Augusto Ocampo será el nuevo ministro de Justicia: trayectoria, perfil y retos

Eduardo Montealegre llegó al Ministerio de Justicia del Gobierno de Gustavo Petro en junio pasado y, solo cuatro meses después, el primer mandatario solicitó su renuncia al alto cargo. El actual secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo Camacho, será el encargado de asumir las funciones de la cartera en la recta final del periodo presidencial.

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En la carta con la que presentó su renuncia, Montealegre envió desde París a Petro una advertencia clara: “Cuídese mucho: en Palacio hay traidores que acechan con dagas peligrosas”. Un par de horas después, el presidente aceptó la salida de quien lideró iniciativas como la Asamblea Nacional Constituyente y el proyecto de Ley de sometimiento.

El presidente Petro inició el pasado 27 de octubre una gira por Oriente Medio que se extenderá durante una semana como parte de su agenda diplomática programada para el cierre de 2025. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, fue entonces quien aceptó con su firma la renuncia de Montealegre en cumplimiento de las funciones presidenciales delegadas.

Ante la vacante del Ministerio de Justicia en la recta final de su Gobierno, el jefe de Estado optó por designar como encargado a un funcionario con el que ha trabajado de cerca en los últimos meses. Desde su rol como secretario jurídico, Ocampo Camacho ha revisado y emitido conceptos sobre proyectos de ley que llegan a la Casa de Nariño y ha discutido con el primer mandatario la conveniencia o constitucionalidad de ciertas iniciativas.

En medio de la gira de Petro por Arabia Saudita, Egipto y Catar, el Gobierno nacional confirmó que Ocampo Camacho estará en el cargo hasta el nombramiento de un nuevo ministro de Justicia en propiedad. En ese sentido, el funcionario de la Presidencia desarrollará de forma temporal y simultánea las funciones asociadas a los dos cargos que ocupa actualmente.

El perfil y los retos de Augusto Ocampo, el nuevo ministro de Justicia

El nuevo encargado del Ministerio de Justicia se formó como abogado en la Universidad Católica y cuenta con una especialización en Investigación Criminal y formación en Derecho Procesal Penal. Además, también ha realizado estudios enfocados en Derecho Penal Internacional para adelantar sus funciones como secretario jurídico de la Presidencia.

En la hoja de vida de Ocampo se destaca su participación en procesos formativos sobre la construcción y trámite de casos dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Con esa formación especializada, el nuevo ministro de Justicia se desempeñó como director distrital de Asuntos Disciplinarios en la Alcaldía de Bogotá y Fiscal número 5 de la JEP.  

En el decreto de su designación, se indica que Ocampo cuenta con una amplia trayectoria en la rama judicial y ha orientado equipos en debates sobre decisiones judiciales. Como parte de su experiencia profesional, el nuevo ministro encargado se ha desempeñado como juez penal de circuito, magistrado auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura y conjuez del Tribunal Superior de Bogotá.

Antes de la llegada de Montealegre al cargo, Camacho asumió funciones como encargado entre mayo y junio de este año. Con la experiencia adquirida en la cartera, el jurista tendrá que asumir el reto de promover el trámite de la Asamblea Nacional Constituyente, realizar los ajustes sobre la propuesta de la convocatoria y presentar la iniciativa ante el Congreso para iniciar formalmente el proceso legislativo.

El nuevo ministro de Justicia también tendrá que liderar el trámite de la Ley de sometimiento, un proyecto clave para la iniciativa de Paz Total del Gobierno Petro. La cartera ya radicó la iniciativa, pero en el inicio de su trámite ha recibido alertas de entidades como la Defensoría del Pueblo por posibles afectaciones a los derechos de las víctimas y riesgos de inconstitucionalidad.

Como encargado de dirigir la cartera, Camacho también deberá fortalecer la articulación con la Fiscalía en la implementación de políticas de seguridad y justicia. Entre las medidas planteadas en su llegada al alto cargo, destacan la modernización del sistema penitenciario, reformas para aliviar el hacinamiento carcelario y consolidar mecanismos de justicia restaurativa en los territorios más afectados por la violencia.