Gustavo Petro: ¿de presidente a constituyente?

Con el sol a las espaldas, el presidente Gustavo Petro busca convencer a sus seguidores de que su ciclo aún no termina y que lo mejor está por venir. En el próximo cuatrienio, imagina, Colombia será escenario de una Asamblea Nacional Constituyente en la que él tendrá una silla para redactar una nueva Carta Magna.

“No veo razón para que no pueda serlo una vez termine su mandato”, le dice a CAMBIO Eduardo Montealegre, ministro de Justicia. “Es un conocedor de primera mano de la situación del país, una persona idónea y comprometida con el clamor del pueblo y sus luchas”, argumenta.

Y va más allá. Montealegre le revela, además, a CAMBIO que él también aspira a ser uno de los colombianos que escriba la nueva Constitución. “Y, por supuesto, espero también el voto para mi candidatura como delegatario a la Asamblea Constituyente”, asegura.

“No hay ninguna inhabilidad legal, así que creería que sí. De hecho, él ya ha manifestado su interés”, le dijo también a CAMBIO Armando Benedetti, ministro del Interior, sobre la posibilidad de que Petro ocupe uno de los escaños de una propuesta en la que más se trabaja en la Casa de Nariño.

Eso explica también la reconciliación, esta semana, de los dos funcionarios que incluso habían llegado a una guerra abierta en el chat interno de los ministros. El presidente Petro tuvo que intervenir para llamarlos al orden y pedirles que trabajaran coordinados. El desafío que tienen por delante es más importante que sus rivalidades.

¿Por qué un país con más de cien candidatos que prometen un futuro mejor empezó a hablar de este tema que parece del pasado? La explicación puede encontrarse en la reflexión que hacía Alfonso López Michelsen, quien solía citar una frase del estadounidense Harry Truman: los expresidentes eran como “muebles viejos”, buenos apenas para ser conservados en el cuarto de los trastos.

El expresidente Ernesto Samper Pizano también recurrió a una metáfora para ilustrar lo que les ocurre a quienes, después de haber tenido semejante poder, vuelven en soledad a sus cuarteles de invierno: “Somos como esos jarrones orientales que nadie sabe dónde poner, pero nadie se atreve a botar”. En menos de diez meses, Petro podría sentir la misma sensación.

A menos que logre su propósito y se convierta en la figura central de la Constituyente que él sueña. 

“Llevamos más de treinta años viendo el funcionamiento de la Constitución del 91 y creo que esa experiencia nos ha demostrado que hay instituciones que se están convirtiendo en un obstáculo para el cambio social y que necesitan un rediseño profundo”, argumenta el ministro de Justicia.

Un fantasma que acompaña a Petro

Aunque Petro ha invocado el fantasma de la constituyente durante su gobierno —después de haber asegurado en campaña que no lo haría—, esta semana le dio una forma más concreta y, de hecho, pidió comenzar la recolección de 2,5 millones de firmas para radicar un proyecto de ley que dé vía al mecanismo.

Petro no reconoce que lo hace para seguir siendo un actor imprescindible en la política nacional, sino porque, según él, esta es la única herramienta posible para realizar las reformas sociales prometidas y que no se han podido concretar, afirma, porque el Congreso las frenó.

Hace unos días, en una manifestación en el parque Murillo Toro de Ibagué, Petro justificó el llamado al afirmar que “el pueblo es el verdadero poder constituyente”.

Con su entusiasta presencia, el presidente sumó un eslabón más a la cadena de movilizaciones por distintos puntos del país, con escalas en Barranquilla, Cali y Bogotá. Sin embargo, considera que, aunque en estos escenarios ha sido acompañado por miles que lo aplauden con devoción, la movilización no puede quedarse ahí.

Por eso, en Ibagué dijo que es necesario actuar en el ámbito electoral para lograr los cambios que requiere el país: “¿Por qué no convocamos el poder constituyente? Eso se llama poder constituyente: el pueblo decide”.

Petro explicó que el proceso para convocar la Constituyente comenzaría con la creación de un comité promotor conformado por las fuerzas sociales, encargado de recoger las firmas. Con esas rúbricas se presentaría un proyecto de ley que reglamente la Asamblea, el cual sería aprobado por el próximo Congreso de la República.

La aclaración es importante porque en esta legislatura ya no pudo siquiera adelantar una consulta popular que le fue negada por mayoría en dos ocasiones.

Según el presidente, el Congreso deberá debatir y aprobar esa “ley del pueblo” sin modificarla, y después convocar a elecciones para elegir a los delegados de la Constituyente.

Petro ha procurado delimitar el alcance de la constituyente al aclarar que no se busca redactar una nueva Constitución, sino reformar los aspectos sociales que no fueron incluidos en la Carta de 1991, entre ellos la reforma agraria, medidas frente a la crisis climática y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas.

