¿Qué sanciones y problemas tendrán Gustavo Petro y su familia por la inclusión en la Lista Clinton?

La decisión de Washington de incluir al presidente Gustavo Petro, a integrantes de su familia y al ministro del interior, Armando Benedetti en la Lista Clinton activa de inmediato un régimen de sanciones y restricciones financieras para el mandatario colombiano. En la práctica, toda persona y empresa estadounidense tiene prohibido hacer negocios con los miembros del listado. Sin embargo, ¿qué alcance tienen exactamente esas sanciones?

CAMBIO consultó a expertos en relaciones internacionales y cumplimiento financiero para conocer las implicaciones de la decisión del gobierno de Donald Trump.

Las implicaciones inmediatas de la inclusión de Gustavo Petro y sus familiares en la Lista Clinton

Dorian Kantor, analista principal de Kantor Consulting con sede en Berlín y Bogotá, resume el corazón del régimen de sanciones: congelamiento de activos y corte de relaciones con el sistema económico dominado por Estados Unidos. “Si el presidente fue incluido en la Lista Clinton, las consecuencias serían dramáticas y desestabilizadoras. Todos sus activos en jurisdicción estadounidense quedarían congelados y los ciudadanos y empresas de Estados Unidos tendrían prohibido hacer negocios con él”.

Las afectaciones en la vida diaria para el mandatario y su familia

A su vez, Cristian Rojas, jefe del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, ilustró con ejemplos concretos la magnitud de la decisión en contra del mandatario colombiano. “Una persona que está incluida en la Lista Clinton no puede hacer transacciones ni tener negocios ni relaciones comerciales con empresas de Estados Unidos. No puede ni siquiera tener una cuenta de Uber para pedir un carro, no podría tener una tarjeta de crédito Mastercard o Visa, no puede utilizar PayPal, hasta tener una cuenta de Gmail puede ser un problema”, aseguró.

La advertencia no se limita a compañías con bandera estadounidense. Según el experto, empresas de otros países que prestan diversos servicios evitan personas que estén en la Lista Clinton. Rojas usa de ejemplo la restricción que se sufre en materia de movilidad internacional: “Las aerolíneas de Estados Unidos no van a transportar personas que están en la lista Clinton, pero las otras aerolíneas que están relacionadas con Estados Unidos sin ser de allí tampoco prestarían esos servicios”.

En suma, más allá del bloqueo financiero, se complica viajar, comprar tiquetes, contratar servicios digitales e incluso usar plataformas de pago y servicios en la nube de compañías con exposición regulatoria en Estados Unidos.

“Lista negra global”: el alcance extraterritorial y el golpe reputacional

Este efecto extraterritorial de la sanción es avalado por David Fernando Varela, profesor de relaciones internacionales de la Universidad Javeriana y doctor en asuntos internacionales de la Universidad Johns Hopkins. El rasgo definitorio es, de hecho, la extraterritorialidad de facto: “La inclusión en la Lista Clinton tiene efectos muy negativos. Su propósito es excluirla del sector financiero internacional. Es una especie de lista negra global, porque, aunque es americana, tiene en el fondo aplicación extraterritorial”.

El académico recuerda un caso regional para ilustrar el alcance práctico del veto bancario y de medios de pago: “las operaciones tuvieron que pasar a hacer operaciones en efectivo, no podían recibir tarjetas de crédito, porque ningún banco les expedía tarjetas de crédito”. Varela subraya, además, dos elementos clave: el primero es que no es un proceso penal, “es un proceso puramente administrativo”, y el segundo es que la salida de la lista (delisting) “puede tomar años e incluso no terminar”, con la carga de la prueba recayendo en el sancionado, es decir, esta vez sobre Petro, su familia y el ministro Benedetti.

Legalidad, cumplimiento y “bola de nieve”: cómo operan las prohibiciones

Esa carga sobre el sancionado es precisamente lo que lleva a que empresas extranjeras, aquellas que no son estadounidenses, eviten prestarle cualquier tipo de servicio, por miedo a las sanciones de Washington, explica Manuel Camilo González, profesor de relaciones internacionales de la Universidad Javeriana y la Universidad San Buenaventura. El aviso regulatorio, explica González, provoca la aversión al riesgo de bancos y corporaciones en múltiples países, por temor a ser considerados facilitadores de “actividades económicas ligadas con narcotráfico, crimen organizado, (o) financiación de grupos terroristas”. 

“Ciertamente, es grave porque lo que ocasiona es un costo reputacional”. E introduce un ángulo político-electoral en Estados Unidos: “El presidente Trump creo que buscaría capitalizar lo que está sucediendo con el juicio de Nicolás Petro por financiación ilícita de la campaña, una justificación que seguramente la administración tomará muy en cuenta”, concluyó González.

“El presidente Petro debería preocuparse, y no solo por lo personal”

A la pregunta de si esto es realmente grave o si el presidente podría estar tranquilo, las respuestas convergen entre los expertos. Para Rojas, aunque la investidura ofrece amortiguadores temporales, mientras sea presidente puede viajar en vehículos oficiales y operar con cuentas de la Presidencia, “después la vida se le hace muy difícil” en lo financiero, lo operativo y lo reputacional, explica el experto.

En paralelo, Varela insiste en que no hay atajos: el aislamiento financiero es global y el delisting es largo, incierto y no judicial. A su vez, Kantor advierte que, en términos geopolíticos, el golpe equivale a un terremoto político: “Nunca antes un aliado de Estados Unidos había visto a un presidente democrático en funciones incluido en esta lista, y hacerlo equivaldría a que Washington declarara a Petro ilegítimo”.