Igualdad salarial y descansos obligatorios: el revolcón laboral que le espera al fútbol colombiano por decreto del Gobierno de Gustavo Petro

Por primera vez en la historia del fútbol colombiano, un gobierno se dispone a decirles a los clubes cómo deben contratar a sus jugadores. A través de un decreto, el Ministerio de Trabajo quiere obligar a clubes, ligas y federaciones deportivas, tengan o no ánimo de lucro, a formalizar el contrato de los deportistas profesionales, hombres y mujeres. Aunque el proyecto normativo toca a las organizaciones de todas las disciplinas, sin duda es el fútbol el que tendrá una de las mayores transformaciones.

CAMBIO tuvo acceso al documento que llega faltando apenas semanas para que Gustavo Petro le entregue el poder a Abelardo de la Espriella.

Contrato escrito o no hay partido

El corazón del decreto tiene que ver con la formalización laboral. Ningún deportista ni ningún miembro del cuerpo técnico, nacional o extranjero, podrá competir, entrenar o dirigir sin un contrato de trabajo escrito y sin estar afiliado al sistema de seguridad social. Se acaban, al menos sobre el papel, las figuras de apoyo económico y los acuerdos informales que organizaciones como Acolfutpro llevan años denunciando. 

El contrato laboral para los deportistas deberá registrarse ante el Ministerio de Trabajo y el Ministerio del Deporte dentro de los 15 días hábiles siguientes a su firma, y tendrá que incluir cláusulas mínimas sobre duración, forma de pago, exclusividad, derechos deportivos y de imagen, y mecanismos de prevención del acoso laboral y sexual. Los menores de edad solo podrán vincularse con autorización previa de la cartera de Trabajo.

En materia de horarios, el decreto amarra al deporte profesional a la jornada máxima de 42 horas semanales, y cuenta como tiempo de trabajo las concentraciones y los desplazamientos previos a los partidos, no solo el tiempo efectivo en la cancha. Además, se fija por primera vez un descanso mínimo de 72 horas entre competencias oficiales, un estándar que la propia memoria del decreto atribuye a directrices de bienestar del jugador reafirmadas por la Fifa en julio de 2025 y a las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

También le cierra una puerta a una práctica que los clubes han usado durante años, según la misma jurisprudencia que cita el documento. La Corte Suprema de Justicia ya había señalado, en fallos de 2017 y 2018, que los pagos por cesión de derechos de imagen pueden esconder en realidad un salario disfrazado, cuando no corresponden a una explotación comercial real de la imagen del jugador. El decreto retoma esa línea y ordena que la remuneración de los deportistas se trate como salario ordinario y permanente, sujeto a las mismas reglas del Código Sustantivo del Trabajo que rigen para cualquier otro trabajador del país.

Ese mismo espíritu protector se extiende a los préstamos y las ventas entre clubes, una zona gris que durante años dejó a los jugadores como simple mercancía de las negociaciones entre dirigentes y empresarios. De ahora en adelante, ninguna cesión temporal podrá pactarse sin el consentimiento expreso del futbolista, y su duración no podrá superar el tiempo que le quede al contrato vigente con el club de origen. Tampoco podrá haber transferencia definitiva sin que el jugador la acepte, y el club vendedor deberá pagar primero todo lo que le adeude antes de que nazca el nuevo vínculo con el comprador.

Además, el borrador de decreto prohíbe de plano las cláusulas que, una vez terminado el contrato, le impidan a un deportista fichar libremente por otro equipo, una restricción que Acolfutpro ha señalado como una forma disimulada de atar al jugador de por vida.

El proyecto normativo se apoya para todo esto en una sentencia de 2024 de la Corte Constitucional que analizó la estabilidad laboral reforzada de futbolistas lesionados. La Corte recogió allí una cifra que retrata la vulnerabilidad del gremio, según datos de 2017 citados en el propio fallo, el 58 por ciento de los futbolistas colombianos apenas había terminado la primaria, el 40 por ciento el bachillerato, y solo el 2 por ciento había llegado a la universidad.

