¿Se le fue la mano al Gobierno con el aumento del mínimo en 2026? Expertos, gremios y hasta sindicatos cuestionan el incremento

El sorpresivo aumento de 23 por ciento del salario mínimo para 2026 que decretó el presidente Gustavo Petro en la noche del 29 de diciembre generó una oleada de comentarios, alertas y argumentos en contra. El incremento está muy por encima de los parámetros habituales que se toman en cuenta en la definición del salario mínimo e incluso es muy superior a la propuesta de 16 por ciento que solicitaron las centrales sindicales en la mesa de concertación. Varios sectores han expresado su inquietud tras la medida.

Una de las grandes preocupaciones de economistas, académicos y expertos y que incluso ha mencionado el Banco de la República es el efecto inflacionario que tienen los incrementos significativos del salario mínimo. Diversas teorías económicas sugieren que los precios tienden a aumentar de forma generalizada, en parte, por el efecto indexador de los bienes y servicios atados al salario mínimo y también por el efecto que tienen los aumentos del salario sobre el consumo. Ante una mayor demanda, que exceda la capacidad natural de la economía, los precios terminan aumentando.

Otra preocupación es que el encarecimiento de la mano de obra aumente los costos que tienen que asumir las empresas y se desincentive la creación de nuevos empleos o incluso fomente mayor informalidad en el mercado laboral.

El argumento del Gobierno para este singular incremento fue un concepto acuñado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT): el salario mínimo vital, que se entiende como el ingreso que debería recibir un trabajador en Colombia para garantizar una vida digna y el acceso a bienes básicos. Si bien esta es una intención loable, en un país en el que nueve de cada diez empresas son micro, pequeñas y medianas compañías, la preocupación por el impacto que esto tendrá en el mercado laboral no es menor, mientras que varios expertos señalan su preocupación por el efecto inflacionario de un aumento desmesurado.

¿Una política ‘keynesiana’ mal aplicada?

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, defendió la inclusión del criterio de salario mínimo vital en el cálculo del incremento salarial a partir de las teorías de John Maynard Keynes, el famoso economista británico y sus teorías sobre el papel del gasto público en el comportamiento macroeconómico.

“Esta no es una decisión política ni caprichosa, es una decisión con fundamentos en la teoría económica”, dijo Sanguino, quien aseguró que el gobierno se está basando en una perspectiva keynesiana y neokeynesiana: “Se ha demostrado que, a mejores salarios, mayor consumo, mayor demanda agregada, mayor producción de bienes y servicios y mayor empleo”.  

Según Sanguino, el factor salarial tiene un impacto “marginal” sobre la inflación, mientras que el incremento salarial genera un impacto positivo en diferentes componentes de la economía.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, reconoció que este incremento ha causado alarma en algunos sectores de opinión y en sectores empresariales, pero habló de la importancia de ver su “dimensión real” en la economía.

“Estamos hablando de un aumento de 327.000 pesos en el salario mínimo de un trabajador que pretende cerrar la brecha de desigualdad que ha existido en Colombia. Es un ingreso adicional de 10.000 pesos diarios, que podría acercarse al costo de un almuerzo”, comentó. 
Pero para varios expertos que incluso tienen una mirada afín a políticas heterodoxas sobre la economía, los argumentos de Sanguino y Ávila no están del todo bien sustentados.

“Yo siempre he sido partidario de que el salario mínimo suba por encima de la inflación, y creo que en los últimos años se había logrado un buen incremento sin afectar la inflación ni el empleo. Dicho esto, creo que en esta ocasión se les fue la mano y que el resultado va a ser desastroso para la economía”, aseguró a CAMBIO el reconocido economista Mauricio Cabrera.

El exdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP) Jorge Iván González, quien estuvo en este Gobierno hasta febrero de 2024, aseguró que estos planteamientos tienen sentido dependiendo de cómo se interprete a Keynes. Según González, el aumento de la demanda puede favorecer el crecimiento, el empleo y la productividad, pero bajo ciertas condiciones. 

“En el caso colombiano sería válido este argumento con incrementos del salario de 10 u 11 por ciento, pero con un aumento del 23 por ciento la economía se desestabiliza”, explicó el economista. González comentó que cuando Keynes planteó el impulso a la demanda no estaba pensando en un país importador como Colombia, ya que los mayores salarios incrementan las importaciones, y la lógica keynesiana está concebida para un país con una economía relativamente cerrada.  

“Es un buen debate. Lo que me impresiona la pasividad de Germán Ávila en esta coyuntura. Con Ocampo hubiera sido imposible este aumento tan desproporcionado”, comentó. 

