¿Es comparable el escándalo de la UNGRD con el proceso 8.000?

La serie de revelaciones sobre los presuntos actos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) continúa aumentando. A pesar de la gravedad en ascenso, estos hechos parecen no generar tanto interés entre los ciudadanos. La explicación a esto puede ser que, en un país donde hay tantos escándalos de corrupción, la gente lo perciba como uno más.

Sin embargo, a medida que avanzan las investigaciones, se evidencia la responsabilidad de figuras políticas relevantes, y la dimensión del caso parece comparable a otros de gran magnitud que pusieron en dificultades a presidentes anteriores.

En este apartado está el proceso 8.000, un caso judicial que por poco tumba de la Presidencia a Ernesto Samper Pizano (1994-1998). En su momento, se investigó la responsabilidad de Samper en el ingreso de al menos 6 millones de dólares provenientes del cartel de Cali para financiar su campaña.

El caso de la UNGRD involucra la supuesta compra de votos de parlamentarios claves para aprobar las reformas sociales presentadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Son comparables estos dos hechos?

Las noticias recientes sobre lo ocurrido en la UNGRD muestran indicios de un entramado de grandes proporciones. De hecho, este martes, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal y llamó a indagatoria a cinco congresistas y a un excongresista por su presunta participación en el caso.

Se trata de los congresistas:

• Liliana Esther Bitar Castilla (Partido Conservador)
• Juan Pablo Gallo Maya (Partido Liberal)
• Wadith Alberto Manzur Imbett (Partido Conservador)
• Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal)
• Karen Astrith Manrique Olarte (Curul de Paz)
• Juan Diego Muñoz Cabrera, excongresista (Partido Alianza Verde).

Congresistas, bajo la mira

Ellos, que son investigados por el presunto delito de cohecho impropio, forman parte de las comisiones económicas y, según la Corte, “a cambio de avalar las operaciones de crédito, habrían acordado dádivas correspondientes a proyectos de la UNGRD que se ejecutarían en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y en Carmen de Bolívar (Bolívar)”.

Según la información, esos acuerdos se habrían hecho con el conocimiento del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. A esta lista se suman los expresidentes del Senado y de la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, quienes también fueron citados a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia. Ambos enfrentan investigaciones formales por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación en favor de terceros.

Según la Corte Suprema, ambos legisladores supuestamente se comprometieron a impulsar las reformas del Ejecutivo que estaban en trámite en el Congreso a cambio de pagos en efectivo, aparentemente, hechos por Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD.

Name y Calle habrían usado los dineros recibidos para la financiación de algunas campañas regionales en las elecciones del 29 de octubre de 2023. También deben responder quienes se beneficiaron de estos pagos.

En las últimas horas, además, se supo que, en línea con esta tesis, la Corte citó a María Clara Name, concejal de Bogotá e hija del senador Name; a Gabriel Alberto Calle Demoya, alcalde de Montelíbano (Córdoba), y a Gabriel Enrique Calle Aguas. Estos dos últimos son, respectivamente, el padre y el hermano del expresidente de la Cámara Andrés Calle.

De un escándalo de corrupción a otro

Con todos estos elementos, aunque eventualmente se pruebe la inocencia de los implicados, no se percibe en el ambiente nada parecido al caso del 8.000. En aquellos años, los colombianos seguían las decisiones de la justicia con ansiedad; el presidente y su ministro estrella, Horacio Serpa, se defendían día y noche. Las familias se dividían entre quienes creían que Samper era culpable y quienes pensaban lo contrario.

“El proceso 8.000 ocurrió hace tres décadas y su origen fue la financiación ilegal del narcotráfico a una campaña presidencial. Creo que la dimensión en este caso es diferente, aunque, por supuesto, no deja de ser escandaloso. El 8.000 podría compararse con el proceso de infiltración de la parapolítica en 2006, pero no con el de la UNGRD”, dijo Ana María Escandón, máster en Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

A su argumento, Escandón añadió que la investigación apenas comienza, y aún se sabe poco, de ahí que el impacto en la sociedad sea reducido. A medida que la justicia avance y se conozcan los hechos y los responsables, sin duda habrá un impacto en las elecciones al Congreso del próximo año, pronosticó.

El analista Gabriel Cifuentes dijo que se trata de dos procesos muy distintos, por lo que, “así se pretenda comparar el proceso 8.000 con este, su dimensión e impacto no son iguales”.

¿Por qué? “En el 8.000, el ministro estrella del gobierno confesó, después de que se hicieran públicos los narcocasetes, que el gobierno de Samper había recibido dinero del cartel de Cali. Por esos días, en que la guerra contra los carteles era uno de los principales causantes de la violencia. Lo bochornoso de ese episodio, además de la entrada probada y confesa de dineros del narcotráfico a la campaña presidencial, fue el lamentable juicio político y el bloqueo durante cuatro años del gobierno por cuenta de ese escándalo”, argumentó Cifuentes.

