¿Por qué solicitaron casa por cárcel contra Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco?

Después de casi 11 horas, la Fiscalía terminó de sustentar sus dos solicitudes contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco: la de imputación de cargos y la de medida de aseguramiento en casa por cárcel. La fiscal María Cristina Patiño le pidió al Tribunal Superior de Bogotá que les dicte prisión domiciliaria al considerar que se cumplen con las tres causales básicas para privarlos de su libertad: peligro para la sociedad, riesgo de fuga y obstrucción del proceso. 

La delegada del ente acusador dijo que el riesgo es tal, que los exfuncionarios podrían manipular pruebas y presionar a los testigos que ya firmaron acuerdos a cambio de entregar información. Las personas que han colaborado con la Fiscalía solían ser prácticamente subordinados de Velasco y Bonilla. Un ejemplo de ello es la asesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, que fungió como enlace del Gobierno con el Congreso de la República y ayudó a tramitar los denominados cupos indicativos.

Según la hipótesis del ente acusador, Bonilla y Velasco dirigieron un plan criminal que consistía en comprar congresistas con proyectos o contratos a cambio de que apoyaran las iniciativas del gobierno. No fueron unos cuantos proyectos; la fiscal dejó claro que fueron 79 tramitados bajo el esquema corrupto que, según sus cálculos, sumaron 612.237 millones de pesos. Por los hechos, los exfuncionarios fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. Bonilla y Velasco se declararon inocentes. Aquí puede consultar los detalles de esa diligencia.

Según la Fiscalía, la “empresa criminal” duró el tiempo que Bonilla y Velasco estuvieron a cargo de las carteras (mayo de 2023 a febrero de 2024). En ese lapso, habrían direccionado en favor de parlamentarios de la comisión primera del Senado; las comisiones tercera y cuarta de la Cámara de Representantes y del Senado, y de la comisión séptima del Senado, 74 proyectos en el Invias por 571.701 millones de pesos y cinco proyectos en la UNGRD por 40.536 millones de pesos, para un total de 79 proyectos que suman 612.237 millones de pesos. De esos, especificó la fiscal, solo siete se materializaron en contratos y por ellos los exfuncionarios fueron imputados por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.

“En el desarrollo del pacto criminal acordaron con parlamentarios direccionar proyectos, contratos y convenios, que se adelantaron en el Invias o en la UNGRD, a cambio de su concurrencia y votación en las comisiones a las que pertenecían. A ese acuerdo ilegal, se unió Olmedo López, como director de la UNGRD, quien fue el que direccionó proyectos de obra de emergencia a favor de parlamentarios. Fue un concierto para delinquir en donde todos tuvieron roles específicos. Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, lideraron, promovieron y dirigieron la organización criminal, coordinando reuniones y supervisado las gestiones ilícitas al interior de las entidades en las que se gestionaron proyectos”, dijo la fiscal.

Sobre la imputación hecha por la Fiscalía, los ministros reiteraron su supuesta inocencia.

“No he cogido un peso. Cumplí con mis funciones como ministro de Hacienda y no me salí de ahí. Tengo la certeza de no haber cometido ningún delito y defenderé mi inocencia hasta las últimas consecuencias”, dijo Bonilla.

“No tengo absolutamente nada que negociar con la Fiscalía porque soy inocente. Hasta hoy en la investigación solo han escuchado a unos testigos que se beneficiaron económicamente y penalmente de los hechos, espero que cuando nos escuchen, confronten lo que les han dicho a ustedes, porque el país solo ha escuchado la voz de quienes cometieron delitos y se apropiaron de delitos. En el momento que vean mis pruebas, la visión del país será otra”, mencionó Velasco.

La magistrada a cargo definió que el próximo 15 de diciembre podrán pronunciarse los abogados de los imputados y el 18 de diciembre, antes de la vacancia judicial, tomará la decisión final de si los deja en libertad o les dicta prisión domiciliaria.