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Poder

Colombia asume su responsabilidad en el magnicidio de Carlos Pizarro

La congresista e hija del líder político, María José Pizarro, expresó su satisfacción con el avance del caso. También aseguró que su padre no fue víctima de la guerra ni de su pasado, sino de la decisión de apostar por la paz.

Por: Juan David Cano

En un acto histórico de reconocimiento, el Estado colombiano admitió por primera vez su responsabilidad en la ejecución extrajudicial del excandidato presidencial y líder del M-19, Carlos Pizarro Leongómez, quien fue asesinado el 26 de abril de 1990.

La aceptación de responsabilidad se dio en una audiencia celebrada durante el 191 período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, Estados Unidos.

La ceremonia contó con la presencia de familiares cercanos de Pizarro, entre ellos su hija, la congresista María José Pizarro, quien durante años ha luchado por la justicia y la verdad en torno a la muerte de su padre.

Este crimen, que ocurrió cuando Pizarro se encontraba en un vuelo comercial de Bogotá a Barranquilla, fue ejecutado por Andrés Gutiérrez Uribe, un sicario entrenado por los paramilitares, quien disparó contra el líder político.

El acto estuvo encabezado por César Palomino Cortés, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, quien, en nombre del Gobierno colombiano, reconoció que este crimen fue llevado a cabo no solo por grupos paramilitares, sino también por miembros del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

“Se encuentra probado que en la ejecución extrajudicial de Pizarro Leongómez están involucrados no solo grupos paramilitares, sino también agentes del Estado; particularmente, miembros del extinto DAS, que entre otras cosas eran responsables de protegerlo”, afirmó Palomino Cortés durante la audiencia.

La implicación de funcionarios del DAS en el crimen se hizo evidente cuando Jaime Ernesto Gómez Muñoz, uno de los escoltas de Pizarro, mató a Gutiérrez Uribe, el sicario, presuntamente para encubrir el asesinato y evitar que se esclarecieran los responsables.

María José Pizarro expresó su dolor y su satisfacción con el avance del caso: “Hoy, el Estado de Colombia reconoció ante la CIDH su responsabilidad internacional por el asesinato de mi padre, (...) por las vulneraciones a los derechos humanos ocasionadas a las hijas, hijo y demás familiares, a nuestro derecho a identidad y protección en tiempos de guerra, así como el derecho a la paz y a la democracia en Colombia”, afirmó.

La congresista recordó que su padre no fue víctima de la guerra ni de su pasado, sino de la decisión de apostar por la paz y la democracia, al firmar los acuerdos con el gobierno como parte del M-19. “Mi padre no lo mató la guerra, lo mató la paz. La paz, para mí, fue profundamente dolorosa. De alguna manera he tenido que autorrepararme en el camino en estos 34 años”, dijo.

La muerte de Pizarro se sumó al magnicidio del líder de la Unión Patriótica, Bernardo Jaramillo Ossa, también en 1990, en un contexto de creciente violencia política que intentó silenciar a los líderes opositores.

En su intervención, el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado también reconoció que el proceso judicial relacionado con el magnicidio de Pizarro sufrió dilaciones significativas, lo que afectó el derecho de la familia a la verdad. Como parte del reconocimiento de responsabilidad, el Estado colombiano expresó su compromiso con la reparación integral de las víctimas.

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