‘Recomendar no es tráfico de influencias’: Procuraduría se opone a la demanda que pide tumbar a David Racero
La Procuraduría General de la Nación le pidió al Consejo de Estado que no declare la pérdida de investidura del representante a la Cámara David Racero, quien fue demandado por la presunta repartición de puestos en el Sena paras sus allegados.
Por: Ana María Cuesta
El Consejo de Estado celebró este miércoles una audiencia pública de pérdida de investidura contra el representante a la Cámara David Racero Mayorga por presunto tráfico de influencias, por las presuntas irregularidades relacionadas con la repartición de puestos para allegados suyos en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).
En este proceso, que partió de una demanda del abogado Samuel Ortiz Mancipe, que a su vez se basó en informes del periodista Daniel Coronell, se señala a Racero de presuntamente feriar cargos en el Sena, con la colaboración de su tío José Luis Mayorga y el aval del director del Sena Jorge Londoño Ulloa.
Según el abogado Ortiz, Racero adelantó y gestionó “presuntamente los trámites que le interesaban a él y su tío, con la ayuda de Jorge Londoño Ulloa, director del Sena, con el fin de que fuera otorgado un cargo para ‘alguien de la causa’ y direccionar algunas OPS en la regional del Cesar ‘dejándole alguito a los verdes’, haciendo referencia al director del Sena, que pertenece a dicho partido”.
Entre las pruebas aportadas en el expediente se advierte que Racero logró la contratación de Katherine Mejía Támara, Adriana Betancourt Carvajalino, Rosa Elena Alvarado Mieles, Blanca Rosa Andrade Díaz y Félix Darío Racero Arévalo, tío del congresista, todos con contratos de aproximadamente 22 millones de pesos.
Procuraduría pide desestimar la demanda contra David Racero
La procuradora delegada Idayris Yolima Carrillo se pronunció a favor del congresista del Pacto Histórico, pidiéndole al Consejo de Estado que desestime la demanda presentada en su contra. La delegada insistió que “existen diferencias sustanciales entre la recomendación y el tráfico de influencias”.
“Del contenido de los audios antes referenciados no es posible extraer, de manera inequívoca, que para la condición de esos contratos el demandado hubiese invocado o puesto de presente su condición de representante ante el director general del Sena, o constreñido, razón por la cual el segundo elemento de la desinvestidura no se materializa”, afirmó Carrillo.
“El demandado menciona a un familiar como destinatario de un contrato a adjudicar, razón por la cual resulta pertinente hacer referencia a la distinción conceptual entre una recomendación y la causal sobre la pérdida de investidura por tráfico de influencias, conforme a la jurisprudencia de la sala plena del Consejo de Estado, que ha reiterado en varias oportunidades, que mientras la gestión implica acciones coordinadas, encaminadas a un logro, el tráfico de influencias, además de la gestión, lleva implícito el concepto de negociación. Por el contrario, la recomendación denota una sola actividad que tiene como único fin la presentación de una persona o negocio como adecuado para los intereses de quien recibe la acción”, añadió Carrillo.
“Para esta delegada, las pretensiones del demandante no estarían llamadas a prosperar”, añadió la exmagistrada del Consejo Nacional Electoral. “La sola existencia de vínculos contractuales de terceros, o la sola mención de escenarios políticos en estas conversaciones no es suficiente para configurar el influjo psíquico que caracteriza al tráfico de influencias” añadió Carrillo.
“No he cometido ningún acto ilegal ni irregular”
A su turno, el expresidente de la Cámara de Representantes David Racero, quien se presentó a la diligencia sin abogado, aseguró: “No he cometido ningún acto ilegal ni irregular, ni mucho menos he cometido ninguna falta que pueda adjudicarme el delito de tráfico de influencias debidamente comprobado”.
También hizo un llamado sobre la supuesta politización de la administración de justicia. “Politizar el sistema de justicia no le va bien, ni a aquellos que están detrás de estos escenarios, ni de ningún mecanismo de presión que pueda generarse sobre los magistrados”, expresó Racero.
La alta corte deberá valorar si las pruebas aportadas al expediente son suficientes o no para decretar la muerte política de Racero.
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