No hubo acuerdo en la Corte en el debate sobre el veto al aguardiente: ¿qué sigue?

La Sala Plena de la Corte Constitucional no llegó a un acuerdo sobre uno de los debates que más interesan a los departamentos en este momento: qué va a pasar con la posibilidad que hoy existe, gracias a una ley, de vetar la llegada a los territorios de aguardientes que se produzcan en otros departamentos.

Esa facultad de veto está en el artículo 28 de la Ley 1816 de 2016 y se creó como una forma de proteger el aguardiente nacional. Esa es la norma que usó Cundinamarca para frenar la llegada del aguardiente Amarillo de Manzanares que produce la Licorera de Caldas y fue demandada ante la Corte Constitucional por Pablo Felipe Robledo, exsuperintendente de Industria y Comercio, quien ha sido abogado de la Licorera de Caldas.

La Sala Plena estudió una ponencia que presentó el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, pero no se obtuvo la mayoría requerida para ser aprobada. Dado que la magistrada Cristina Pardo está impedida y no hubo mayoría, la Sala designó a un conjuez para resolver el asunto.

En ese sentido, esta discusión ya quedó aplazada para 2025. CAMBIO pudo establecer que la Sala estudió la posibilidad de eliminar ese poder de veto, lo que implicaría un cambio importante en el mercado del aguardiente. En este debate, no obstante, sólo Caldas como departamento se mostró de acuerdo con esta postura.

Los otros departamentos y licoreras piden mantener el veto como una forma de proteger el mercado territorial del aguardiente y para asegurar las utilidades que genera. Cundinamarca, por ejemplo, dijo que los ingresos por la venta de aguardiente en el departamento entre 2014 y 2023 ascienden a 1,5 billones de pesos y señaló que las utilidades de la Empresa Licorera de Cundinamarca en ese periodo fueron de 230.454 millones de pesos.

“No contar con medidas que permitan la protección del aguardiente local implicaría condenar a la gran mayoría de licoreras departamentales a la extinción y esto no es porque tales empresas sean ineficientes, sino en razón a mecánicas del mercado: les resulta imposible competir con empresas con presupuestos muy superiores”, dijo el gobernador Jorge Rey.