¿Un nuevo Electricaribe? Tras más de un año de intervención la Superservicios no logra enderezar a Air-e

En la costa Caribe hay una deuda histórica con los usuarios de energía. Millones de personas viven con un servicio deficiente, mientras que miles de familias y negocios acusan cobros exagerados en sus facturas.

La historia se está repitiendo y por eso, hace 14 meses, el 12 de septiembre de 2024, la Superintendencia de Servicios Públicos y Domiciliarios tomó posesión de la empresa Air-e, encargada de prestar el servicio de energía a 1,3 millones de usuarios —hogares, pequeñas empresas, entidades o industrias— en 57 municipios de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

En su momento, la Superintendencia aseguró que el objetivo era “recuperar la empresa, resolver los problemas financieros que tiene y satisfacer las necesidades de los usuarios”, pero a más de un año de intervención la compañía está lejos de solucionar sus problemas en la prestación del servicio, y las cuentas de la empresa están aún peor y acumulan deudas billonarias. Incluso, la entidad habló inicialmente de un proceso inicial de aun año. 

En septiembre del año pasado, cuando la Superservicios decidió hacerse cargo de Air-e, la entidad se comprometió a verificar la situación operativa, financiera, comercial y la información clave de la empresa. También anunció que trabajaría en un plan de choque para que los ciudadanos empezaran a ver los resultados de esta intervención.

“No queremos otro Electricaribe: aspiramos a no volver a cometer los mismos errores y estudiar las soluciones con mucho juicio y rigor. Vamos a hacer un cambio estructural para resolver la crisis energética del Caribe”, puntualizó el superintendente que había en ese entonces, Dagoberto Quiroga Collazos, quien nombró como agente interventor al ingeniero eléctrico Carlos Arturo Diago.

Desde entonces, por Air-e han pasado tres superintendentes y cuatro agentes interventores, y no es clara su situación financiera como tampoco el futuro de la compañía.

El problema energético de la costa Caribe

Los siete departamentos que conforman la región Caribe concentran el 44 por ciento de las personas en condición de pobreza energética en el país, según datos del último Índice Multidimensional de Pieza Energética (IMPE), que cada año presentan Promigas y la firma Inclusión. Y los tres departamentos en los que funciona Air-e suman 1,3 millones de personas en esa condición.

El servicio de energía en la región ha estado marcado tradicionalmente por varios retos. A los altos niveles de pobreza y de pobreza energética se suma un consumo más alto de electricidad que en otras regiones, ya que dadas las temperaturas de la costa se necesita de mayores sistemas de enfriamiento. Por simple lógica, el consumo y por ende sus costos son más altos. A todo esto se suma el hecho de que en el Caribe las redes se desgastan más rápido por la corrosión que genera el agua salada. 

Esta compleja receta generó que, por años, las empresas de energía departamentales tuvieran complicaciones financieras y también que varias incumplieran con sus contratos. Por eso a finales de los años 90 se creó una gran empresa privada para toda la región que agrupó a las electrificadoras de todos los departamentos del Caribe: Electricaribe.

Pero Electricaribe tampoco solucionó los problemas de la región y sí cargó por años los problemas financieros de las empresas departamentales hasta que, en 2017, fue intervenida por la Superservicios y en 2020 se decidió dividir el mercado en dos y nacieron dos nuevas empresas: Afinia y Air-e.

Pero el ‘borrón y cuenta nueva’ tampoco funcionó. Las deudas y los problemas persistieron y por eso el año pasado Air-e solicitó la intervención y en septiembre del año pasado el Ministerio de Minas y Energía autorizó a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para que la Superservicios iniciara el proceso de intervención de la empresa. En su momento, el Gobierno aseguró que Air-e tenía deudas superiores 1,8 billones de pesos.

