El caso del soldado Jhon Fredy Lopera Jaramillo: fue víctima de desaparición forzada y hasta hoy en la Fiscalía no hay avances
Hace año y medio, la familia y el abogado del soldado Jhon Fredy Lopera Jaramillo, desaparecido desde 1997 cuando prestaba servicio militar, llegó a una solución amistosa con el Estado colombiano: si bien ya se reconoció responsabilidad por el caso, aún no hay avance alguno para determinar qué pasó y quiénes son los culpables.
La Fiscalía General de la Nación tiene plazo hasta el próximo 4 de noviembre para informarle a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado si ha realizado algún avance en las investigaciones para hallar a los responsables de la desaparición forzada del soldado profesional Jhon Fredy Lopera Jaramillo, quien fue visto por última vez el 31 de octubre de 1997 mientras prestaba servicio militar obligatorio.
Jhon Fredy hacía parte del Batallón Militar de Ingenieros Pedro Nel Ospina y estaba asignado al fuerte conocido como El Cerro en Antioquia. Entró al Ejército el 21 de mayo de 1996 y su servicio debía terminar el 11 de noviembre de 1997. El joven que quiso voluntariamente hacer el servicio invitó a su familia a la ceremonia de clausura, pero ese día no fue feliz. La familia llegó y no encontró al joven.
Su familia recibió un llamado que les contaba que Jhon Fredy había desaparecido el 31 de octubre de 1997, pero el Ejército insistió en que desertó y lo condenó por ese delito. La familia lo buscó por años. Siguieron cuanta pista recibieron. “Si en 18 meses que llevaba prestando servicio militar no desertó, por qué lo iba a hacer faltando una semana”, dijo una de sus hermanas.
La justicia colombiana no hizo nada para descubrir la verdad de lo que le ocurrió a Jhon Fredy. Por eso, su familia, representada por el abogado Javier Villegas Posada, acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2009. Ese organismo internacional admitió el caso en 2020 y en 2024, la familia llegó a una solución amistosa con el Estado colombiano que implicó varias acciones: el Estado debía pedir perdón y reconocer responsabilidad, así como emitir un documental dignificando su vida, reabrir el proceso penal y emitir medidas en favor de la familia entre otros.
Hasta el momento, el Estado ha cumplido dos de estas medidas. El 4 de julio de 2024, en el Museo Casa de la Memoria de Medellín, el Estado pidió perdón por la desaparición del joven militar, restableciendo su nombre y dejando en claro que, como su familia alegaba, Lopera Jaramillo no desertó del Ejército. Además, la ANDJE produjo un documental de diez minutos sobre su caso que está disponible en YouTube.
Pero tras 28 años de dolor, el proceso penal en Colombia no avanza. Mucho menos la posibilidad de hallar sus restos para darles sepultura. En documento conocido por CAMBIO, la CIDH acreditó los avances en el cumplimiento de la solución amistosa y le advirtió que es un deber estatal “investigar de oficio y de manera diligente en la jurisdicción ordinaria los hechos y, de ser el caso, determinar las correspondientes responsabilidades penales en un tiempo razonable, de conformidad con los estándares internacionales”.
“Así mismo, la Comisión recuerda que esta obligación debe ser asumida por los Estados como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o como una mera gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o sus familiares, o de la aportación privada de elementos probatorios”, indicó.
Así, con la publicación del informe de seguimiento de la CIDH, la Fiscalía debe reportarle a la ANDJE qué ha hecho al respecto, para que la Agencia prepare el próximo informe que enviará a la CIDH sobre el cumplimiento de la solución amistosa que dice, de forma textual:
“La Fiscalía, en el marco de sus competencias dentro de las posibilidades legales, revisará las investigaciones iniciadas y continuará en caso de verificarse su viabilidad procesal y en aplicación de los principios de la debida diligencia; las actuaciones investigativas correspondientes”.
Lo que hace falta
Como se indicó, el Estado colombiano ya reconoció su responsabilidad internacional por omisión, por la violación del derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por la falta de diligencia en la investigación de los hechos sucedidos, lo cual impidió su esclarecimiento y la sanción de los responsables.
Además de hacer todo lo que sea posible para hallar a los responsables de la desaparición de Jhon Fredy, el Estado todavía debe cumplir con una serie de medidas de rehabilitación que se ordenaron en favor de la familia que buscan garantizar su atención médica, psicológica y psicosocial a través del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral para las Víctimas (PAPSIVI).
“Al proveer el tratamiento psicológico y brindar la atención psicosocial se deben considerar las circunstancias y necesidades particulares de cada persona, de manera que se les brinden tratamientos familiares e individuales, según lo que se acuerde con cada uno de ellos y después de una evaluación individual”, dice el acuerdo que también contempla una serie de indemnizaciones a los familiares.
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