La batalla jurídica de María Claudia Tarazona contra el presidente Petro por el magnicidio de Miguel Uribe

Han pasado cinco meses del atentado que silenció la voz del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, considerado una joven promesa de la política. Por su magnicidio, ya van nueve capturados, y el último de ellos, Simeón Pérez alias El Viejo, resultó la ficha que liga a la Segunda Marquetalia con ese execrable crimen político.

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“La evidencia que nosotros tenemos es la cercanía que tiene Simeón con la Segunda Marquetalia”, señaló esta semana la fiscal general Luz Adriana Camargo, destacando que se trata del “articulador entre el grupo operativo, el grupo de sicarios, y quienes habrían ordenado el magnicidio”. 

¿Y está vinculado Iván Márquez, el poderoso cabecilla de esas disidencias de las Farc? La fiscal sugiere que no, por lo menos no en este momento. “Yo preferiría hablar de lo que tenemos y son las conexiones de este nuevo sindicado con la célula que funciona en el Caquetá”, señaló, haciendo énfasis en que la investigación no es especulativa.

A propósito del avance de las pesquisas y de la justicia y la verdad que reclama la familia del fallecido senador, CAMBIO conoció que la viuda de Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, presentó el 14 de octubre una tutela contra el presidente de la República Gustavo Petro Urrego, en la que lo acusa de revictimizar a su familia y con la que espera que los jueces impongan un límite a las expresiones del primer mandatario.

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La viuda pide que el presidente se retracte públicamente por haber relacionado el asesinato de su esposo con el ELN, la Segunda Marquetalia, la Junta Mundial del Narcotráfico, con negocios de esmeralderos y hasta con la mafia europea. 

“Las hipótesis señaladas por el primer mandatario no hacen parte de las líneas investigativas que sigue la Fiscalía General de la Nación, especialmente aquellas relacionadas con la junta mundial del narcotráfico, los negocios de las esmeraldas, la mafia europea por lo que el Jefe de Estado no puede estar teorizando a capricho personal sobre los posibles responsables del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, tal y como lo ha venido haciendo en múltiples oportunidades en las que ha vinculado el nombre del fallecido congresista con grupos delincuenciales", advierte la acción judicial de Tarazona.

Para el momento en que Tarazona presentó la tutela, la Fiscalía aún no había vinculado públicamente a la Segunda Marquetalia. La acción judicial se suma a un derecho de petición que presentó ante la Presidencia, a una denuncia por hostigamiento que radicó en junio su abogado Víctor Mosquera, y a otras solicitudes que han elevado ante instancias internacionales. 

"La conducta comunicativa del presidente Gustavo Petro —al insinuar vínculos inexistentes con el narcotráfico y el negocio de las esmeraldas, al deslegitimar públicamente las acciones de la familia Uribe Turbay y al usar su tragedia como instrumento de confrontación política— constituye una vulneración directa de los derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y a la memoria digna del senador Miguel Uribe Turbay y de sus familiares”, añade la viuda en su escrito.

Los cuestionamientos contra el presidente

Tarazona recopiló en la tutela todas las declaraciones que ha hecho el presidente Petro desde el momento mismo en que ocurrió el magnicidio. Con ello pretende demostrar ante los jueces la presunta afectación de los derechos de su familia y cómo el presidente se habría entrometido indebidamente en el proceso judicial, afectando sus derechos a la verdad, justicia y reparación.

En la acción judicial relata que Petro pasó de afirmar, en junio, que “el autor del intento de asesinato es un enemigo del gobierno” y de la “consulta popular”, para luego decir que una hipótesis muy fuerte era que había participación de la Junta del Narcotráfico. Cuenta que Petro, posteriormente, modificó su primera versión, señalando que “hasta ahora, los capturados, solo son miembros del microtráfico bogotano”, desvirtuando con ello los móviles políticos en el crimen.

También anotó que en agosto el presidente mencionó al ELN como probable “autor del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay por dinero”. Y que a mediados de ese mes el presidente señaló a la disidencia comandada por Iván Márquez, otrora exjefe negociador de la paz con las Farc. “Es probable que le hayan pagado a la Segunda Marquetalia por asesinar al senador”, aseguró el presidente.

Tarazona añade que el 21 de agosto el jefe de Estado volvió a ligar el crimen con la Junta del Narcotráfico, pero esta vez apuntando a una posible retaliación por negocios de esmeraldas. “Y es probable, la Fiscalía nos debe decir, que el asesino del Senador Uribe Turbay está ahí por un negocio de esmeraldas”, indicó Petro, quien el 11 de septiembre aseguró que al precandidato “lo mató la mafia. Y esa mafia vive en Europa”.

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Ante esos y otros comentarios, Tarazona solicitó que se ordene al presidente Petro retractarse públicamente de las “afirmaciones, teorías e hipótesis no institucionales sobre los hechos que rodearon el atentado”, así como de los comentarios que ha hecho con “desprecio” sobre su suegro Miguel Uribe Londoño, quien asumió como precandidato presidencial tras la muerte de su hijo. 

La mujer también pide que le exijan al mandatario que se abstenga de continuar divulgando datos no comprobados sobre la investigación que lleva la Fiscalía. 

“Estas afirmaciones, formuladas sin fundamento probatorio y al margen de los canales institucionales, afectan gravemente el curso y la legitimidad de la investigación penal que lidera la Fiscalía General de la Nación”, advierte la acción judicial en la que señala a Petro por una “injerencia indirecta” en el proceso.

Tarazona también puntualiza que Petro ocasiona “una seria revictimización a la familia” cuando ha sugerido que tanto ellos como el partido político de Uribe Turbay han utilizado su muerte como “una movida política en su contra”.