Paridad salarial en los clubes

Si hay un artículo del borrador de decreto con potencial de generar más ruido que los demás, es el que ordena igual salario entre hombres y mujeres en el deporte profesional, invocando el convenio 100 de la OIT que Colombia ratificó desde 1964. El documento prohíbe cualquier cláusula contractual, reglamentaria o práctica institucional que implique discriminación salarial por razones de género, y obliga a los clubes a garantizar igualdad de trato y oportunidades en el acceso, la permanencia, la promoción y la remuneración de las futbolistas.

“Las organizaciones deportivas deberán garantizar a las mujeres deportistas profesionales y al cuerpo técnico femenino igualdad de trato y oportunidades en el acceso, permanencia, promoción y remuneración, en condiciones equivalentes a las de sus pares masculinos”, dice parte del proyecto de decreto.

La discusión sobre el fútbol femenino y la necesidad de garantías no es nueva, pero hasta ahora se había quedado en el terreno de las denuncias gremiales. En marzo de 2025, un informe de Acolfutpro sobre la Liga Femenina documentó equipos donde 24 jugadoras compartían apenas tres habitaciones, clubes que adeudaban hasta dos meses de salario en plena fase final, y futbolistas lesionadas que terminaron desafiliadas del régimen contributivo de salud.

Luego, en abril de este año, la misma asociación denunció que el reglamento de la Liga Femenina 2026 permitía que más de 100 jugadoras compitieran sin contrato ni seguridad social, lo que provocó un cruce público entre la congresista Cathy Juvinao y el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino.

Por otro lado, el proyecto de decreto le dedica un artículo completo a lo que llama cuidado menstrual en la actividad deportiva, en el que obliga a los clubes a incorporar un enfoque de género en sus sistemas de seguridad y salud en el trabajo, y a ajustar las cargas de entrenamiento cuando una deportista presente cuadros diagnosticados de endometriosis, síndrome de ovario poliquístico, miomas uterinos o dismenorrea severa, siempre bajo criterio del médico tratante. Reconoce también el derecho a incapacidades médicas por esas causas y blinda la estabilidad laboral de las jugadoras embarazadas o en licencia de maternidad.

Para un sector acostumbrado a mover el balón, pero no tanto el bolsillo cuando se trata del fútbol femenino, estas disposiciones tienen todo el potencial de convertirse en el punto más discutido del decreto en las próximas semanas, sobre todo entre los clubes que hoy sostienen sus nóminas femeninas con el mínimo de contratos que les exige la ley y pagando salarios altos a los hombres pero no así para las mujeres.

Si bien el texto sí propone crear un programa de formalización que subsidiará la cotización a riesgos laborales de los deportistas de bajos ingresos, la obligación de pagar salarios iguales, sostener coberturas médicas para lesiones prolongadas y garantizar licencias de maternidad recaerá, sin excepción y sin subsidio estatal, sobre clubes que ya han mostrado dificultades para cumplir incluso con las obligaciones mínimas vigentes. Por ejemplo, el Deportivo Pereira, que fue campeón del Fútbol Profesional Colombiano en 2022, hoy está sancionado por la Fifa por los constantes incumplimientos prestacionales a sus jugadores.

Finalmente, el proyecto normativo también le entrega dientes nuevos a la capacidad de vigilancia del Ministerio de Trabajo. Sus inspectores quedan encargados de perseguir de forma prioritaria la tercerización e intermediación laboral que disfrace relaciones de trabajo bajo contratos de prestación de servicios, de proteger la libertad sindical de los deportistas, un reclamo que Acolfutpro arrastra desde que la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor se negaron a negociar su pliego de peticiones radicado en 2019, y de exigir protocolos específicos contra el acoso sexual, con medidas de protección inmediata para las denunciantes y capacitación obligatoria anual para directivos, cuerpo técnico y jugadores.

Por ahora, los tiempos dan para que el decreto supere la fase de comentarios y expedición antes del 7 de agosto. Sin embargo, no es claro si sobrevivirá intacto a la revisión del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella, cuyo discurso de campaña no fue precisamente el de alguien dispuesto a imponer más cargas regulatorias al sector privado.