Abelardo y la CIDH: el lío detrás de sugerir la salida de Colombia del Sistema Interamericano

La justicia no llegó a nivel interno sino sólo cuando sus familias acudieron al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En diciembre de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado colombiano por la desaparición forzada de los jóvenes, por la falta de investigación de los hechos y judicialización de los responsables, así como por las amenazas y el acoso que vivieron los y las familiares y por no haber hecho una búsqueda pronta.

Este jueves 18 de junio, el Estado finalmente pedirá perdón: un acto de justicia para las víctimas que incluso tuvieron que exiliarse en medio de su lucha por la verdad. Este caso es apenas uno de los miles que se han litigado ante el Sistema Interamericano. Según la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a la fecha hay 1.331 casos que están en fase de admisibilidad o que ya tienen informe de fondo, así como otros 34 en los cuales hubo un acuerdo de solución amistosa y cuatro más en juicio en la Corte IDH.

Son datos relevantes de un mecanismo internacional al que Colombia se acogió en 1972 al ratificar el Pacto de San José, que es la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH). Datos que toman aún más relevancia cuando, en medio de la campaña electoral, el candidato de la ultraderecha Abelardo de la Espriella sugirió revisar la participación del Estado en el sistema. En una entrevista con Semana, el candidato presidencial dijo que la ONU y la OEA “son directorios políticos de la izquierda que no han servido para nada”.

En una campaña en la que las posiciones ideológicas se han mezclado con las propuestas concretas, la posición de De la Espriella —que además ha reiterado por años— ha despertado polémica por sus implicaciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se convirtió en un escenario en el que, por años, las organizaciones de víctimas acudieron ante la completa impunidad de sus casos en la justicia interna. El procedimiento, además, toma mucho tiempo: se acude a la CIDH primero que, si lo estima, admite los casos y luego emite un informe de fondo con recomendaciones para el Estado. Si no se cumplen, la Comisión puede remitir el caso a juzgamiento en la Corte IDH lo que implica, a la larga, una condena internacional.

La Corte IDH ha condenado al Estado colombiano por las masacres de Mapiripán, Pueblo Bello e Ituango (El Aro y La Granja); por la masacre de La Rochela; por el exterminio de los integrantes de la Unión Patriótica; por las desapariciones forzadas perpetradas durante la toma y retoma del Palacio de Justicia; y por la destitución de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá. La CIDH ha dictado medidas de protecciones a cientos de líderes y a comunidades enteras. Y es la Convención Americana la que dice que toda persona condenada por primera vez (así sea en única instancia) tiene derecho a que esa sentencia sea revisada, que fue la puerta que le abrió al exministro Andrés Felipe Arias la posibilidad de revisar su condena de 17 años de prisión (que luego fue confirmada).

La vigencia del Estado colombiano en el Sistema Interamericano, entonces, no es una nimiedad. Las cifras indican, además, que las víctimas siguen acudiendo a él. En 2020 hubo 124 nuevas peticiones, en 2021 hubo 79, en 2022 la cifra subió a 179, en 2023 aumentó a 253 y en 2024 huevo 265 demandas nuevas. En 2025 hubo 144 y en el primer trimestre de 2025 van 33 casos. 

La inconveniencia de "salirse" de la CADH

Para un exmagistrado del Consejo de Estado consultado por CAMBIO, la sola posibilidad de “revisar” o “salirse” de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la CADH es un “acto de irresponsabilidad con el país. El fin de la protección efectiva a los derechos humanos y un aislamiento como sociedad”.

La inconveniencia es remarcada por exmagistrados de la Corte Constitucional, que resaltan el avance en materia de derechos y garantías judiciales en Colombia, precisamente por la aplicación de la Convención. Incluso, se puso de presente que la oposición, en el Gobierno de Gustavo Petro, acudió múltiples veces a la CIDH a denunciar amenazas contra dirigentes políticos como a la excandidata presidencial Paloma Valencia.

Silvia Serrano, abogada experta en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, co-directora del Centro para la Salud y los Derechos Humanos del Instituto O’Neill de la Universidad de Georgetown, le dijo a CAMBIO que, “sin excepción, estas propuestas de “salirse” siempre provienen de líderes populistas y autoritarios a quienes les resultan incómodas dos características de las organizaciones multilaterales: la garantía colectiva de la democracia y el Estado de derecho, y la supervisión del cumplimiento de los derechos humanos”.

“No sorprende que un candidato que no ha parado de amenazar con propuestas violatorias de derechos humanos, con un discurso violento que llama a “destripar” a quien piensa distinto a él y que admira a (Benjamín) Netanyahu y (Nayib) Bukele, quiera quitarse de encima los controles de los organismos internacionales de derechos humanos”, añadió.

Su argumento reside en que el sistema le ha permitido acceder a la reparación a miles de víctimas de violaciones de derechos humanos que no han encontrado respuesta en la justicia colombiana. También ha actuado preventivamente salvando miles de vidas mediante los mecanismos de protección como las medidas cautelares.

“La CIDH y la Corte IDH han sido fundamentales para construir la verdad y la memoria histórica. Precisamente por eso es que molesta a autoritarios y populistas tanto de derecha como de izquierda. Le molestó a Chávez, a Maduro y a Ortega, tanto como a Fujimori y ahora a Bukele”, explicó.

El debate sobre el mecanismo

Ahora, “salirse” de la CADH es otro asunto. Una cosa es salirse de todo el sistema interamericano, lo que implicaría dejar de ser parte de la Organización de Estados Americanos (OEA). Serrano explica que esto requeriría que el Estado de Colombia denuncie la Carta de OEA. “Este acto solo puede tener efectos dos años después de la denuncia y, en todo caso, Colombia sigue obligado a cumplir todas las obligaciones generadas durante la vigencia del tratado”.

Por su parte, “salirse de la Convención Americana” también tiene un mecanismo: dar un preaviso un año antes y denunciar el tratado. En el entre tanto, Colombia también seguiría obligada a cumplir todas las obligaciones adquiridas durante la vigencia del tratado. 

¿En donde hay diferencias? En la forma. Para Serrano, si bien el presidente está a cargo de las relaciones internacionales y podría denunciar los tratados, hay un debate jurídico sobre si debe haber un paso previo por el Congreso.

“En todo caso, tratándose de los tratados de derechos humanos no hay duda de que el poder ejecutivo tiene límites constitucionales claros porque al ser parte del bloque de constitucionalidad, denunciar este tipo de tratados implicaría reformar la Constitución, lo que claramente excede las potestades del presidente”, dijo.

Ahora, no todo el mundo está de acuerdo. Exmagistrados consultados por CAMBIO coincidieron en que el asunto es problemático pero que, en principio, el presidente sí puede hacerlo como director de las relaciones internacionales sin tener que ir al Congreso. Esa acción debería quedar registrada en un acto administrativo que sería demandable ante el Consejo de Estado. Otros estiman que podría ser una acción unilateral del jefe de Estado pero que la ley aprobatoria del tratado de 1972 seguiría vigente.

Antecedentes sí hay, pero en contextos diferentes. Por ejemplo, Juan Manuel Santos anunció el retiro de Colombia del Pacto de Bogotá el 28 de noviembre de 2012, pero luego de que la Corte Internacional de Justicia redefinió los límites del mar Caribe. Esto implicó dejar de reconocer la obligatoriedad de la corte de La Haya y la decisión entró en vigor un año después del aviso ante la OEA. Se trata de un escenario diferente al actual, en el que Colombia litiga activamente, sin poner en duda la legitimidad del sistema.