¿Es posible ajustar los subsidios de energía según el nivel de consumo, como propone el Gobierno?

El Gobierno ha estado en el centro de una polémica por la reciente radicación del Proyecto de Ley 432 de 2025, por medio del cual “se establecen mecanismos para la regulación justa y la democratización del sector energético”. Una de las propuestas que llama la atención es la descrita en el artículo 3, que establece la adición de un nuevo artículo a la Ley 142 de 1994: el artículo 99, que define los criterios para la entrega de subsidios en la Ley 142 de 1994 para el servicio de energía eléctrica. 

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La idea del Gobierno es ajustar los subsidios al servicio de energía acorde al consumo, pero esta propuesta, si bien suena bien en el papel, tendría varios retos. En Colombia, los hogares de estratos 1, 2 y 3 reciben subsidios en sus facturas del servicio de electricidad, un criterio que se ha debatido en varios escenarios, pues algunos críticos consideran que el estrato no siempre refleja las condiciones económicas de las familias.

Agremiaciones del sector advierten que varios de los lineamientos de esta iniciativa no conducen a una reducción tarifaria; por el contrario, podrían generar incrementos en las facturas de los usuarios y afectar la prestación del servicio.

En la lista de criterios aparece uno que exige disminuir el subsidio de energía “si los consumos exceden el umbral de consumo de energía mensual que defina el Ministerio de Minas y Energía, o quien este delegue”. Según el documento, este umbral “no podrá ser inferior al consumo promedio regional de los estratos contribuyentes y deberá ser soportado por un estudio técnico realizado por el Ministerio de Minas y Energía”.

Sin embargo, establece una excepción. No podrá disminuirse el porcentaje cuando el exceso de consumo responda a “circunstancias de vulnerabilidad, dependencia energética por condiciones de salud, condiciones climáticas extremas o composición numerosa del hogar, sustentadas por variables socioeconómicas identificadas en sistemas de información pública”. 

También se expedirá la reglamentación para “crear mecanismos diferenciales para los usuarios que sean objeto de la aplicación del subsidio”, como el uso de sistemas de pago anticipado o prepagado del servicio público domiciliario, “considerando los consumos de subsistencia, siempre y cuando los costos de instalación, mantenimiento y reposición de equipos de medición que lo permitan sean asumidos voluntariamente por las empresas prestadoras”. El Ministerio de Minas y Energía, o quien este delegue, deberá definir los criterios bajo los cuales los usuarios deberán implementar estos sistemas de pago y la instalación de los equipos correspondientes.

La cartera o la entidad delegada deberá reglamentar esta medida “garantizando criterios de equidad, gradualidad, proporcionalidad, razonabilidad, respeto al debido proceso y control social”. El acto administrativo deberá ser informado con anticipación.

Según la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), el Gobierno tiene una deuda de 6,1 billones de pesos con el sector, de los cuales 2,3 billones corresponden a subsidios. Para avanzar en los pagos a las empresas del sector eléctrico, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, anunció la puesta en marcha de la cesión de derechos sobre estos apoyos. El funcionario confirmó que se han adelantado negociaciones bajo este mecanismo con desembolsos alrededor de 300.000 millones de pesos y otras apuestas, excediendo el cupo máximo establecido de los 600.000 millones de pesos.

“Lo que no podemos permitir es que el Presupuesto General de la Nación siga asumiendo un gasto creciente en subsidios. No se trata de quitar los subsidios a quienes los necesitan, sino de evitar que personas con capacidad de pago sigan recibiéndolos”, aseguró el ministro. 

¿Qué tan viable es condicionar los subsidios de energía al nivel de consumo?

El exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta recuerda que la norma ya existe en la Ley 1873 de 2017, la cual, en su artículo 114, establece que cuando “el mayor consumo excede en un 50 por ciento el consumo de subsistencia se pierde el derecho al subsidio” y se debe pagar tarifa plena sobre todo el consumo. En diálogo con CAMBIO, el exfuncionario explica que, teniendo en cuenta esto, “bastaría con aplicar la norma”. Por ello, considera que la propuesta del Gobierno resulta innecesaria.

En cambio, la abogada y socia de la firma Holland & Knight, Inés Elvira Vesga, dice que la propuesta sí es viable y, además, conveniente para disminuir los subsidios por umbrales.

“Esto hace mucho más justo el sistema de subsidios porque se garantiza que se proteja la dignidad humana, que es el objetivo, y no el consumo comercial disfrazado. Con esta medida se incentiva la eficiencia, se reduce el consumo y se racionaliza el gasto público”, asegura. 

Por su parte, la abogada y asociada senior de Energía e Infraestructura en Baker McKenzie Colombia, Laura Restrepo, dice que esta propuesta “podría permitir un uso más eficiente de los recursos públicos, mejorar la focalización y promover un esquema más equitativo”. Recuerda que la Misión de Transformación Energética realizada en 2020 ya había enfatizado la necesidad de reestructurar los subsidios “para evitar que fuesen entregados a usuarios que no los necesitan”.

El reto del Gobierno, si llega a aprobarse la ley es que realmente se aplique, y focalizar los subsidios para quien realmente los necesita para cubrir un consumo mínimo.