¿Qué tanto podrá cambiar Abelardo de la Espriella el último presupuesto que le deja Gustavo Petro para 2027?
El gobierno Petro le dejó al nuevo gobierno un proyecto de presupuesto para 2027 por 575,6 billones de pesos. Crédito imagen: CAMBIO - Fotoilustración Yamith Mariño.
El Gobierno de Petro radicó el presupuesto para 2027 con un faltante de más de 30 billones de pesos, atado a una reforma tributaria con pocas opciones de prosperar. Aunque será el primero que ejecute Abelardo de la Espriella, el Congreso definirá cuánto podrá modificarlo antes de su aprobación. ¿Qué alternativas tiene el Gobierno entrante?
El Gobierno de Gustavo Petro le entrega a Abelardo de la Espriella un presupuesto para 2027 desfinanciado y con buena parte del gasto ya comprometido. Esta semana el Gobierno saliente radicó ante el Congreso el proyecto del presupuesto general para el próximo año: 575,6 billones de pesos, una cifra que choca con el plan del presidente electo de reducir el Estado.
Este es, posiblemente, el último gran proyecto que dejará la administración actual, pero en la práctica el nuevo Gobierno deberá sortearlo.
La ley establece que, en los diez días siguientes a la instalación del Congreso, cada año el Gobierno nacional debe presentar ante el Congreso el proyecto del Presupuesto General de la Nación para la vigencia siguiente, en este caso para 2027. Por esa razón, el primer presupuesto que De la Espriella asumirá es una herencia de Petro.
El Congreso deberá discutirlo y aprobarlo antes del 20 de octubre; la nueva administración será la encargada de ejecutarlo. El problema es que este presupuesto tiene un faltante de 30 billones de pesos en sus ingresos que quedaron ligados a la aprobación de la reforma tributaria radicada en días pasados por el ministro de Hacienda, Germán Ávila.
¿Qué propone el último presupuesto de Petro?
El proyecto de ley que radicó el Gobierno saliente propone un presupuesto de 575,6 billones, lo que representa un aumento de 3,6 por ciento en relación con el presupuesto aprobado para 2026. Según dijo el ministro Ávila tras radicarlo, la mayor parte del gasto sin deuda de la propuesta "se dirige fundamentalmente a los programas sociales así como a financiar las obligaciones asociadas a la operación de la fuerza pública, la Rama Judicial, la nivelación salarial y la preservación del poder adquisitivo de los servidores públicos".
De ese monto, 367,7 billones se destinarían a gastos de funcionamiento –las nóminas del Estado, las pensiones, las transferencias a los departamentos y municipios, y el aseguramiento en salud y educación, entre otros– 118 billones al servicio de la deuda y los 90 billones restantes para inversión.
Es decir, de cada 100 pesos que el país tendría en 2027, 64 se irían en funcionamiento, 20 en pagar las deudas y 16 pesos en inversión.
Según el equipo de Investigaciones Económicas y Análisis de Mercados del Banco de Bogotá, en la radicación del proyecto del Presupuesto General de la Nación de 2027, “el Gobierno le deja a la nueva administración dos tareas”:
La primera, aumentar ingresos en 28 billones de forma estructural, y la segunda, un ajuste de 36 billones del gasto primario –que es el total de los dineros que el Estado gasta en su funcionamiento, la inversión social y la obra pública, sin contar el pago de los intereses de la deuda –.
“En el neto, es un ajuste fiscal de 64 billones, o 3 por ciento del PIB. Una labor titánica”, cuestionó el equipo de expertos.
En abril pasado, el Ministerio de Hacienda presentó el anteproyecto del presupuesto. En ese entonces, le apuntó a un monto que rozaba los 600 billones de pesos. A pesar de la significativa reducción que quedó en el proyecto final, el financiamiento del último presupuesto que propone Petro implica un problema para el nuevo Gobierno, pues no están garantizados todos los ingresos necesarios para asumir los gastos.
Del monto total a financiar, 30,2 billones corresponden a ingresos contingentes sujetos a la aprobación del proyecto de reforma tributaria que radicó en días pasados el Gobierno de Petro, la misma que, según varios expertos, no tiene posibilidad de salir victorioso en el Congreso.
“Era previsible que el proyecto de ley tuviera un nivel de gasto excesivamente alto porque es la continuación de lo que ha sido el gasto de los últimos años. No hay un intento de ajuste o recorte, y de aprobarse se mantendría una constante que ha sido la norma del Gobierno saliente: inflar los ingresos para mantener un nivel de gasto elevado”, le dijo a CAMBIO el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas.
Según Cárdenas, la falta de materialización de esos ingresos ha generado un déficit excesivo en las cuentas públicas en los últimos años, y, si se quiere sostener, será necesario un mayor endeudamiento.
¿Qué tanto se puede negociar el presupuesto?
El ciclo presupuestal en Colombia tiene una serie de plazos y procedimientos definidos por ley. Una vez se radica el presupuesto, el Congreso tiene plazo hasta el 15 de agosto para solicitar modificaciones al monto o cifras generales presentadas por el Gobierno.
“Es una facultad que tienen pero que nunca se ha utilizado. Nunca se ha devuelto el presupuesto, pero en estas circunstancias es lo que realmente conviene, que se devuelva el presupuesto al ministerio para que lo rehaga”, sugirió el exministro Cárdenas.
De ser así, las comisiones económicas tendrían que sesionar antes de esa fecha y así darle tiempo al Ministerio de Hacienda para que prepare un nuevo proyecto de ley en el que el nuevo ministro podría incluir los cambios que se requieran para reducir el gasto en 2027.
