Exclusivo: el Gobierno Petro deja amarrados 271 millones de dólares en el Fondo Potencia Mundial de la Vida
Presidente Petro sobrevolando las inundaciones en Córdoba en febrero de 2026. Crédito: Joel González-Presidencia de la República.
Un millonario convenio firmado por el Ministerio de Vivienda revela el diseño de un esquema que trasladará al Fondo Colombia Potencia Mundial de la Vida, creado por el gobierno Petro, la contratación de proyectos de agua y saneamiento en ocho departamentos afectados por la ola invernal de este año. La estrategia contempla inversiones que se extenderían hasta finales de la administración de De la Espriella.
Por: Mateo Muñoz
Mientras el país sigue sin recuperarse por completo de los efectos que dejó el frente frío de hace unos meses en ocho departamentos del país, el Ministerio de Vivienda estructuró uno de los instrumentos de ejecución más ambiciosos derivados de esa emergencia: un convenio interadministrativo para trasladar 878.587 millones de pesos al Patrimonio Autónomo Fondo Colombia Potencia Mundial de la Vida, desde donde se contratarán y ejecutarán proyectos de agua y saneamiento básico durante los próximos años.
Los documentos del proceso, conocidos por CAMBIO, muestran que el alcance del convenio va más allá de una transferencia presupuestal. El Fondo administrará recursos destinados a intervenir los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, los ocho territorios cobijados por la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica. Las actuaciones comprenderán no solo la atención inmediata de los daños ocasionados por la ola invernal, sino también actividades de recuperación temprana, rehabilitación y reconstrucción de infraestructura de agua y saneamiento básico.
La arquitectura jurídica del proyecto descansa sobre el paquete normativo expedido durante la emergencia, principalmente el decreto que declaró el estado de excepción y el otro mediante el cual el Gobierno adicionó 8,68 billones de pesos al Presupuesto General de la Nación para atender la crisis.
Bajo ese marco se distribuyeron 8,68 billones de pesos entre distintos sectores. La mayor asignación quedó en cabeza de la UNGRD, con 6,35 billones de pesos, destinados a coordinar intervenciones en infraestructura, agricultura, transporte, ambiente, educación, vivienda y energía. En ese mismo reparto aparecen los 878.587 millones de pesos para la Subcuenta de Agua y Saneamiento Básico del Fondo Colombia Potencia Mundial de la Vida.
El aspecto más llamativo del convenio, además del monto, es el cambio en la forma como se ejecutarán esos recursos. En lugar de desarrollar directamente los procesos contractuales desde el Ministerio de Vivienda, la estrategia propone concentrar la estructuración técnica, la financiación, la contratación y el seguimiento de los proyectos en el patrimonio autónomo.
Para ello, se diseñó un modelo operativo propio que organizará las intervenciones en cinco fases sucesivas, desde la identificación de municipios afectados hasta la ejecución de obras y la formulación de proyectos de adaptación de largo plazo.
Ese nuevo esquema representa uno de los principales cambios administrativos derivados de la emergencia y marcará la forma en que se administrarán cientos de miles de millones de pesos destinados a reconstruir la infraestructura de agua y saneamiento en las regiones más afectadas por el frente frío.
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El fondo que creó el gobierno Petro
El Fondo Colombia Potencia Mundial de la Vida nació en marzo de 2024 producto de un contrato de fiducia entre el Ministerio de Hacienda (dirigido en ese entonces por Ricardo Bonilla) y un consorcio integrado por Fiduprevisora, Fiduagraria y Fiducoldex. El argumento fue que su costo de operación sería más bajo que otros fondos ya existentes como el Fonpet, el Fopep y el Fondo de Riesgos Laborales.
Dentro del Fondo Colombia Potencia Mundial de la Vida, se habilitaron tres subcuentas: una de Transición Energética e Industrial, otra de Reforma Rural Integral y una de Agua y Saneamiento Básico. Esta última será a la que lleguen los más de 800.000 millones de pesos para financiar los proyectos de mitigación de los efectos de la emergencia invernal que pasó.
Por esa operación a través del fondo, el modelo de ejecución de la plata contempla que los proyectos no nazcan exclusivamente del Ministerio de Vivienda. El esquema abre dos canales de ingreso: uno conformado por las unidades ejecutoras del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico y otro para iniciativas presentadas por alcaldías, gobernaciones, empresas prestadoras de servicios públicos y gestores comunitarios del agua. Todas esas propuestas deberán recorrer el mismo circuito técnico antes de convertirse en contratos financiados con recursos de la emergencia.
La primera etapa consiste en consolidar la información disponible sobre las afectaciones. Para ello, el Ministerio prevé recopilar reportes territoriales y caracterizar preliminarmente los daños y definir el universo de municipios que harán parte de la estrategia. A continuación, equipos técnicos harán visitas de campo para verificar las afectaciones en infraestructura de agua y saneamiento, levantar diagnósticos y recopilar las necesidades planteadas por las entidades territoriales y los operadores de servicios públicos.
