimo que no puede participar en ninguna decisión que tenga que ver con personas a quienes haya asesorado o a quienes haya apoderado, o cuyos intereses haya agendado”.
Para Ana María Rodríguez, directora de la Comisión Colombiana de Juristas, De La Espriella también deberá declarar públicamente sus intereses patrimoniales y eventuales conflictos, y adoptar una separación económica real, a través de una venta, fiducia independiente o mecanismo equivalente, si conserva beneficios derivados de la firma.
“En derecho constitucional colombiano, el problema no es el origen profesional del candidato, sino el riesgo de que sus antiguos vínculos profesionales o patrimoniales afecten la imparcialidad, la moralidad administrativa o la confianza pública”, dijo Rodríguez.
“Ahí también sería buena la activación de un protocolo público de recusaciones e impedimentos para identificar a exclientes, causas patrocinadas por su firma y asuntos relacionados. La transparencia en esta etapa temprana podría reducir los riesgos de cuestionamientos o de desconfianza ciudadana”, puntualizó la abogada tributarista Katherin Díaz Velilla.
¿Una firma sin el apellido?
¿Y si un ciudadano se enfrenta en un estrado judicial con una contraparte que actúe en nombre de De La Espriella Lawyers, después de la posesión presidencial del 7 de agosto?
Esta es una pregunta que algunos colombianos se hacen ante la simbiosis entre los poderes públicos y la posibilidad de que una de las firmas más poderosas del país continúe creciendo bajo el guiño del inquilino de la Casa de Nariño.
El bufete de Abelardo De La Espriella no está obligado, legalmente, a suprimir su apellido, pues se trata de una empresa constituida así y de una marca. No obstante, algunos juristas advierten inconvenientes si se insiste en litigar bajo la sombra del nombre de su fundador.
“La discusión no se limita a que el presidente se aparte formalmente de la administración de su firma. También cabe preguntarse si resulta conveniente que una organización privada continúe operando bajo el apellido de quien ejerce la más alta magistratura del Estado. Aun cuando no exista ninguna intervención indebida, la coincidencia entre la marca de la firma y el nombre del presidente puede generar percepciones de influencia, acceso privilegiado o cercanía al poder”, expresó el penalista David Teleki.
“Sí puede ser problemático desde la moralidad administrativa y la confianza pública si el nombre del presidente se convierte en una ventaja comercial para la firma, especialmente si él conserva participación económica en ella. Por eso, más que una obligación estrictamente legal, el cambio o suspensión del uso del nombre del presidente entrante podría ser una medida prudente para evitar posibles favorecimientos”, añadió Ana María Rodríguez.
Luis Guillermo Pérez, abogado del Pacto Histórico, añadió que la asociación del apellido del presidente con su Presidencia “podría generar percepciones de acceso privilegiado, favoritismo o puerta giratoria”.
“Casos de la firma contra el Estado o en temas sensibles podrían generar conflictos permanentes. Aunque él no litigue personalmente, el beneficio económico indirecto y el prestigio de la firma siguen vinculados a su figura. Esto no significa que sea imposible manejarlo, pero requiere una separación clara y transparente desde el primer día”, agregó Pérez.
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Sin importar cual sea la determinación de Abelardo De La Espriella con sus empresas, en lo que concierne al bufete de abogados deberán revisarse, caso por caso, conflictos de interés por temas ya consolidados y conflictos potenciales o aparentes.
"Si la Presidencia tuviera que pronunciarse sobre algún tema vinculado con causas que él llevó o que promovió su firma, el riesgo no es solo por decisiones judiciales directas, que no le corresponden al ejecutivo, sino también por decisiones administrativas, reglamentarias, de designación de presupuesto, de designación del impulso institucional, o de la política pública, que pueda favorecer o perjudicar esos intereses de sus antiguos clientes", anotó Katherin Díaz.
La transparencia con la divulgación pública de todos los clientes que le pagaron millones de pesos para ganar un caso o defender una causa es lo que muchos esperan del nuevo presidente de los colombianos, como un acto a motu proprio.
¿Abelardo tendrá lealtad con sus antiguos clientes, por la garantía del secreto profesional, o hará públicas las controversias que enfrenta su firma jurídica con el Estado para despejar dudas sobre eventuales conflictos de interés?
ana.cuesta@cambiocolombia.com
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