“Air-e lamentablemente se quedó sin aire. Se requieren recursos por parte del Gobierno para honrar los compromisos las deudas son altas y tener recursos también para una operación estable que puedan invertir y seguir mejorando calidad”, le dijo a CAMBIO José Camilo Manzur, presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis).

Según datos de dicha asociación, la mayoría de los subsidios de energía que reciben los usuarios de estratos 1, 2 y 3 en el país, entre 40 y 45 por ciento se destinan a la región. Pero para Manzur, la situación con la que ha cargado la región Caribe en los últimos 30 años es crítica y, a su parecer, no se podrá solucionar si no se logra un apoyo financiero del Estado.

Las medidas de la Superservicios

Durante más de un año, la entidad ha estado al frente de Air-e, tiempo en el que ha emprendido una larga cadena de acciones y ha visto varios relevos en los funcionarios a cargo del proceso. Entre las primeras medidas, a los pocos días de la intervención, la Superservicios suspendió el cobro de la opción tarifaria para usuarios de Air-e, con el objetivo de disminuir el cobro de las tarifas que pagan los usuarios.

En enero de este año, ya con Yanod Márquez como superintendente y el actual ministro, Edwin Palma, como agente interventor, la entidad emitió una resolución en la que estableció la modalidad de toma de posesión de la empresa “con fines liquidatorios”, incluyendo una etapa de administración temporal para adoptar las medidas necesarias para fortalecer la empresa y “garantizar la continuidad de la prestación del servicio como un derecho”.

Según concluyó entonces la Superintendencia, tras un informe diagnóstico, Air-e presentaba un deterioro financiero y operativo con indicadores financieros negativos por cuatro periodos consecutivos y una caja limitada con atrasos en pagos a proveedores que limitan la operación.

Con el nombramiento de Palma como ministro a finales de febrero, llegó otro relevo en el proceso, y en marzo se designó otra agente interventora, Diana Bustamante. Ese mismo mes, la entidad le solicitó a las generadoras suministrar energía a la empresa intervenida Air-e “haciendo honor al principio de solidaridad estipulado en la Ley 142/94, la que regula los servicios públicos domiciliarios”.

En mayo, la Procuraduría General de la Nación calificó como “insuficiente” el informe que le presentó la Superservicios sobre la intervención de Air-e y aseguró que fueron “más dudas que respuestas” las que dejó la entidad.

“La Superservicios no fue clara en sus explicaciones ni sustentó con suficiencia los informes financieros solicitados por el organismo de control; tampoco entregó datos concretos de las deudas a los acreedores ni del seguimiento que ha hecho a la empresa luego de haber sido intervenida”, dijo el ente de control en su momento.

En junio llegó otro agente interventor, Nelson Javier Vásquez, y con él el Gobierno anunció que los ministerios de Minas y Energía y de Hacienda, junto a la Superintendencia, estaban trabajando en una solución para la empresa de energía Air-e, que integrara el programa Colombia Solar, una estrategia gubernamental para dotar de paneles solares a usuarios de escasos recursos.

Así, un mes después, la Superintendencia anunció que estaban avanzando junto con el agente interventor en desarrollar una hoja de ruta para la solución empresarial, con acciones como optimización en sus procesos internos, así como un plan de mantenimiento, refuerzo y expansión de redes, y la creación de granjas solares.

En agosto de este año llegó otro superintendente, Felipe Durán, y para el aniversario de la intervención la empresa resaltó que había logrado su objetivo: asegurar la prestación continua del servicio de energía en la región. La Superservicios destacó que se lograron reducciones en las tarifas de los usuarios, y que gracias a una resolución que emitió la Creg a finales del año pasado, también se redujo la exposición a bolsa de la empresa, mientras que se reforzó la contratación directa de energía.

“La Superintendencia reafirma que el propósito de la intervención en Air-e no es la rentabilidad empresarial, sino la prestación de un servicio de calidad, con continuidad y estabilidad”, dijo la entidad.

