'Sin reformas urgentes, Colombia se acerca a una crisis de deuda': Comité Autónomo de la Regla Fiscal

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), el organismo técnico e independiente que vigila que las finanzas del Estado colombiano sigan un camino sostenible, publicó un diagnóstico que concluyó que la situación fiscal "es cada vez más preocupante" y reencauzarla "se hace cada vez más retador".

En 2025, el Gobierno colombiano gastó en funcionamiento e inversión un equivalente al 3,5 por ciento del PIB más de lo que recibió en ingresos, sin contar los intereses de la deuda. Ese desbalance, que en términos técnicos se llama déficit primario, es el más alto de los últimos 30 años si se cuenta fuera de periodos de crisis.

Y lo que más preocupa al Comité es que ocurrió en un año en que la economía colombiana no estaba mal: la demanda interna creció con fuerza, el desempleo llegó a mínimos históricos y no hubo ninguna crisis externa de peso que lo justificara. Pero ese alto gasto público, explica la CARF, pudo haber contribuido a acumular "desbalances macroeconómicos".

“La CARF percibe señales de recalentamiento de la economía. El alto crecimiento de la demanda interna (3,9 por ciento en 2025), la alta y persistente inflación (cerró 2025 en 5,1 frente a 5,2 por ciento en 2024), el aumento sustancial de las expectativas de inflación a distintos plazos, la disminución de la tasa de desempleo a mínimos históricos y el deterioro gradual del déficit comercial sugieren la presencia de excesos de demanda. En ese contexto, el Comité considera que el impulso fiscal que se dio en 2025 podría estar contribuyendo a la acumulación de desbalances macroeconómicos”, explica la entidad.

El gasto subió, pero los ingresos no llegaron

El deterioro de las cuentas públicas de la nación en 2025 tuvo dos causas. En primer lugar, la Dian no recaudó los 9,7 billones de pesos que el Gobierno había proyectado. Y al mismo tiempo, el gasto fue 15,5 billones más alto de lo planeado, principalmente por mayor inversión pública.

Ninguna de las dos cosas fue una sorpresa: la CARF lo había advertido durante el año. El problema de fondo, dice el Comité, es que desde 2022 el Gobierno ha proyectado sistemáticamente ingresos más altos de los que llegan y gastos más bajos de los que termina ejecutando. En 2022, por ejemplo, los cálculos oficiales preveían que 2025 terminaría con superávit, es decir, con más ingresos que gastos.

“El deterioro sistemático de la situación fiscal se ha dado en un contexto de sobrestimación de ingresos y subestimación de gastos. En el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2022 se preveía que el balance primario en 2025 sería superavitario en 0,9 por ciento del PIB, es decir, 4,4pp del PIB mayor al que efectivamente se observó (-3,5 por ciento del PIB). En el MFMP 2023 el balance primario de 2025 se estimó en 0,4 por ciento, en el MFMP 2024 en -0,5 por ciento y en el MFMP 2025 en -2,4 por ciento. Entre el MFMP 2022 y el cierre fiscal de 2025 calculado por la CARF, se estima que el ingreso de 2025 se sobrestimó en 2,5pp del PIB, y el gasto primario se subestimó en 2,0pp”, explica la CARF.

La deuda bajó, pero no por las razones correctas

Ese deterioro, sin embargo, no se tradujo en un aumento de la deuda pública, al menos no en 2025. Y es que hay un dato que parece buena noticia: la deuda neta terminó 2025 en 58,5 por ciento del PIB, por debajo del 61,3 por ciento que el propio Gobierno había estimado. Esto podría hacer parecer que los expertos no tienen razón en sus análisis.

Pero el CARF advierte que esa caída se explica sobre todo por la apreciación del peso colombiano frente al dólar, lo que hace que la deuda en dólares pese menos al convertirla a pesos, y por una serie de operaciones financieras que redujeron temporalmente el pago de intereses. Ambos factores, dice el Comité, son en su mayoría pasajeros.

El resultado es que la deuda bajó por circunstancias externas, no porque la posición fiscal del país haya mejorado. Y dado que el gasto estructural empeoró, el esfuerzo para estabilizar la deuda hacia adelante es ahora mayor que antes.