El analista aseguró que, en el caso de la UNGRD, el proceso sigue en investigación, y si bien dos altos funcionarios han confesado, todavía está lejos de involucrar directamente al presidente.

Hasta ahora es una investigación

Es más, la confesión aún está siendo objeto de estudio, de verificación y, sobre todo, del análisis del alcance que pudo haber tenido. Ahora, estas son las diferencias, pero eso no significa que el caso de la UNGRD no sea de suma gravedad y una mancha profunda para el Gobierno, añadió Cifuentes.

Por eso, dijo que de esta no saldrán a punta de narrativas, eufemismos o espejos retrovisores. Lo que se está conociendo es un entramado de corrupción del más alto nivel para tramitar proyectos en el Congreso y desviar recursos de emergencias, justo en un país que tanto los necesita y de una entidad ya cuestionada en el pasado.

No basta con señalar a los dos culpables confesos; aún está pendiente el juicio de responsabilidad política sobre el alto Gobierno, que designó en cargos clave a personas sin experiencia y cuestionadas, y desde los círculos más íntimos de Palacio se le dio un manejo oscuro, contrario a la promesa de campaña de transparencia y responsabilidad con los recursos públicos, afirmó.

“No sorprende que los colombianos hayamos normalizado la corrupción ni las investigaciones que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra los senadores y representantes a la Cámara. Hemos normalizado los casos de corrupción y denuncias como las que involucran a miembros del Congreso que reciben coimas de contratistas o dinero, como se denunció en el caso de la UNGRD”, dijo Gonzalo Araújo, máster en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Salamanca en España.

“Cuando vivimos el escándalo del 8.000, la sociedad condenó los hechos de corrupción y hubo unidad en cuanto a las consecuencias. Lo mismo sucedió en su momento con la yidispolítica, pero desde Odebrecht hasta hoy, parece que la corrupción se ha vuelto paisaje”, aseguró este experto.

La larga lista de congresistas salpicados

En efecto, desde el año 2020, al menos 31 congresistas colombianos han sido investigados por diferentes casos de corrupción, en especial por temas de contratos irregulares, desfalcos y delitos electorales. Los casos son supervisados principalmente por la Corte Suprema de Justicia, que se encarga de los juicios a funcionarios públicos de alto rango, incluyendo a congresistas.

Para Araújo, aunque es muy relevante lo que hace la Corte Suprema en relación con las denuncias de la UNGRD, no parece que esto tenga mayores implicaciones políticas, pues desde hace mucho tiempo los hechos de corrupción carecen de implicaciones políticas relevantes o de consecuencias para la responsabilidad de los implicados.

Lo que se está viviendo con los congresistas, dijo el analista Pedro Viveros “es una etapa procesal con mensaje político, porque cuando la Corte llama a este tipo de indagatorias es señal de que tiene muchos elementos fácticos sobre el caso y del posible involucramiento de los parlamentarios llamados por este alto tribunal en el escandaloso caso de la UNGRD”.

Viveros opinó que la situación comienza a asemejarse con el impacto que tuvo el proceso 8.000. En esta oportunidad, las implicaciones políticas se suman a otros hechos explosivos ocurridos durante este periodo presidencial, lo que eleva las consecuencias por tratarse de un proyecto político liderado por el presidente Petro, quien hizo su carrera bajo el concepto de luchar contra la corrupción.

Aquí es donde este tipo de investigaciones van a repercutir de forma importante en el trámite de las reformas en el Congreso y en la campaña política que está a la vuelta de la esquina.

Carlos Arias, docente de la Universidad Javeriana, cree que el impacto político podría ser mayor de lo que hemos visto, considerando que los congresistas citados pertenecen no solo al Pacto Histórico, sino también a otros partidos que en el primer año de este Gobierno formaban parte de la alianza que sacó adelante la reforma económica.

Sin embargo, su percepción es que hay tantos y tan graves problemas hoy en el país, no solo por la crisis invernal, sino por la corrupción demostrada en otras entidades, escándalos de nepotismo, el fracaso de la Paz Total que hoy tiene a exparamilitares como Hernán Giraldo expulsados del proceso de justicia y paz tras confirmarse que ingresaron a menores de edad a las cárceles para ser abusadas, la caída en las acciones de Ecopetrol y la mala gestión de su presidente, entre muchos otros casos, que la UNGRD ha dejado de ser el foco de atención.

Por esa razón, aseguró, no genera la zozobra del caso 8.000. Además, Olmedo López, al igual que Sneyder Pinilla, exoneraron al presidente de cualquier responsabilidad y señalaron que este no tenía conocimiento, algo difícil de creer, pero así lo dejaron en sus testimonios, puntualizó este docente.

La Corte Suprema de Justicia, entre tanto, sigue trabajando. Entiende la responsabilidad que implica esta investigación en la coyuntura actual del país y seguramente habrá resultados significativos y en ese momento se podrá sacar una conclusión precisa.