Las comisiones económicas conjuntas, es decir, las comisiones tercera y cuarta de Senado y Cámara, tienen hasta el 15 de septiembre de cada año como plazo para aprobar el monto definitivo del presupuesto, y diez días más para aprobar el proyecto en primer debate (25 de septiembre).
El primero de octubre de cada año comienza la discusión y votación del proyecto en las plenarias de Senado y Cámara y la fecha límite en la que debe quedar aprobada la totalidad del presupuesto en el Congreso es el 20 de octubre.
Si el Congreso inicia su debate con el proyecto radicado por el Gobierno saliente se enfrentaría nuevamente al dilema de un proyecto de presupuesto atado a una ley de financiamiento, o reforma tributaria. Si esperan usar la carta que les permite modificar el presupuesto, tienen dos semanas para que el nuevo ministro de Hacienda, Miguel Gómez, presente un nuevo proyecto de ley.
El pulso en el Congreso
En este momento, el presupuesto del próximo año está en manos del Congreso, y De la Espriella tiene algunos apoyos clave que podrían ayudarlo a mover el proyecto.
En la Comisión Tercera del Senado quedó elegida como presidenta la senadora Sara Castellanos, congresista del movimiento Salvación Nacional, el cual coavaló al presidente electo durante su campaña al presupuesto. Castellanos aseguró que una de sus tres prioridades será “sacar adelante un presupuesto General de 2027 responsable, austero y priorizando la inversión”, lo que da pistas sobre el impulso que podría darle la senadora del partido.
Otro de los congresistas de esa comisión, Christian Garcés (Centro Democrático), cuestionó que el Gobierno de Gustavo Petro se despide presentando nuevamente “un presupuesto inviable” y apostándole a una reforma tributaria “que no va a ser aprobada por inconveniente”. Garcés acusó al presidente de dejarle al Legislativo la culpa de que las cuentas no cuadren.
“Lo más preocupante es lo que deja para el futuro. Un presupuesto cada vez más amarrado, donde la mayor parte de los recursos ya están comprometidos en funcionamiento y pago de la deuda”, criticó el senador.
El próximo Gobierno, según el congresista, tendrá el reto de poner en orden las finanzas del país, con recortes responsables, disciplina en el gasto e impulsar mayores ingresos con crecimiento económico.
En la Cámara de Representantes también hay congresistas afines a la idea de revisar el presupuesto. El representante del Partido Liberal Peyi Paternina, integrante de la Comisión Tercera de Cámara, ya dijo cuál será su posición para las discusiones en las comisiones económicas conjuntas: “Lo digo claro: ajustar ese presupuesto será nuestra bandera. Tal como está, no le sirve a Colombia”.
Paternina cuestionó la distribución del presupuesto, la necesidad de una tributaria por 30 billones para completar los gastos y el recorte en el rubro de inversión en sectores como energía, vivienda y agro.
“¿Cómo lo ajustamos? En el debate de las comisiones económicas: ni un peso de ingresos imaginarios, freno al derroche y recuperar la inversión en energía, campo, salud y vivienda. El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella no puede quedar amarrado al borrador del ministro de Hacienda saliente, Germán Ávila”, criticó el representante por el departamento de Sucre.
El congresista aseguró que quien ejecuta el presupuesto debe poder corregirlo y que ajustarlo es responsabilidad del Congreso.
Más allá de los 575 billones de pesos
Aunque el punto central de las críticas ha sido la financiación del presupuesto y los recursos faltantes, otro inconveniente que enfrentará el nuevo Gobierno es la distribución del mismo, ya que el grueso de los recursos se van a gastos de funcionamiento, que son rubros poco flexibles, y otra parte importante está comprometida con la deuda.
"El debate legislativo no debería concentrarse únicamente en el tamaño total del presupuesto, sino también en su composición: aumenta el peso de la deuda, se reduce el espacio para inversión y se presentan cambios sectoriales de gran magnitud", comentó Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.
Para su análisis, los académicos ajustaron los valores del presupuesto de este año a la inflación y así compararon los montos de 2026 y 2027 en términos reales. “Mientras los recursos de funcionamiento e inversión disminuirían 5,2 por ciento, el servicio de la deuda aumentaría 10,9 por ciento. Es decir, el crecimiento de este componente sería aproximadamente el doble de la reducción observada en los demás rubros”, advirtió el Observatorio.
Salazar también llama la atención sobre el aumento que tendría la participación del servicio de la deuda dentro del PGN, al pasar de 18,1 por ciento en 2026 a 20,5 por ciento en 2027. Y en contraste, tanto funcionamiento como inversión perderían participación. La inversión pasaría de representar el 16,1 al 15,6 por ciento del presupuesto, mientras funcionamiento disminuiría de 65,8 a 63,9 por ciento.
“La participación de la inversión sería la más baja desde 2019, lo que podría representar un reto para alcanzar las metas de recuperación de la inversión planteadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2026”, cuestiona Salazar.
Además, desde la perspectiva sectorial, el servicio de la deuda concentraría la mayor apropiación presupuestal en términos reales, con 115,1 billones, equivalentes a cerca del 20 por ciento del presupuesto general de 2027, una cifra que superaría los recursos asignados, por ejemplo, a sectores como educación, con 92,5 billones, y a salud, con 79,7 billones.
El presupuesto general del próximo año ya comenzó su ciclo en el Congreso, con la particularidad de que este año se enfrenta a un trámite algo incierto. Aunque la propuesta no coincide con las metas de austeridad del nuevo Gobierno, su futuro dependerá de las comisiones económicas del Senado y de la Cámara.
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