Air-e

Durante la intervención de Edwin Palma —hoy ministro de Minas y Energía— en Air-e, se firmaron acuerdos de pago millonarios para cubrir deudas del pasado, se restringió información financiera clave y el auditor externo terminó sin poder verificar las cifras de la empresa. Documentos conocidos por CAMBIO, que hoy reposan en la Fiscalía, revelan decisiones que comprometen el manejo de los recursos de la compañía intervenida.

Tras años de intentos fallidos para estabilizar el servicio eléctrico en la costa Caribe, el centro de estudios Fundesarrollo presentó una propuesta que replantea el modelo desde la base. La iniciativa promueve un esquema ajustado a las realidades económicas y sociales de la región para superar las soluciones temporales que han agudizado la crisis. ¿En qué consiste?

Aunque la Superservicios ha logrado reducir las tarifas de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira, el proceso de intervención de Air-e no ha mejorado la situación financiera de la empresa. ¿Cuáles son los problemas de la empresa intervenida y sus riesgos para todo el sector energético?

El plan del Ejecutivo busca cerrar la operación de la intervenida Air-e y que la estatal Gecelca asuma la prestación del servicio de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira.

CAMBIO revela facturas que prueban que la empresa fabricante de los transformadores de energía vendió los aparatos al consorcio SEC por un precio muy inferior al que este se los vendió a Air-e. Los documentos probarían que el esquema de tercerización de compras creado por el hoy ministro Palma sólo sirvió para adquirir más caros los materiales.

El alcalde de Barranquilla y el gobernador del Atlántico enviaron una carta al presidente Gustavo Petro en la que proponen que sus administraciones asuman el manejo de la empresa. CAMBIO habló con expertos del sector para conocer las implicaciones y el alcance de la iniciativa.