El proyecto de decreto que elimina requisitos para ser cónsul y embajador: cualquier ciudadano podrá ocupar los cargos

La publicación de un borrador de decreto del Gobierno nacional en el que se propone eliminar los requisitos de formación, experiencia profesional e idoneidad técnica para los cargos de embajador extraordinario y plenipotenciario y de cónsul general central generó una profunda controversia política e institucional.

El documento, que modifica el parágrafo 2 del artículo 2.2.2.4.10 del Decreto 1083 de 2015, establece que para ejercer estos altos cargos del servicio exterior “bastará con ser nacional colombiano por nacimiento en ejercicio de su ciudadanía y tener más de veinticinco (25) años”. En la práctica, cualquier ciudadano sin carrera diplomática ni experiencia previa en relaciones internacionales podría ser designado para funciones de enorme responsabilidad.

El borrador argumenta que estos cargos son de libre nombramiento y remoción, y que su naturaleza política exige discrecionalidad presidencial plena. Por tanto, según el documento, no deberían exigirse títulos, experiencia o acreditaciones técnicas para ejercerlos.

Actualmente, la normativa vigente exige requisitos de formación académica, experiencia profesional y otros criterios mínimos que buscan garantizar la idoneidad en funciones tan sensibles como:

• Negociaciones bilaterales.
• Acuerdos de movilidad y seguridad.
• Asistencia consular.
• Coordinación en crisis.
• Relaciones económicas y comerciales.
• Protección de ciudadanos colombianos en el exterior.

Los expertos rechazan el decreto que elimina los requisitos para ser cónsul

Sin embargo, la propuesta del Gobierno fue interpretada por especialistas como un golpe directo a la profesionalización del servicio exterior y una puerta abierta al clientelismo en el último año de mandato. Una de las reacciones más contundentes fue la de la profesora y analista internacional Sandra Borda, quien afirmó: “No ha habido un Gobierno que haya contribuido más a la desinstitucionalización de nuestro servicio exterior que el actual. La repartija de puestos diplomáticos que están preparando para el último año de gobierno es de proporciones épicas”.

Por su parte, el empresario y exministro de comercio Luis Guillermo Plata criticó la medida desde el punto de vista de la meritocracia y la representación internacional: “Presidente, usted solía decir que había que profesionalizar nuestro servicio exterior. Al eliminar los requisitos para ser embajador y cónsul nos sume en la mediocridad completa. En vez de atraer a los mejores y más preparados, su propuesta de decreto acaba con la moral de los funcionarios que se han esforzado y han estudiado para representar al país. Eso no es progresismo, solamente se le puede llamar retroceso. Todo lo opuesto a la meritocracia”.

A las críticas se sumó el exministro de Hacienda y de Comercio José Manuel Restrepo, quien expresó preocupación por las implicaciones para la competitividad del país en un contexto global complejo: “Muy triste la propuesta. La pauperización de las relaciones diplomática. Todo lo contrario a dónde deberíamos ir. Y así queremos ser protagonistas en las nuevas realidades de un mundo más exigente, lleno de oportunidades de inversión y de comercio, más competitivo y en función de la quinta revolución industrial. Ausencia total de rigor en el diseño de política pública. Menos mal en 2026 los decretos, así como se emiten, se derogan”.

Las tres voces coinciden en que el Gobierno renuncia al objetivo de fortalecer el cuerpo diplomático y, por el contrario, abre un ciclo de improvisación que podría afectar la imagen y la capacidad del país en el exterior.

Los gremios diplomáticos también se pronunciaron: advierten por un impacto directo en los colombianos en el exterior

La Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo) y la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo) publicaron un comunicado conjunto, expresando su rechazo al proyecto.

Para las organizaciones, la eliminación de requisitos representa un grave retroceso institucional y un ataque directo a la carrera diplomática, que durante décadas ha garantizado estándares altos de profesionalización. En el comunicado advirtieron que este cambio no solo afecta la institucionalidad, también repercute directamente en los ciudadanos, especialmente en los consulados, donde se manejan temas sensibles como emergencias, trámites migratorios, notarías, repatriaciones y orientación jurídica.

Los gremios señalaron que permitir que estas responsabilidades recaigan en personas sin preparación “no solo desvaloriza la carrera, sino que pone en riesgo los intereses del país y afecta directamente al ciudadano de a pie”, al tiempo que reiteraron su disposición a emprender acciones legales para defender la carrera diplomática.

La respuesta de Petro: “el presidente es quien decide”

Ante todos los cuestionamientos que surgieron por el borrador, el presidente Gustavo Petro decidió responder desde su cuenta oficial de X. El mandatario no entró en detalles sobre el contenido del decreto ni sobre las advertencias hechas por expertos, sino que optó por reafirmar su autoridad constitucional frente a la dirección de la política exterior.

En su mensaje escribió: “El presidente de la República dirige las relaciones exteriores por orden constitucional, y tal facultad se hace a través de la canciller y sus embajadores”, lo que fue interpretado como algunos como Borda como un “aquí mando yo y se hace lo que yo ordene”.

“Suena más al dueño de una finca que a un mandatario realmente interesado en un proceso de inserción internacional responsable y positivo de su país”, concluyó la experta.