Una caja de Pandora

Se trata, aunque él no lo diga, de abrir una caja de Pandora, pues la realidad política puede ser otra. Porque, si bien él la quiere limitada, ¿quién podrá negarle a otros ciudadanos la posibilidad de revertir avances notables como el aborto, las consultas previas o los mecanismos creados en el Acuerdo de Paz, como la JEP? ¿Quién garantiza que Colombia no termine como Estados Unidos, donde una derecha fue mayoritariamente elegida para frenar avances democráticos, o como Chile, donde la gente se asustó ante tanto progresismo y le cerró la puerta?

Petro y sus ministros se tienen confianza y una lectura distinta. “Por tratarse de un proceso de iniciativa popular, será el pueblo quien decida el inicio de este trámite. No obstante, por el ambiente político actual, podría considerarse un evento inminente”, le dice a CAMBIO Montealegre.

“El pueblo de Colombia debe ponerse en modo Constituyente, y eso comienza recogiendo las firmas”, dijo el presidente en esa ciudad. “En el corazón de Colombia empieza la construcción del poder constituyente”.

Su propuesta cayó como un balde de agua fría entre varios aspirantes a la Presidencia. Un grupo de seis precandidatos —Juan Manuel Galán, Marta Lucía Ramírez, Enrique Peñalosa, Daniel Palacios, Carlos Felipe Córdoba y Mauricio Gómez Amín— manifestó de inmediato su rechazo a la iniciativa.

“Rechazar la Constituyente no es una opinión, es un deber. Es una defensa inquebrantable de la estabilidad institucional que Colombia ha construido con esfuerzo durante más de treinta años”, señalaron en una declaración conjunta. “La Constitución del 91 no es un obstáculo; al contrario, es el pilar de nuestra democracia y el garante de los derechos fundamentales de todos los colombianos”.

Para quienes siguen de cerca la realidad política nacional, la propuesta que a esta hora se está diseñando en Palacio encierra riesgos significativos, no solo por el proceso a seguir sino por el contenido que aborde.

Un Gobierno encampañado

La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente es un proceso reglado por la Constitución: no es un eslogan político ni está sujeta a interpretaciones caprichosas para obtener réditos electorales, advierte el analista Gabriel Cifuentes.

Según este experto, la Constitución es clara al determinar los pasos, procedimientos y requisitos. Este Gobierno puede iniciar los trámites: no hay límite legal para hacerlo e, incluso, en la interpretación más benevolente, podría considerarse un acto democrático. Sin embargo, cualquier intento en esa línea debe ajustarse a las normas, los estándares y la jurisprudencia constitucional.

Ahora bien, si ese llamado se hace con fines políticos y como mecanismo para contaminar el debate ante las próximas elecciones, su verdadero interés no sería convocar al pueblo para revisar y redactar una nueva carta política, sino convertirlo en una propuesta de campaña, lo que —considera Cifuentes— resulta “oportunista e irresponsable”.

“La Constituyente es una estrategia electoral y de movilización que le ha permitido al Pacto Histórico y al presidente Petro poner en agenda la Colombia que ellos consideran necesaria”, afirma Gonzalo Araujo, politólogo de la Universidad Javeriana y miembro de la firma de análisis estratégico Orza.

Para este experto, se trata de una visión unilateral de un grupo político, en un momento de profunda división que, naturalmente, contribuye a la polarización.

Y es que, según varios analistas, lo que se está cocinando en Palacio no es para bien del país en general, sino para satisfacer a un grupo político determinado.

La visión reformista y el discurso garantista del Gobierno buscan dirigirse a la base cautiva del 30 por ciento del electorado de Petro —que no es necesariamente la del Pacto Histórico— con el objetivo de transferirle los votos en las elecciones de 2026 y lograr que su discurso, más retórico que efectivo, siga resonando en el tiempo, argumenta Araujo.

Según él, los ministros Montealegre y Benedetti han decidido defender la propuesta, motivados por su trayectoria pública. Así, Araujo sostiene que Montealegre es, sobre todo, “un experto en acomodar las normas y en bailar al son del mejor postor; un mercader del derecho sin principios ni rumbo”. De Benedetti dice que “es un operador político que interpreta el sentimiento de su jefe y lo transforma en narrativa y discurso político”.

“Así las cosas, no sorprende que busquen romper el orden legal y constitucional, ni el presidente ni sus ministros”, sentencia este analista.

La explicación de los ministros

En conversación con CAMBIO, Benedetti explicó que la propuesta de convocar una Constituyente busca abordar solo algunos temas de la Constitución de 1991 que no se han desarrollado adecuadamente. Insiste en que esta nueva Constituyente no tendría como objetivo reformar toda la Constitución, sino tratar asuntos específicos.

“La idea sería una Constituyente de tres o cuatro meses, centrada en ciertos temas, porque está claro que al Congreso le ha quedado grande hacer algunas reformas”, afirmó.

El ministro detalló cómo sería el proceso para convocarla. “Primero hay que radicar el proyecto, luego salir a recoger firmas. Para eso, la Registraduría entrega los formularios, se recolectan las firmas —entre dos y seis meses— y se llevan al Congreso, donde el proyecto debe ser aprobado por mayoría absoluta”.