Para la economista y docente de la Universidad Nacional Laura León, el verdadero problema del aumento del salario mínimo es que se está apelando a la teoría keynesiana, pero en un contexto político y social inadecuado. Si bien el teórico heterodoxo británico hablaba de cómo se podía aumentar la producción y generar más empleo gracias al efecto del consumo, la experta recalca que esta fórmula no aplica como estrategia macroeconómica a largo plazo.

“Como bien lo dijo Keynes, es una medida muy propia de los tiempos de crisis porque el efecto que genera en las personas es la reducción de la incertidumbre. Cuando la economía no está en un momento de estancamiento esta práctica es inoficiosa, porque las personas no necesariamente van a consumir produciendo ese efecto multiplicador del consumo”, explica la docente.

Según León, lo que puede terminar sucediendo es que la carga en los costos sea tan elevada que genere el efecto contrario al esperado, es decir, más desempleo expresado en informalidad y el aumento en los precios.

La situación es tan compleja que incluso hay voces dentro de las centrales de trabajadores que hacen parte de la mesa de concertación del salario mínimo quienes también ven problemas por el aumento desmesurado que decretó el gobierno.

Jorge Iván Diez, presidente de uno de los sectores de la Confederación General del Trabajo (CGT), reconoció que para los trabajadores que ganan un salario mínimo es algo positivo el aumento, también anotó que hay muchas poblaciones que se verán perjudicadas por el “desbordado” incremento.

“Hay 13,5 millones de trabajadores que se encuentran en la informalidad y no devengarán un salario mínimo legal. Esto también tiene implicaciones negativas para un grupo de pensionados de Colombia que tendrán un incremento de salario basado en la inflación y no en el incremento del mínimo legal. Los pensionados se van a empobrecer más”, dijo Diez.

El dirigente sindical también reconoció que en 2026 muchos bienes y servicios se incrementarán con base en el incremento del salario mínimo, y no con la inflación, así no estén regulados, y que habrá un impacto negativo en las pequeñas y medianas empresas. “Incluso se pueden generar pérdidas en los puestos de trabajo por los costos tan altos de un incremento de esta naturaleza”, dijo.  

El aumento en los costos laborales

El aumento del salario mínimo beneficiará de manera directa a 2,4 millones de trabajadores que a partir del mes de enero devengarán 2.000.000 millones de pesos, incluido el subsidio de transporte, como salario mínimo. Pero también cobijará a otro grupo importante de trabajadores que ganaban más que el mínimo, a quienes sus empleadores deberán ajustarles sus salarios para que no queden por debajo de este nivel.

El Observatorio Nacional de la Mipyme, adscrito a la Asociación Colombiana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), destacó que la gran concentración de salarios mínimos está en el segmento de los micro, pequeños y medianos empresarios.

“La informalidad se acerca al 56 por ciento, hay 11,3 millones de colombianos que devengan menos de un salario mínimo, y con esa presión sobre la estructura de costos lo más probable es que el segmento empresarial de las mipyme desvincule trabajadores”, dijo Rosmery Quintero, presidente del Observatorio.

Una alerta similar fue la que elevó la Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip). Según un estudio de proyecciones salariales del gremio de recursos humanos las empresas esperan subir en promedio los salarios para 2026 en un 6,2 por ciento, y un aumento de 23 por ciento “sobrepasa la capacidad financiera y productiva que las empresas tienen proyectado para el próximo año y las pone en riesgo”.

Los impactos en la vivienda

Sumado a los efectos en los costos laborales y las presiones inflacionarias otro de los impactos del aumento del salario mínimo se sentirá en el sector de la vivienda. Pues las viviendas de interés social (VIS) y las de interés prioritario (VIP) están valoradas en salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En 2026, las viviendas VIS hasta 135 salarios quedarán en 236,37 millones de pesos, un aumento de 44,19 millones; las VIS hasta 150 salarios quedarán tasadas en 262 millones de pesos, lo que significa un aumento de 70,4 millones para las familias que planean o están en proceso de compra. Las VIP, valoradas en hasta 90 salarios mínimos mensuales legales vigentes, llegarán a 157,5 millones de pesos por un aumento de 29,4 millones en comparación al valor de 2025.

Para Guillermo Herrera, presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), el aumento de 23 por ciento en el salario mínimo es “un buen eslogan, pero una mala política”. Según el directivo gremial, mejorar el ingreso de quienes hoy están en el empleo formal “no puede hacerse a costa de frenar la generación de nuevos empleos, presionar la inflación y encarecer la vivienda social. El resultado termina siendo más exclusión y menor bienestar”.

Posiblemente 2026 será un año muy retador no solo para las empresas colombianas, sino también para todos los trabajadores. El impacto que tendrá el incremento del salario mínimo para la economía, si bien beneficiará a 2,4 millones de trabajadores y sus hogares, también arrastrará otros efectos que pueden terminar afectando el día a día de todos los colombianos, desde sus más pequeños gastos, hasta los presupuestos de todas las familias.