Los documentos muestran que esta fase ya se encuentra en desarrollo, pues ya hay personal técnico encargado de verificar daños, consolidar diagnósticos y recibir proyectos de los territorios, una actividad programada para desarrollarse entre junio y octubre de 2026.
Un doble filtro para aprobar los proyectos
La principal innovación aparece en la tercera fase del proceso de ejecución de los recuros. Una vez formuladas las iniciativas, cada proyecto deberá ser clasificado por el Comité de Evaluación y Aprobación Estratégica (CEAE), encargado de determinar su tipología y verificar su viabilidad técnica. Después pasará al comité de administración del Fondo Colombia Potencia Mundial de la Vida, instancia que decidirá cuáles proyectos avanzan hacia la contratación.
Ese procedimiento implica que el patrimonio autónomo no solo administrará los recursos, sino que también participará en la decisión sobre qué inversiones podrán ejecutarse.
En paralelo, la formulación integral de cada proyecto comprenderá la elaboración de estudios técnicos, jurídicos y financieros, la definición del alcance de las intervenciones, la estimación de costos y la escogencia del mecanismo contractual que resulte más conveniente para cada caso.
La mayor parte del dinero no financiará obras inmediatas
El análisis del plan de acción fijado por el gobierno también permite entender cómo se distribuirán los recursos dentro del convenio. Después de la fase de estructuración, viene una etapa de ejecución de proyectos con una apropiación cercana a 184 mil millones de pesos, destinada a desarrollar las obras priorizadas entre agosto de 2026 y febrero de 2028.
No obstante, el rubro más importante está en la quinta y última fase. El Ministerio de Vivienda proyecta destinar 608.704 millones de pesos a la formulación e implementación del denominado “Plan de Adaptación y Recuperación para el Buen Vivir”, una etapa orientada a definir proyectos y obras de largo plazo para fortalecer la infraestructura de agua y saneamiento en los territorios afectados por la ola invernal. Según el cronograma oficial, esas actividades comenzarán en noviembre de 2026 y se extenderían hasta el 31 de diciembre de 2029.
En otras palabras, el convenio no se limita a resolver daños ocasionados por la emergencia. Una parte sustancial de los recursos estaría orientada a financiar procesos de adaptación y reconstrucción con un horizonte de casi cuatro años, es decir, durante toda la administración de Abelardo de la Espriella.
Los documentos justifican ese diseño bajo la idea de que la recuperación debe ir más allá de la atención inmediata y permitir la construcción de infraestructura más resiliente frente a futuros eventos climáticos.
El plan de recuperación del gobierno que se va
Aunque el convenio del Ministerio de Vivienda concentra la atención por el traslado de 878.587 millones de pesos al Fondo Colombia Potencia Mundial de la Vida, los documentos muestran que esa operación representa apenas una pieza dentro de un programa mucho más amplio diseñado por el Gobierno Petro para ejecutar los recursos extraordinarios de la emergencia.
Los estudios del convenio incorporan el Plan de Recuperación Temprana (PRT) elaborado por la UNGRD, un documento que organiza la ejecución de los recursos aprobados mediante la declaratoria de emergencia.
La distribución de esos recursos permite entender la dimensión del esquema diseñado por el Ejecutivo. La mayor asignación quedó en cabeza de la UNGRD, que administrará 6,3 billones de pesos para coordinar proyectos relacionados con agricultura, educación, transporte, ambiente, vivienda y minas y energía. Solo el componente de vivienda —a través de Fonvivienda— supera los 1,32 billones de pesos, mientras que agricultura recibirá cerca de 1,7 billones y educación otros 1,22 billones, sumando infraestructura y alimentación escolar.
En total, el Gobierno estructuró un portafolio de 72 proyectos distribuidos entre diferentes sectores pero todos seguirán el mismo mecanismo de ejecución.
Los documentos establecen que 56 proyectos, equivalentes a un 73 por ciento del presupuesto, serán ejecutados por la UNGRD. Los 16 proyectos restantes, que representan cerca del 27 por ciento de los recursos, se desarrollarán mediante giros directos a entidades ejecutoras. El convenio que firmó el Ministerio de Vivienda con el Fondo Colombia Potencia Mundial de la Vida se ubica dentro de ese segundo grupo.
Así, el Fondo que creó el gobierno Petro —con el nombre de su Plan de Desarrollo— no sustituye a la UNGRD como eje de la recuperación, pero sí se convierte en el instrumento escogido para ejecutar uno de los componentes financieros más importantes del sector de agua y saneamiento, paradójicamente, durante el nuevo gobierno de De la Espriella.
El éxito del esquema dependerá tanto de la capacidad de las entidades para garantizar trazabilidad sobre cientos de miles de millones de pesos que serán ejecutados bajo un régimen excepcional y de la decisión de la administración entrante de mantener el convenio e incluso la existencia misma del Fondo.
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