Una vez aprobado, se le pregunta al pueblo si quiere o no una Constituyente. “Después de eso vienen las elecciones de los delegados constituyentes, que es otro proceso aparte. Pero esta constituyente tendría un alcance limitado: solo abordaría temas como justicia, educación, salud y otros que el Congreso no ha querido reformar. También se incluirían aspectos relacionados con las consultas populares, para no hacer una reforma demasiado amplia”, explicó el ministro del Interior.

Y aunque se sabe cómo empieza una Constituyente, no cómo termina, el ministro tiene la convicción de que este caso será diferente. Por eso dice que muchas personas creen erróneamente que se trata de una nueva Constitución completa. “No, esto sería una constituyente de tiempo limitado —máximo tres meses— y enfocada en asuntos puntuales”.

“Con ella se busca hacer realidad la promesa de un Estado social de derecho pleno, que no solo reconozca, sino que también garantice los derechos fundamentales en la vida cotidiana, sin dejar de lado los derechos sociales y las necesidades materiales del pueblo”, agrega Montealegre. “Actualmente, amplios sectores de la población viven en una situación de inequidad permanente y han perdido la esperanza de cambio debido a bloqueos institucionales constantes”, subraya el ministro de Justicia.

Al ser consultado sobre si, una vez convocada, la Constituyente podría ampliar su alcance, Benedetti respondió: “No, no. Todo debe ceñirse al proyecto de ley que apruebe el Congreso, el cual define claramente los temas a tratar”.

El proceso contempla que, una vez aprobada la ley en el Congreso, se convoquen elecciones para que el pueblo decida si quiere o no la Constituyente, y posteriormente se elijan los constituyentes.

Será en el próximo gobierno

Respecto a los tiempos, Benedetti aclaró que este proceso quedaría en manos del próximo gobierno y del nuevo Congreso. “Este Gobierno solo avanzará en la recolección de firmas. Estamos en la etapa de elaboración del proyecto de ley y luego saldremos a recoger las firmas necesarias, que equivalen al 5 por ciento del censo, es decir, aproximadamente dos millones y medio”.

Cuando se le preguntó cómo evitar que la nueva Constituyente desplace al Congreso actual, como ocurrió en 1991, respondió: “Hoy existen muchas más barreras para evitar eso. Además, el proceso requiere que el Congreso apruebe el proyecto de ley, que el pueblo vote afirmativamente y que los constituyentes se elijan para tratar únicamente los temas definidos en ese proyecto”.

Técnicamente, lo que se necesita es que el Senado y la Cámara de Representantes aprueben una ley para consultarle a la ciudadanía acerca de la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Para la aprobación de la ley se requiere el apoyo de la mayoría de los integrantes de ambas cámaras. 

Por eso, Petro ha insistido en que los aspirantes a la Cámara y al Senado que se elijan ahora en marzo de 2026 por su colectividad deben estar sintonizados con esta propuesta.

Esa bandera la reclama Daniel Quintero, uno de los tres aspirantes del Pacto Histórico a la consulta interpartidista del 26 de octubre. “Si gano la Presidencia, cierro el Congreso y convoco a una Constituyente”, dijo a CAMBIO.

De labios para afuera, varios de los candidatos del Pacto aseguran que apoyan la propuesta de la constituyente y que es una bandera democrática a la que no hay que tenerle miedo. Cuando se les pregunta si, en caso de que se conforme la Asamblea, el Congreso podría entrar en receso como ocurrió en el 91, responden que llegar a ese punto es muy difícil.

Es el tema en Palacio

Sea como sea, si en Palacio siguen dándole forma a esta propuesta, en adelante el tema será el pan de cada día, porque Petro puede convertirlo en el asunto central de la campaña.

Y aunque entre sus seguidores genera aplausos, también es cierto que una Constituyente como respuesta a la frustración política ante el Congreso puede interpretarse como una forma de esquivar los pesos y contrapesos democráticos. 

Esto naturalmente debilita la legitimidad de las instituciones que deberían reformarse desde adentro. Por eso, buena parte de la institucionalidad —con la que Petro ha chocado en estos tres años de gobierno— no ve con buenos ojos la idea. Ni en las cortes, ni en los partidos tradicionales, ni entre los gremios ni los empresarios el tema despierta interés.

En el petrismo se argumenta que la crisis del país es muy profunda y que Colombia ha sabido dar un giro necesario cuando se requería. Lo que no se dice, por ejemplo, es que el momento histórico de 1991 —cuando se redactó la nueva Carta— fue otro: existió un consenso ciudadano, político e institucional sobre el funcionamiento de la Asamblea, para dejar atrás un país que el narcoterrorismo —que asesinó a cuatro candidatos presidenciales— había llevado al borde de convertirse en un Estado fallido.

Ahora, como dijo en su momento Antonio Navarro, único expresidente vivo de la Asamblea del 91 y quien conoce a Petro desde sus años de militancia en la juventud: “La salida de la crisis pasa por aplicar la Constitución actual a plenitud”. Todo lo demás es simple ruido político.