Primicia: Gobierno Petro da por perdido el Ministerio de la Igualdad y pone en marcha plan de contingencia

El Gobierno de Gustavo Petro comenzó a mover las piezas para uno de los cambios institucionales más sensibles de la recta final de su administración. CAMBIO conoció que el presidente instruyó, a través de un documento, a varios ministerios y entidades del Estado para diseñar e implementar, en cuestión de días, una estrategia que garantice la continuidad de las políticas públicas que hoy están bajo la órbita del agonizante Ministerio de Igualdad y Equidad.

El documento no solo insiste en la necesidad de preservar los programas destinados a poblaciones históricamente discriminadas, también deja entrever una realidad política que la Casa de Nariño parece ya haber asumido: el proyecto que de ley buscaba revivir legalmente el Ministerio no ha logrado avanzar en el Congreso y la desaparición de la entidad se acerca. 

"Pese a los esfuerzos adelantados por el Gobierno nacional para promover su discusión y aprobación del proyecto de ley y en tal medida crear nuevamente el Ministerio de Igualdad y Equidad, el proyecto no ha contado con el impulso y voluntad legislativa necesaria para culminar oportunamente su trámite", dice parte de la directiva presidencial.

La decisión tiene origen en la Sentencia C-161 de 2024 de la Corte Constitucional. En ese fallo, el alto tribunal declaró inexequible la Ley 2281 de 2023, norma mediante la cual fue creado la cartera impulsada y liderada en ese momento por la vicepresidenta Francia Márquez. Sin embargo, la Corte difirió los efectos de la decisión durante dos años para evitar traumatismos administrativos y permitir que el Gobierno y el Congreso encontraran una salida institucional.

El problema es que ese plazo está próximo a vencer y las sesiones ordinarias del Conreso terminan el próximo 20 de junio. Además, el articulado todavía necesita ser debatido y aprobado por el Congreso en pleno para sobrevivir en un momento donde los legisladores están enfocados en la elección presidencial. 

Aunque en el gobierno Petro barajó la posibilidad de pedirle una prórroga a la Corte Constitucional, con esta directiva se confirma que no se insistirá, por ahora, en mantener al Ministerio de Igualdad.

Se acabó el tiempo

Contrario a las numerables críticas que hizo en público, en la directiva, el presidente Petro reivindica el papel que desempeñó el ministerio desde su creación. El documento sostiene que la entidad representó un avance en el reconocimiento y la garantía de derechos para sectores históricamente excluidos, al tiempo que permitió concentrar y articular programas sociales dispersos en distintas dependencias del Estado.

El texto representa una despedida amable y compasiva del Ministerio de Igualdad catalogándolo como una herramienta para materializar el principio constitucional de igualdad real y efectiva. Por eso, la directiva insiste en la necesidad de evitar que los avances alcanzados se pierdan en medio de la transición institucional.

Por ello, el Ejecutivo se enfrenta a una carrera contra el tiempo para redistribuir funciones, competencias y programas sin afectar la prestación de servicios ni la ejecución de políticas públicas.

La directiva presidencial distribuye responsabilidades entre varias entidades. El Ministerio del Interior, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Justicia, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el Departamento Administrativo de la Función Pública deberán elaborar y culminar los proyectos normativos necesarios para implementar las medidas de reorganización.

En la práctica, esto significa diseñar la arquitectura administrativa que reemplazará al Ministerio de Igualdad una vez desaparezca del ordenamiento jurídico. Aunque el documento no detalla cuáles funciones serán trasladadas a cada entidad, sí establece que los decretos y actos administrativos correspondientes deberán tramitarse con carácter prioritario.

El Departamento Administrativo de la Función Pública tendrá un papel central. La entidad deberá emitir conceptos técnicos relacionados con empleo público, organización administrativa, gestión institucional y racionalización de trámites. En otras palabras, será la encargada de orientar cómo se redistribuirán cargos, competencias y responsabilidades dentro del aparato estatal. 

Precisamente, uno de los apartados más sensibles del documento es el relacionado con los trabajadores de la entidad. Petro ordena la participación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para identificar y mitigar riesgos litigiosos asociados al proceso de reorganización. La instrucción apunta especialmente a proteger los derechos laborales y las situaciones administrativas de los funcionarios vinculados al ministerio.

"La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado brindará el acompañamiento jurídico que resulte pertinente para la identificación y mitigación de riesgos litigiosos asociados al proceso de reorganización institucional, así como para la prevención del daño antijurídico. Lo anterior, en observancia del ordenamiento constitucional y legal vigente, especialmente en lo relacionado con la garantía de los derechos laborales", dice otro apartado de la directiva presidencial.

La preocupación no es menor. Cada proceso de supresión o transformación institucional suele venir acompañado de controversias jurídicas relacionadas con estabilidad laboral, reubicaciones, indemnizaciones o modificaciones en las condiciones de empleo público.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda deberá evaluar la viabilidad fiscal y presupuestal de las medidas que se adopten. El aspecto financiero es particularmente relevante porque uno de los principales debates alrededor del ministerio más joven del país ha sido precisamente el costo de mantener una estructura burocrática adicional en un contexto de estrechez fiscal.

La directiva también involucra al Departamento Nacional de Planeación, que tendrá la tarea de verificar que los cambios sean coherentes con los instrumentos de planeación nacional y con las metas gubernamentales vigentes.

Más allá de los aspectos administrativos, la directiva refleja un esfuerzo político del Gobierno por enviar un mensaje de continuidad. El presidente Petro exhorta a los ministros y directores involucrados a adoptar de manera inmediata las medidas necesarias para garantizar que las políticas dirigidas a reducir brechas sociales y proteger a poblaciones vulnerables no se interrumpan. Por supuesto, un control de daños en época de campaña.

La instrucción final señala que todos los actos administrativos requeridos para la transición deberán ser remitidos a la Secretaría Jurídica de la Presidencia antes del 17 de junio de 2026.

A menos que ocurra un giro legislativo inesperado, el Gobierno parece haber pasado de la defensa política del Ministerio de Igualdad a la administración práctica de su eventual desaparición.