Gobierno alista decreto para subirle el diésel a las camionetas de lujo

Desde su llegada al ministerio de Hacienda el pasado mes de marzo, el ministro Germán Ávila ha querido impulsar una medida para ajustar el precio del diésel o Acpm, y reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc). Su idea es empezar a cobrarle más caro el galón, en principio, a las camionetas ‘de lujo’, como las ha llamado el ministro, algo que se materializaría con un nuevo proyecto de decreto que publicaron el Ministerio de Hacienda y el de Minas y Energía.

El decreto establece la creación de un mecanismo diferencial de estabilización de precios para vehículos de servicio particular, diplomático y oficial de tipo automóvil, campero, camioneta y cuatrimoto que funcionen con Acpm.

Por el contrario, los vehículos tipo bus, buseta, camión, microbús, tractocamión y volqueta, así como a todos los vehículos de servicio público, seguirán rigiéndose por el precio del combustible contenido en las resoluciones que periódicamente publican los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía.

El decreto también propone que se aplique un mecanismo diferencial para las camionetas y otros vehículos similares en sólo en ciertos municipios de los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Cundinamarca, Magdalena, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca, y en Bogotá.

“El Gobierno nacional extenderá este mecanismo a otros municipios atendiendo las capacidades de fiscalización, control y vigilancia de la medida, garantizando el cumplimiento del principio de eficiencia”, aclara la normativa en borrador.

Según el gobierno, se estima que la eliminación del subsidio permitirá un ahorro fiscal cercano a 386.000 millones, reduciendo el déficit del Fepc.

“Hemos publicado un decreto que trabajamos conjuntamente con el Ministerio de Hacienda para desmontar los subsidios al diésel y llevar su precio a niveles internacionales. Esto aplica para vehículos suntuosos. No tiene ningún sentido que el Presupuesto General de la Nación, que es el dinero del pueblo, de la gente más pobre, se utilice para subsidiar camionetas de cuatro puertas y vehículos lujosos", dijo el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

Palma aseguró que la medida empezará en las capitales, en 13 ciudades, y avanzará gradualmente. “Esto requiere tecnología y controles para evitar trampas”, comentó.

En junio, el ministro Ávila ya había anunciado su idea de emitir esta medida por medio de un decreto. Según dijo en ese entonces, la idea era que a todos los vehículos que no fueran de transporte de carga se les elevara el precio del diésel y dejarían de recibir el subsidio del gobierno.

Antes también había dicho que en el país hay alrededor de 360.000 vehículos que se están beneficiando “del esfuerzo que hace el Gobierno para evitar generar un incremento al sector transportador”.

El problema del precio de los combustibles

En un año en que las cuentas fiscales están apretadas, el gobierno tomó la determinación de comenzar a ajustar de nuevo el precio de este combustible, un hueco importante en las cuentas públicas y una herencia de la pandemia por Covid-19. A través del Fepc, el gobierno ha subsidiado por años la gasolina y el diésel en Colombia.

Durante la crisis económica derivada de la pandemia, mientras el precio internacional de los combustibles se disparó, el gobierno de Iván Duque tomó la decisión de congelar los precios para no afectar los bolsillos de los consumidores. El problema de esta decisión es que le generó una deuda billonaria a la nación porque fue el gobierno el que se hizo cargo de esos aumentos.

El mes pasado, cuando el ministro presentó el Marco Fiscal de Mediano Plazo, un documento que recoge los pronósticos económicos y fiscales del país, Ávila aseguró que el déficit del Fepc totalizó un gasto de 21,4 billones en 2022, y de 28,9 billones de pesos en 2023. En 2024 fue de 21,3 billones y dijo que en 2025 iba en 8 billones. El impacto acumulado del Fepc en las cuentas del país de los últimos cinco años fue de 79 billones.

Pero subir los combustibles no es una medida popular. El encargado de ajustar la gasolina fue el exministro Ricardo Bonilla, que en 2022 comenzó un proceso que tomó 13 meses para llevar a la gasolina a un valor cercano al precio internacional y así eliminar los subsidios. Así, el precio pasó de 9.200 pesos a mediados de septiembre de 2022 a cerca de 16.000 pesos al final del ciclo de incrementos.

Pero con el diésel no pasó lo mismo. Tocar este combustible es más difícil. Aunque el galón llevaba congelado casi cinco años en cerca de 9.400 pesos, el año pasado cuando el gobierno anunció tres aumentos de 2.000 pesos, es decir, 6.000 pesos en total, para llevar el precio al promedio internacional, se desató un paro de transportadores que bloqueó buena parte del país.

Al final el gobierno solo logró subir 800 pesos el galón.

Según la última actualización oficial de precios de referencia para los combustibles, el precio promedio de la gasolina en las principales 13 ciudades del país se fijó, a partir del 12 de julio, en 15.869 pesos, mientras que el Acpm quedó en 10.585 pesos.

Sergio Cabrales, profesor de la Universidad de Los Andes y consultor del sector minero-energético, aseguró que al no ajustar el precio del diésel, el Gobierno ha subsidiado más de 50 billones de pesos desde 2022, mientras que por la gasolina han asumido alrededor de 16,3 billones.

“Si se desmonta el Fepc, como lo propone el Gobierno, para el diésel consumido por vehículos de servicio particular, diplomático y oficial —específicamente automóviles, camionetas, camperos y cuatrimotos—, se eliminaría el subsidio correspondiente a menos del 28 por ciento del total de este combustible”, aseguró el experto.

No obstante, alertó Cabrales, desde 2024 los usuarios de gasolina han contribuido al fondo con un ahorro o subsidio cercano a 5,7 billones. “En otras palabras, el precio de la gasolina en Colombia ha estado por encima del precio de paridad internacional”, dijo.

El proyecto de decreto estará abierto para comentarios hasta el 2 de agosto a medianoche. Todavía no es claro qué mecanismos utilizará el gobierno para segmentar entre las camionetas y los vehículos de carga, ni cómo se implementaría en la práctica en las estaciones de combustible ese precio diferencial, pero si el gobierno logra este ajuste, se ahorraría recursos importantes en un año en que las cuentas no le están cuadrando.