Además, a inicios de octubre la Superintendencia sacó pecho e informó que durante el año de intervención logró una reducción de 25 por ciento en la tarifa de energía para los usuarios de Air-e, pues el kilovatio pasó de 1.072 pesos por hora en agosto de 2024 a 796 pesos por hora en su factura del mes.

Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones de Colombia (Andesco), comenta que si bien es cierto que se ha dado una reducción en las tarifas, pues se han tomado medidas y se han eliminado cobros de las facturas, también es cierto que el precio de energía en bolsa ha bajado en el último año, y eso también ha ayudado a la reducción de las tarifas.

“Esto no es buena gestión, porque por el contrario se ha aumentado la deuda y no se han hecho inversiones y eso no será sostenible en el tiempo. Se va a repetir un Electricaribe”, advierte el dirigente gremial.

Las preocupaciones del sector

Varias voces del sector cuestionan que las cuentas financieras de la empresa no son claras, y que Air-e podría estar peor hoy que antes de su intervención.

Según las funciones legales establecidas para la Superintendencia de Servicios Públicos, la entidad aclara que la dirección de Entidades Intervenidas y en Liquidación coordina, hace seguimiento y monitorea los procesos de toma de posesión dando prioridad a la prestación de los servicios a sus usuarios. Y en esos procesos la entidad no coadministra, ni es responsable de la administración de la empresa en toma de posesión. Pero para varias voces del sector, la toma de posesión que hizo la Superintendencia no ha solucionado los problemas de Air-e.

“La primera responsabilidad de la Superintendencia cuando interviene una empresa es garantizar su normal funcionamiento dentro del mercado en que funciona. Pero en eso ha sido totalmente ineficaz la gestión”, opina Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg)

Castañeda comenta que, al momento de la intervención, la empresa tenía una deuda de alrededor de 700.000 millones de pesos con el sector eléctrico y cuestiona que, a un año y dos meses de esa intervención, se haya generado otra deuda de casi 1,6 billones de pesos.

“Para mí la gestión ha sido totalmente eficaz por parte de la Superintendencia. Han sacado medidas para decirle al sistema que no puede dejar de venderle energía a la empresa, así no pague, pero por circular nos lo dijeron y eso no funciona así en ningún lado”, dijo Castañeda.

Sin contar otros pasivos que pueda tener la empresa, las deudas de Air-e con otros agentes del sector energético ascienden hoy a más de 2,3 billones de pesos. “Hemos revisado cuánto le deben a los generadores térmicos, a los proveedores, a la cadena de transmisión, y lo que vemos es que las deudas se han disparado por el mal gobierno del proceso”, comentó también Camilo Sánchez, el presidente de Andesco.

Según la Comisión Accidental de Seguimiento a la intervención de Air-e, las deudas podrían rondar los 3,6 billones, pero tampoco hay un cálculo oficial. Ahora el Gobierno baraja otra opción: el ministro Palma dijo hace unos días que Air-e no volverá a sus antiguos dueños y que el Gobierno está estudiando un plan que busca que la gestión la asuma Gecelca, una empresa estatal de generación y comercialización de energía eléctrica y gas natural.

“Con el discurso que están manejando, de que la empresa no debe ser rentable, lo que va a suceder a mediano plazo es que se convertirá en una vena rota en el mercado y luego será impagable, como ya ha pasado antes con otras compañías en la región”, cuestionó Sánchez, quien insistió en que el Gobierno debería enfocarse en priorizar recursos del presupuesto general de la nación para tratar de mitigar el impacto que puede tener la situación de Air-e en todo el sector.

El problema de la prestación de energía en el Caribe parece una deuda de nunca acabar y el servicio no satisface a los usuarios. Air-e lleva más de un año bajo posesión de la Superintendencia, y si bien la entidad señala alivios claros en las facturas de los usuarios, el sector percibe que la empresa es una bomba de tiempo, y que no solo podría repetir una historia que ya conocen en la región, sino que podría terminar afectando también a todo el país.