¿Revictimización institucional?

El 1 de septiembre, Tarazona presentó un derecho de petición a la Casa de Nariño solicitándole al presidente lo mismo que posteriormente le pidió en la tutela, señalando al jefe de Estado de incurrir en discursos de odio. En ese escrito, además, indicó que Petro “se vale” de su tragedia para relacionar el atentado contra Uribe Turbay con un supuesto plan para atentar en su contra.  

En esa carta directa a Palacio, Tarazona también mencionó la afectación que ha sufrido su hijo Alejandro, de cuatro años, señalando que el presidente “tampoco ha respetado su reputación luego de su fallecimiento, afectando así a su hijo menor de edad, demás familiares y constituyéndose en una indebida intromisión respecto a las funciones propias de la Fiscalía”.

El 22 de septiembre, Alejandro de Jesús Melo, asesor jurídico de la Presidencia, le respondió a Tarazona que el presidente no rectificaría nada de lo dicho.  

“La intención del presidente de la República nunca ha sido la de fomentar un discurso de odio o de estigmatización, tampoco desconoce el profundo dolor que enfrentan los seres queridos por la pérdida de Miguel Uribe Turbay. Por el contrario, todas las declaraciones y mensajes emitidos han tenido como propósito informar a la ciudadanía sobre el avance de las investigaciones y reafirmar el compromiso del Gobierno Nacional con el esclarecimiento de los hechos y la búsqueda de justicia”, señaló Melo.

“Con el respeto y dignidad que le asiste como cónyuge de Miguel Uribe Turbay, no se puede compartir la interpretación y sentido que ha dado a las expresiones del primer mandatario, debido a que este no ha descartado ninguna hipótesis sobre los autores y móviles del homicidio, y tampoco ha buscado obtener un protagonismo político con este hecho, por el contrario, ha pedido a opinión pública no emplear este lamentable suceso con dicha finalidad. Por lo tanto, no es procedente exigir la retractación”, añadió la Presidencia.

En criterio de Tarazona, que además es abogada, las respuestas que le ha dado la Casa de Nariño constituyen una “revictimización institucional”. Cuestiona que la Presidencia asegure “descaradamente” que los comentarios que ha realizado el presidente Petro son “genéricos” y no refieren a nadie en particular.

Por ahora, Tarazona pierde el pulso

Aunque la viuda de Miguel Uribe Turbay advierte con sus pruebas que el presidente Gustavo Petro ha incurrido en discursos de odio y ha estigmatizado a “la derecha”, un juez de la República no le dio la razón. El Juzgado 14 Laboral de Bogotá, donde cayó la tutela, negó los amparos solicitados. La determinación trascendió el viernes con un pulso que gana el presidente Petro.

CAMBIO contactó al abogado de la familia Uribe Turbay, Víctor Mosquera Marín, para indagar sobre las razones que llevaron al juez Jaime Cordero Pinilla a denegar la acción judicial, pero hasta el cierre de esta edición no pudo acceder a esos datos. La decisión seguramente será impugnada y podría llegar en algunos meses a instancias de la Corte Constitucional.

La libertad de expresión del presidente Gustavo Petro y sus comentarios directos de diferentes controversias nacionales le han valido este año varias decisiones judiciales adversas, especialmente provenientes del Consejo de Estado.

Simultáneo a este proceso también avanza en la Fiscalía el trámite de una denuncia que presentó la familia de Uribe Turbay en agosto, con la que esperan que se esclarezca con exactitud cuál es el papel de la Segunda Marquetalia en el asesinato de Miguel Uribe.

Por el momento, hay un dato que ha generado profunda curiosidad. La fiscal general Luz Adriana Camargo menciona a la Segunda Marquetalia como posible determinadora del atentado contra Miguel Uribe, pero no mencionó al Estado Mayor Central de alias Iván Mordisco en sus declaraciones.

Tal y como reveló CAMBIO, la fiscal Elsa Cristina Reyes, quien lidera las investigaciones por el magnicidio, aseguró en una audiencia reservada que el hilo que conduce a la agrupación de Iván Márquez está en un punto clave: el ofrecimiento de El Viejo a alias Gabriela para que huyera a Caquetá, días después del atentado, para recibir entrenamiento de las disidencias en tácticas de francotirador y manejo de drones. Pero Reyes también mencionó a Mordisco dentro de los posibles determinadores, indicando que otro de los capturados por el crimen, Elder José Arteaga alias El Costeño, pertenecería al anillo de seguridad de la pareja del líder de las disidencias.  

“Se ha indicado que los determinadores de este hecho serían presuntamente integrantes de un GAO-R, entre los cuales se ha señalado la Segunda Marquetalia y la estructura regentada por Iván Mordisco, ya que entre los elementos materiales probatorios se ha documentado que Catherine Martínez pretendía huir de las autoridades internándose en zona de la estructura Segunda Marquetalia para recibir instrucciones en manejo de drones y explosivos. Igualmente se tiene información relacionada con la presunta vinculación de Elder Arteaga alias Chipi o Costeño con la estructura de Iván Mordisco, llegando a integrar un círculo de seguridad de la compañera sentimental de este cabecilla”, puntualizó la fiscal Reyes el pasado 28 de octubre.

Dentro de los grupos armados a los que se ha referido el presidente Gustavo Petro cuando habla del magnicidio no ha emergido directamente la estructura de Mordisco. Por alguna razón la Fiscalía tampoco la ha mencionado públicamente.

ana.cuesta@cambiocolombia.com.