'Al servicio de las AUC': La Corte Suprema condenó al exsenador Carlos Barriga a diez años de cárcel por vínculos con paramilitares

En la investigación de un nuevo caso de parapolítica, la Corte Suprema de Justicia condenó a diez años de cárcel al exsenador nortesantandereano Carlos Barriga por su relación con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), tras determinar que el congresista recibió dinero para promover su campaña y llegó al Legislativo con la promesa de favorecer los intereses de esa estructura armada.

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El alto tribunal encontró que el procesado mantuvo una alianza con el frente fronteras del Bloque Catatumbo entre 2002 y 2004 con el objetivo recibir el apoyo necesario para ocupar una curul en el Senado. Para la Corte, la estructura armada habría financiado parte de la campaña electoral de Barriga con el propósito de consolidar su poder armado en la región.

Las investigaciones permitieron establecer que el entonces senador del Partido Liberal se reunió con miembros de las AUC que operaban en Norte de Santander para consolidar los acuerdos ilegales. De hecho, la Corte validó pruebas sobre múltiples encuentros entre Barriga y Jorge Iván Laverde, alias el Iguano, cabecilla del frente fronteras de las AUC.

La Sala Especial de Primera Instancia encontró que el excongresista también habría logrado acuerdos con paramilitares a cambio de apoyo económico a las candidaturas de políticos de su círculo cercano. En esa estrategia ilegal, las Autodefensas lograron permear instancias estatales con la complicidad de ciertos sectores de la clase dirigente tradicional y la intimidación a comunidades vulnerables.

“Pese a que estaba al tanto que el grupo paramilitar actuaba al margen de la ley, se vinculó directamente con el comandante del frente fronteras que operaba en la región. Estos lazos tuvieron como propósito forjar alianzas criminales para favorecer el poderío de las AUC en el Norte de Santander, a cambio de la efectiva promoción de su carrera”, se lee en la decisión de la Corte Suprema.

Reuniones, fiestas y entrenamiento militar: los testimonios que vinculan a Carlos Barriga con las AUC

La Corte Suprema de Justicia detalló que el excongresista del Partido Liberal puso al servicio del frente fronteras de las AUC una finca de su propiedad conocida como La Isla. Durante la vigencia de la alianza, esa estructura armada acudía al predio para desarrollar entrenamientos paramilitares y almacenar el armamento utilizado en operaciones ilegales.

En la finca, ubicada en el corregimiento de Guaramito en Cúcuta, el frente de las AUC instaló un centro de entrenamiento para preparar acciones ofensivas en contra de la fuerza pública en la región. En ese sentido, el alto tribunal consideró que Barriga actuó con dolo debido a que facilitó recursos para que los miembros de la organización ilegal atentaran contra la autoridad estatal.

En su revisión del caso, la Sala Especial de Primera Instancia también encontró que el exsenador participó en parrandas y festejos con comandantes de las AUC durante su rol como congresista. En ese tipo de eventos, según los testimonios analizados por la Corte, Barriga consolidaba nuevas fases de la alianza y acordaba un mayor respaldo por parte de las estructuras paramilitares.

Con el objetivo de garantizar los votos requeridos para la llegada del político nortesantandereano al Congreso, las AUC ejercían intimidación en comunidades rurales y se encargaban de la logística de transporte durante la jornada electoral. De esta forma, el grupo armado aseguró la participación forzada o coaccionada mediante amenazas y presión con el propósito de mantener el control sobre la contienda.

Los testimonios analizados por el alto tribunal apuntan a que, una vez ocupó su escaño en el Senado, Barriga mantuvo sus relaciones con la organización ilegal para conseguir respaldo a otras candidaturas e incidir en administraciones locales. Así mismo, participó en encuentros clandestinos con comandantes paramilitares para discutir estrategias orientadas a consolidar el control territorial y proteger los intereses de la organización.

La condena en contra del exsenador del Partido Liberal Carlos Barriga

Durante el proceso, la Fiscalía presentó diversas pruebas para demostrar la cercanía y los acuerdos ilícitos entre Barriga y estructuras paramilitares de Norte de Santander. En la revisión del material consignado, la Corte Suprema encontró que las alianzas ilegales promovidas por el senador incidieron en el proceso electoral y afectaron su ejercicio político.

“El apoyo de la organización delictiva se dio mediante sumas de dinero para apoyar candidaturas simpatizantes al acusado, el traslado de los ciudadanos a puestos de votación con el propósito, bajo la intimidación, de sufragar a favor de la lista de la cual hacía parte y el uso de vehículos de propiedad de la estructura criminal”, explicó el alto tribunal.

En el desarrollo del proceso, la defensa de Barriga solicitó la suspensión condicional de la pena privativa de la libertad. Sin embargo, la Sala Especial de Primera Instancia consideró que las pruebas resultan suficientes para establecer la responsabilidad del exsenador del Partido Liberal en el delito de concierto para delinquir agravado durante su función pública.

El alto tribunal impuso a Barriga una pena de prisión de 120 meses y una multa equivalente a 3.999 salarios mínimos vigentes para la época en la que ocurrieron los hechos. Igualmente, estableció que el excongresista estará inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas durante los próximos diez años por su participación en actividades ilícitas entre 2002 y 2004.