¿Es viable que Barranquilla y el Atlántico asuman el control de Air-e?

En medio de la investigación de la Procuraduría en contra del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, por presuntas irregularidades durante su gestión como interventor de Air-e, las administraciones de Barranquilla y Atlántico presentaron una nueva propuesta con la que buscarían atender los problemas de suministro eléctrico que se presentan en la región.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, plantearon la posibilidad de que sus administraciones asuman el manejo de la empresa intervenida desde septiembre de 2024. Con la iniciativa, pretenden tener un papel directo en la operación del servicio, reducir las fallas en el suministro y mejorar la atención a los usuarios.

En el foro ´Así avanza la transformación en el Caribe´, organizado por la revista Semana, Char reveló que la propuesta fue presentada al presidente Gustavo Petro hace dos meses. Sin embargo, el alcalde aseguró que hasta el momento no han recibido una respuesta formal del Gobierno Nacional, pese a la urgencia de resolver los problemas estructurales del sistema.

El gobernador Verano explicó que la iniciativa busca mejorar la calidad del servicio de energía en la región mediante la implementación de un modelo de gestión pública eficiente, con mayor capacidad de respuesta a las necesidades locales. En ese sentido, aseguró que cuentan con los recursos para adquirir Air-e y poner en marcha un nuevo modelo de operación.

Los mandatarios locales anunciaron que el manejo de la empresa permitiría avanzar hacia la creación de una gestora energética para el Caribe. Además, indicaron que permanecen a la espera de una respuesta oficial por parte del Gobierno nacional con el fin de iniciar los trámites requeridos para definir la viabilidad jurídica, técnica y financiera de la propuesta.

¿Es posible que las administraciones de Barranquilla y el Atlántico asuman el control de Air-e?

En diálogo con CAMBIO, la doctora en economía y políticas energéticas Clara Inés Pardo indicó que la eventual participación de las administraciones locales en la prestación del servicio de energía en el Caribe podría representar mejoras reales. Sin embargo, reiteró que la iniciativa debe estar acompañada de un sólido marco técnico y financiero para evitar riesgos que afecten la calidad y continuidad del servicio.

La profesora de la Universidad del Rosario destacó que la propuesta debería considerar la eventual revisión o modificación de la Ley 142 de 1994 para incluir gestoras regionales públicas en la prestación del servicio. Además, indicó que se deben evaluar regulaciones vigentes sobre la integración parcial regional y la flexibilización de reglas para nuevas operaciones.

“Garantizar el suministro eléctrico en el Caribe no se resuelve solo con infraestructura o nuevas empresas en el sector. Se necesita una transformación profunda del modelo energético regional, con acciones concretas que integren tecnología, justicia social, sostenibilidad financiera y participación ciudadana”, explicó Pardo a CAMBIO.

El alcalde Char reiteró que la iniciativa se fundamenta en la experiencia consolidada en la prestación regional de servicios como el alumbrado público. Sin embargo, Julio César Vera, presidente de la Fundación XUA Energy, enfatizó en que la viabilidad de la propuesta depende en gran medida de la capacidad operativa y financiera de las administraciones locales para atender la compleja crisis energética.

El experto explicó que Air-e enfrenta millonarias deudas que difícilmente podrían asumir las finanzas locales sin el apoyo del Gobierno central. Asimismo, subrayó que el manejo del servicio eléctrico suele estar regulado a nivel nacional, por lo que una de las mayores dificultades que enfrentaría la iniciativa sería la transferencia directa de la empresa a gobiernos locales ante la ausencia de marcos operativos claros.

Los retos de la propuesta para que administraciones locales asuman el control de Air-e

Santiago Arango, profesor de la Facultad de Minas de la sede Medellín de la Universidad Nacional, le explicó a CAMBIO que uno de los mayores retos de la propuesta de transformar el modelo de Air-e corresponde a la reducida capacidad técnica de la administración en un sector que exige alta especialización en regulación, operación y gestión del riesgo financiero.

El especialista destacó que el reto de asumir el control de una compañía del sector en crisis exige acceso a financiamiento y una estructura tarifaria viable que garantice la sostenibilidad del servicio a largo plazo. En ese sentido, enfatizó en que si la nueva gestora regional hereda estos pasivos sin un plan financiero sólido podría colapsar rápidamente.

“El riesgo está en la falta de una planeación sería que permita atender esos compromisos sin descuidar la calidad del servicio. Si no existe un esquema de financiamiento que equilibre los intereses de los usuarios con la sostenibilidad a largo plazo, la nueva gestora regional podría repetir los errores del pasado e incluso profundizar la crisis”, advirtió Arango.

El exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta sostuvo, en diálogo con CAMBIO, que la propuesta sería viable solo si la nueva gestora regional asume la operación del mercado que actualmente cubre Air-e en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira para evitar trasladar los problemas financieros y operativos a los usuarios más vulnerables del sistema.

Acosta indicó que mantener la operación exclusivamente en el Atlántico implicaría concentrar los ingresos en la zona más rentable y dejar sin solución los problemas estructurales en la región. “Se quedarían con el solomito, descremarían dicho mercado. Lo que procede es que lo asuman todo, con el hueso y el solomito también”, insistió.

Las claves de la implementación de una eventual gestora regional en el Caribe

El gobernador de Atlántico, Eduardo Verano, detalló que la gran gestora energética planteada para reemplazar las actuales funciones de Air-e iniciaría la prestación de sus servicios tras consolidar acuerdos con operadores de energía que garanticen precios más bajos, mejoras en el servicio y una mayor solidez financiera para evitar un eventual apagón financiero.

La doctora en economía y políticas energéticas Clara Inés Pardo reconoció que las administraciones locales podrían priorizar mejor las necesidades específicas de la costa Caribe, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso. Sin embargo, enfatizó en que la transición desde una empresa intervenida implica tomar el control de activos, contratos, personal técnico, bases de datos y sistemas de facturación.

“Una gestora energética regional debe diversificar su financiamiento, equilibrando ingresos propios con apoyos públicos, alianzas estratégicas y acceso a fondos sostenibles. Para ello se requiere un plan financiero robusto y transparente, capacidad de gestión fiduciaria y programas que incluyan indicadores claros acompañados de mayor rendición de cuentas”, explicó Pardo.

El presidente de la Fundación XUA Energy, Julio César Vera, también destacó que la eventual transición requiere de un gobierno corporativo fuerte que blinde a la gestora regional de manejos e intereses políticos errados. Por eso, advirtió sobre la falta claridad del destino de los activos, pasivos y patrimonio actuales, así como del mecanismo para responder por las deudas con generadores y prestadores de servicios.

En definitiva, los expertos consultados por CAMBIO coinciden en que la propuesta con la que Barranquilla y el Atlántico buscan tomar el control de Air-e debe superar una serie de dificultades técnicas, económicas, jurídicas y operativas. En ese sentido, destacaron que se trataría de un proceso a largo plazo que apenas empieza a encenderse y necesitaría bastante tiempo para ver la luz.