Alias Papá Pitufo reapareció en audiencia virtual y es acusado por liderar red de contrabando

Este 13 de noviembre, en una audiencia virtual, la Fiscalía acusó formalmente a Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir. Según el ente acusador, Marín habría liderado una red de contrabandistas que corrompió a funcionarios públicos mediante sobornos. 

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Marín se conectó a la audiencia desde Portugal, junto a su abogado, Édgar John Villamil, luego de que la diligencia hubiera sido aplazada en varias ocasiones. El llamado zar del contrabando no ha regresado a Colombia, pues meses atrás solicitó asilo político en Portugal, trámite que aún está siendo evaluado por ese país.

En la audiencia, la Fiscalía señaló a Marín de haber liderado, entre septiembre de 2023 y marzo de 2024, una organización criminal a nivel nacional dedicada a cooptar funcionarios públicos a cambio de dinero y dádivas. Según la entidad, en esta estructura habrían participado servidores y exservidores públicos de la Policía Nacional, específicamente de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), así como funcionarios de la Dian. 

“La finalidad de la organización criminal era la de cometer delitos contra la administración pública y el orden económico y social, cooptando funcionarios para facilitar actividades de contrabando y con ello lograr la introducción de mercancías de manera irregular a Colombia desde los principales puertos de Cartagena y Buenaventura, distribuidas a nivel nacional. Concretamente, el modus operandi de la organización estaría dirigido a intervenir las labores de los entes de control aduanero sobre las mercancías que se movilizaban dentro del territorio colombiano”, dijo la fiscal 44 especializada. 

El rol de Papá Pitufo, según la Fiscalía, consistía en contactar servidores públicos de la Policía Nacional directamente o a través de intermediarios, como primer acercamiento para corromperlos mediante promesas remuneratorias, entregas de dinero, dádivas o beneficios injustificados a manera de regalo. “Vinculándolos y cooptándolos a la red para que omitieran actos propios de sus funciones o cometieran actos contrarios a sus deberes oficiales dentro de las zonas que les correspondían monitorear, y con ello controlar las rutas nacionales, favoreciendo el ingreso de mercancías de contrabando –cigarrillos, licores, textiles y calzado–”, apuntó.

La Fiscalía explicó que, pese a los cambios en el personal de la Polfa para coordinar actividades de control en los puertos, Marín contactaba a los nuevos funcionarios y jefes de división, ofreciéndoles fuertes sumas de dinero y otros beneficios.

Según la investigación, Diego Marín Buitrago, a través de la organización, “tenía estipulado el pago de nóminas mensuales irregulares para los servidores públicos cooptados, que oscilaban entre los 3.500.000 pesos para patrulleros y 5 millones para oficiales”. También, entre los sobornos, figuraban pagos de arrendamientos, entrega de bienes de lujo –como automotores y teléfonos de alta gama para su comunicación clandestina– y otros beneficios injustificados.

“Tenían fijados como objetivos para ser cooptados dentro de su organización a quienes ocuparan cargos directivos, especialmente jefes de división de control operativo y también al director general de la Polfa, por las funciones y el amplio conocimiento que tenían de la operación aduanera respecto de los controles establecidos para las aprehensiones de las mercancías de los principales puertos del país”, dijo la fiscal.

Por su parte, el juez informó que la audiencia preparatoria al juicio quedó programada para el 23 de febrero de 2026, a las 8:30 de la mañana.

“Eso es pura carreta”: defensa de alias Papá Pitufo

Durante la diligencia, el defensor de Marín interrumpió la intervención de la Fiscalía diciendo: “Eso es pura carreta”. Ante ello, el juez le respondió: “Señor defensor, le exijo respeto por la intervención de la Fiscalía. Manifestaciones de esa índole dejan mucho que desear de su comportamiento ético y profesional”. Posteriormente, la defensa argumentó que el escrito de acusación no es preciso en la descripción de los hechos delictivos y que la formulación del caso vulnera el derecho a la defensa técnica, al no detallar el rol de Marín en ciertos hechos.