Más allá del número: qué cambia con la nueva ley en las encuestas de intención de voto para 2026

En el primer semestre de este año, los colombianos se acostumbraron a ver una nueva encuesta casi cada semana, mediciones en las que se movía el tablero político, subían o caían precandidatos y se definían estrategias de campaña. Pero en julio, el panorama cambió de golpe con la entrada en vigencia de la nueva normativa de encuestas, conocida como ‘Ley mordaza’. 

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El 23 de julio, el presidente Gustavo Petro sancionó la iniciativa que contó con el respaldo de congresistas de diferentes sectores políticos. La norma, aprobada casi por unanimidad en el Congreso, busca establecer mayores controles y estándares técnicos para la realización de encuestas electorales, aunque su entrada en vigencia en plena campaña ha generado controversias.

La primera disposición de la ley entró a regir una vez el mandatario firmó su sanción oficial: una veda que prohibió la publicación de encuestas desde el 23 de julio hasta el 31 de octubre. Durante más de tres meses, el país vivió una campaña sin mediciones oficiales, justo en un periodo en el que se definieron mecanismos internos, alianzas y movimientos de partidos que se ejecutaron sin el termómetro habitual de las encuestas.

En el artículo número 5 de la Ley 2494 de 2025 se estableció que los sondeos de intención de voto solo podrían realizarse tres meses antes del inicio del periodo de inscripción de candidaturas. Por eso, desde el primero de noviembre, las firmas encuestadoras retomaron su labor bajo un nuevo marco que exige mayores requerimientos técnicos, inversiones más altas y ajustes en los parámetros que solían aplicar en elecciones anteriores. 

Los congresistas que respaldaron el proyecto destacaron que su propósito principal correspondía a consolidar datos más confiables y promover la transparencia electoral. En contraste, durante 100 días, las mediciones del pulso político se trasladaron a escenarios con escasa o nula regulación, como plataformas de apuestas en línea y mercados digitales. 

Las nuevas reglas del juego: así cambió la forma de medir la intención de voto con la ‘Ley mordaza’

Patricia Muñoz, directora de la Especialización en Mercadeo Político de la Universidad Javeriana, explicó a CAMBIO que uno de los principales cambios está en la selección de la muestra, el corazón de cualquier encuesta. Ahora, la norma obliga a que las mediciones nacionales incluyan municipios grandes, medianos y pequeños de todas las regiones del país, para asegurar una representación real del electorado. 

La Ley 2494 de 2025 también fija un margen de error máximo del 3 por ciento para encuestas nacionales y del 5 por ciento para estudios locales o departamentales, con un nivel de confianza del 95 por ciento. “Esto significa que los resultados publicados deben basarse en muestras amplias y bien distribuidas, lo que incrementa la fiabilidad, pero también eleva los costos y la complejidad técnica de los estudios”, explica Muñoz. 

El texto también diferencia entre encuestas y sondeos. Las primeras deben ser probabilísticas, por lo que tienen que contar con métodos científicos que permitan generalizar los resultados. Los sondeos, que no cumplen con estos criterios, no podrán publicarse si indagan sobre la intención de voto con el objetivo de frenar la difusión de ejercicios sin sustento estadístico que pueden distorsionar el debate público. 

Mayo Luz Polo, profesora del Departamento de Estadística de la Universidad Nacional, asegura que la norma que fija la ley sobre un margen de error máximo del 3 por ciento para las encuestas nacionales carece de un sustento estadístico claro. Para ella, el margen de error mide la posible variación de los resultados de la encuesta con respecto al comportamiento real de toda la población. Por eso, plantea que imponer un valor fijo puede generar interpretaciones erradas sobre la precisión de los resultados.

Otro punto clave que establece la ley está en la ficha técnica y la transparencia de los datos. Cada encuesta deberá publicar información detallada: quién la hizo, quién la pagó, el tamaño y tipo de muestra, el texto exacto de las preguntas, el margen de error, el método de recolección y los nombres de los responsables. Según las encuestadoras, esos nuevos parámetros implican una mayor carga operativa y costos adicionales. 

¿Cuáles son las implicaciones de la nueva Ley de encuestas?

César Caballero, director de Cifras y Conceptos, considera que la nueva ley parte de una intención legítima de modernizar la regulación de las encuestas en Colombia, pero advierte que sus efectos pueden ser contraproducentes. Según él, aunque es positivo que se exijan estándares técnicos más altos, la norma introduce exigencias poco realistas que podrían limitar la cantidad de encuestas publicadas. 

El pasado 5 de septiembre, Cifras y Conceptos presentó la primera encuesta tras la veda que se extendió por más de tres meses. Luego del sondeo, que ofreció nueva información sobre la intención de voto, Caballero detalló que algunos criterios metodológicos podrían resultar insostenibles y terminarían concentrando la información en pocos actores.

“Esta ley va a tener como consecuencia que haya menos encuestas públicas de intención de voto en temas electorales. Va a haber menos información. Los que tengan los recursos pagarán unas encuestas que seguramente no se van a publicar. El proyecto puede estar plagado de buenas intenciones, pero dificulta el acceso a la información”, explica Caballero. 

El gerente de Invamer, Martín Orozco, advierte que la nueva ley podría afectar la calidad y la frecuencia de las encuestas de opinión. Según explicó, los mayores requisitos técnicos y la obligación de cubrir más regiones harán que las mediciones sean más costosas y menos frecuentes, lo que podría limitar el acceso a datos en un contexto político cambiante. 

Los representantes de firmas encuestadoras también han cuestionado que la falta de sondeos por los altos costos de financiación podría abrir la puerta a mediciones informales, ejercicios sin rigor estadístico o encuestas promovidas por intereses particulares. Por eso, advierten que, en ausencia de estudios serios y verificables, los ciudadanos podrían basar su percepción electoral en información distorsionada. 

Desde el pasado primero de noviembre, las firmas también han cuestionado el rol del Consejo Nacional Electoral en el proceso. Una Comisión Técnica de Vigilancia adscrita a ese organismo será la encargada de auditar las encuestas, pero para algunos sectores la medida podría derivar en tensiones sobre la reserva estadística o generar interpretaciones políticas de los resultados.

¿Qué tan confiables serán las encuestas y cómo interpretarlas?

Patricia Muñoz, directora de la Especialización en Mercadeo Político de la Universidad Javeriana, explica que la verdadera utilidad de las encuestas radica en ofrecer una fotografía del momento político y social, más que en predecir resultados. En ese sentido, destaca que los sondeos no deberían leerse como pronósticos, sino como herramientas que ayudan a entender tendencias y comportamientos del electorado en contextos específicos.

“La atención se concentra en quién va primero o quién sube o baja, pero lo importante es identificar qué temas movilizan la opinión y cómo cambian las percepciones frente a candidatos. El reto con las encuestas será responder a los nuevos parámetros sin que las exigencias técnicas limiten la capacidad de análisis”, explica Muñoz. 

La directora de la Especialización en Opinión Pública de la Universidad Javeriana considera que la nueva ley supone un avance en materia de transparencia, ya que exige a las firmas publicar microdatos y anexos metodológicos verificables. Para ella, la nueva normativa buscaría fortalecer la confianza pública, pero también podría reducir la cantidad de información disponible. 

Muñóz también planteó que el problema no está en la intención de la norma, sino en su diseño técnico de procesos como la fijación de márgenes de error y clasificaciones de municipios sin un sustento estadístico sólido. En ese sentido, el reto está en equilibrar la supervisión del CNE con la autonomía de las firmas, con el objetivo de que las encuestas mantengan su rigor sin perder representatividad.