El plan del Gobierno para 2026 tiene un hueco de 31 billones de pesos

Por lo anterior es que es importante saber qué planes tiene el Gobierno para 2026 y saber cómo va a manejar esas presiones fiscales. De hecho, el Ministerio de Hacienda presentó ante Asobancaria un plan fiscal para 2026 que busca reducir el desbalance de 3,5 por ciento a 2,1 por ciento del PIB. El CARF lo reconoce como positivo, pero lo considera “poco probable”.

El problema es que ese plan depende en buena medida de ingresos inciertos: incluye recursos de una emergencia económica que la Corte Constitucional suspendió, y dineros de la última emergencia económica declarada por la emergencia invernal.

“CARF considera que el escenario fiscal de 2026 planteado por el Gobierno en Asobancaria es poco probable. A juicio del Comité, el faltante de recursos para cumplir con la meta fiscal en 2026 del Gobierno es de COP 31,1 billones (1,6 por ciento del PIB); en ausencia de medidas efectivas para incrementar ingresos o recortar el gasto, la deuda retomaría una tendencia creciente, comprometiendo la sostenibilidad de las finanzas públicas, el retorno a la Regla Fiscal y la estabilidad macroeconómica como un todo”, dice la entidad.

Y añaden: “Reencauzar las finanzas públicas hacia una trayectoria sostenible en el corto y mediano plazo se hace cada vez más retador. El ajuste requerido frente a 2025 para estabilizar la deuda neta se estima entre 3,5 y 4,5pp del PIB. El CARF identifica presiones fiscales significativas en los próximos años, que en ausencia de medidas podrían conducir a una senda explosiva de la deuda pública”.

En palabras cristianas, en un escenario sin medidas adicionales, el Comité estima que el déficit de 2026 sería incluso peor que el de 2025, con un faltante de 31,1 billones de pesos. Además, si la reforma pensional entra en vigor, si las entidades públicas no logran absorber el alza del salario mínimo y si la reforma laboral tiene los efectos directos que el CARF estima, ese hueco podría llegar a 45,8 billones.

Sin medidas permanentes, la deuda podría tocar su límite legal

Mirando más adelante, el Comité calcula que incluso si el Gobierno cumple su propia hoja de ruta de ajuste fiscal, la deuda seguiría creciendo: de 58,9 por ciento del PIB en 2026 a cerca del 61,9 por ciento en 2028. Y si no se toman medidas permanentes, podría acercarse al 70 por ciento del PIB, peligrosamente cerca del tope del 71 por ciento que establece la Regla Fiscal.

Para estabilizar la deuda en los niveles actuales, el Gobierno tendría que reducir su déficit primario en el equivalente entre 3,5 y 4,5 puntos del PIB frente a 2025. Es un ajuste enorme: en los últimos 20 años, Colombia ha logrado mejoras anuales de ese indicador en diez oportunidades, con un promedio de apenas 0,9 puntos por año.

El CARF advierte que las herramientas que el Gobierno ha usado en los últimos años, como controlar mes a mes cuánto puede girar cada entidad o aplazar formalmente partidas del presupuesto, no son suficientes. Esas medidas no eliminan el gasto, solo lo posponen: los compromisos no pagados en un año vuelven como presión en el siguiente. Lo que el Comité exige son cambios estructurales con efectos permanentes: reformas al sistema de ingresos, más y mejor recaudo, o al sistema de gasto, eficiencia, recortes o rediseño de programas, o una combinación de ambos.

“En los últimos 200 años Colombia ha presentado mejoras en su balance primario en diez oportunidades y el tamaño del ajuste anual promedio en esas ocasiones ha sido 0,9pp del PIB. Se necesitan señales contundentes de que se reducirá el desbalance fiscal a través de propuestas de reformas estructurales al Congreso, un programa para aumentar la eficiencia del gasto, el uso del instrumento de aval fiscal para mitigar presiones de gasto derivadas de nuevas leyes con impacto fiscal, y medidas administrativas para fortalecer el recaudo tributario”, dice la entidad.

“Es imprescindible que el Gobierno y el Congreso de la República, con participación de la sociedad civil, acuerden con urgencia reformas con efectos permanentes para aumentar los ingresos y reducir los gastos”, concluye la entidad.