La razón por la que una jueza negó la libertad por vencimiento de términos a Sandra Ortiz, implicada en el escándalo de corrupción en la UNGRD

La jueza 79 de control de garantías de Bogotá negó la libertad por vencimiento de términos a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, quien actualmente permanece recluida en un centro carcelario. La exfuncionaria enfrenta un juicio por su presunta participación en el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). 

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Su abogado, Mauricio Camacho, presentó la solicitud de libertad bajo el argumento de que se había superado el plazo para mantenerla privada de la libertad. Sin embargo, la jueza rechazó la petición y explicó que, para el vencimiento de términos, se requieren 240 días contados desde el 24 de enero. En este caso, a la judicatura solo se le atribuyen 158 días de los 342 transcurridos. Los días atribuibles a la defensa, que suman 170, y los correspondientes a fuerza mayor, que fueron 14, no se contabilizan para el vencimiento de términos.

El pasado primero de septiembre, la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Sandra Liliana Ortiz como presunta responsable de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público. 

Según una investigación de la entidad, el 12 de octubre de 2023, en un apartamento del centro de Bogotá, los exdirectivos de la UNGRD Olmedo López y Sneyder Pinilla le habrían entregado a Ortiz una maleta con 1.500 millones de pesos en efectivo, que posteriormente habría trasladado en un vehículo oficial al norte de la ciudad para entregársela al entonces presidente del Senado, Iván Name Vásquez. Al día siguiente, en la misma residencia, Pinilla, presuntamente, volvió a entregarle otra maleta con 1.500 millones de pesos, que también fue llevada al punto de encuentro indicado por el senador Name.

“Las pruebas indican que Ortiz Nova tenía pleno conocimiento de que el dinero recibido provenía de recursos de la UNGRD y que estaba destinado al pago de coimas por el direccionamiento de una orden de proveeduría para la compra de 40 carrotanques destinados a llevar agua potable a comunidades de La Guajira”, informó en su momento la Fiscalía.

El pasado 15 de octubre, en un breve comunicado, el ente acusador confirmó que Ortiz continuaría en detención preventiva mientras avanza el juicio en su contra, pues un juez penal de control de garantías de Bogotá dejó en firme la medida de aseguramiento privativa de la libertad impuesta a la exfuncionaria el 18 de diciembre de 2024. 

“Rechazó los argumentos presentados por la defensa, con los que buscaba revocar dicha determinación, y señaló que la Fiscalía ha demostrado que la procesada todavía representa un riesgo para la comunidad y tiene la capacidad de obstruir el proceso penal”, dijo la entidad.