El presidente Gustavo Petro desclasificó los archivos del DAS: firmó el decreto

Este viernes, el presidente Gustavo Petro, en representación del Estado, pidió perdón por la violación de derechos humanos y persecución contra el colectivo de abogados José Alvear Restrepo (Cajar) en la década de los noventa. El jefe de Estado también aprovechó este acto de reconocimiento para firmar el decreto con el que buscan desclasificar los archivos del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el organismo que estaba adscrito a la Presidencia y se encargaba de la inteligencia y contrainteligencia. 

“Ministro de Defensa (Pedro Sánchez) no es hasta junio, la desclasificación de los archivos del DAS comienza ahora”, dijo el jefe de Estado durante su intervención. 

Con este decreto, ahora se podrán conocer documentos reservados sobre archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del DAS, una entidad que hoy es recordada por prácticas irregulares, como las ‘chuzadas’, escuchas ilegales a quienes entonces consideraban enemigos del Gobierno, según organizaciones que defienden la justicia y los derechos humanos. 

Por ejemplo, en el caso de los hostigamientos a los integrantes del Cajar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) señaló en una sentencia de 2024 que integrantes del DAS recolectaron información, conservaron y persiguieron a los abogados que estaban investigando a integrantes de las Fuerzas Militares que tenían presuntos nexos con grupos paramilitares. 

“(…) Los propósitos perseguidos mediante las actividades de inteligencia emprendidas por el DAS no se dirigieron a la realización de fines legítimos, necesarios en una sociedad democrática, sino, por el contrario, a intereses particulares fundados en motivaciones meramente políticas, cuyo objetivo era minar la credibilidad del Cajar, contrarrestar y neutralizar sus acciones, dada la posición crítica que asumió frente a las políticas impulsadas por el gobierno de la época”, se lee en la decisión de la Corte IDH. 

Pero esas prácticas también se aplicaron para otros casos, como líderes sociales, políticos opositores, defensores de derechos humanos y periodistas. El mismo presidente Gustavo Petro fue acreditado por la Corte Suprema de Justicia como una víctima de las ‘chuzadas ilegales’ entre 2005 y 2007. 

El presidente mencionó que, si bien el decreto empieza a regir desde este momento, los documentos deben pasar por un proceso en el que los nombres de algunas víctimas no aparezcan, para protegerlos y a sus familias. 

Además, insistió en que el siguiente paso para el reconocimiento de la verdad de este país será la desclasificación de los archivos de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol). “El hecho fundamental para garantizar no repetición es la decisión del pueblo colombiano sobre qué gobiernos quiere tener: si gobiernos asesinos o democráticos (…) Si lo que queremos es verdad o que se oculte la verdad”, insistió.