Las razones por las que la Procuraduría pidió frenar pagos a la Casa de la Moneda de Portugal por nuevo modelo de pasaportes

En medio de las controversias que ha generado el nuevo modelo de pasaportes, la Procuraduría pidió suspender los pagos previstos a la Casa de la Moneda de Portugal mientras se resuelve una demanda que busca tumbar el contrato. En la petición, se advirtió sobre una serie de presuntas irregularidades que podrían generar un detrimento patrimonial.

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El Ministerio Público presentó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca una solicitud de medida cautelar para frenar el desembolso de recursos mientras se estudia de fondo la validez del contrato firmado. Según el órgano de control, la decisión permitiría proteger los dineros públicos ante las dudas sobre la legalidad, planeación y alcance del acuerdo.

El procurador delegado Preventivo y de Control, Marcio Melgosa, detalló en su solicitud que el convenio habría sido suscrito sin los estudios técnicos y jurídicos exigidos por la ley. Así mismo, advirtió que en el proceso tampoco se evidenciaría una evaluación clara sobre la capacidad operativa de la Casa de la Moneda de Portugal para acompañar la producción de los pasaportes en los tiempos previstos.

En su demanda inicial, el órgano de control alertó sobre los riesgos identificados para la expedición de los documentos de viaje a largo plazo ante la falta de claridad sobre el funcionamiento del nuevo esquema. Para la entidad, las posibles omisiones en la formalización del convenio podrían comprometer su viabilidad y traducirse en sobrecostos o incumplimientos.

La ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, ha defendido la legalidad del contrato y reiterado que la Casa de la Moneda de Portugal elaborará las libretas bajo altos estándares internacionales de seguridad. Sin embargo, esta nueva solicitud de la Procuraduría podría poner en pausa el proceso de transición y dejar cualquier avance del acuerdo en manos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Las alertas de la Procuraduría sobre el nuevo modelo de pasaportes

En julio pasado, el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores firmó el convenio firmado con la Imprenta Nacional para la expedición de pasaportes. Sin embargo, solo tres días después de la publicación del convenio en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, la Procuraduría alertó sobre riesgos sobre la operatividad del nuevo modelo.

En su revisión preliminar, el Ministerio Público advirtió por la ausencia de análisis sobre la capacidad logística, tecnológica y presupuestal de la Imprenta Nacional para asumir la expedición de los pasaportes una vez concluya el contrato vigente. Según el Ministerio Público, esta falta de verificación podría generar dificultades en la continuidad del servicio a nivel nacional.

Después de más de 17 años, el Gobierno nacional decidió modificar el esquema de fabricación de los documentos de viaje con el argumento de priorizar una gestión transparente y soberana de los datos personales de los colombianos. No obstante, ante las dificultades técnicas de la Imprenta Nacional, la Cancillería decidió extender por seis meses el contrato con Thomas Greg & Sons.

En la firma del nuevo convenio, la canciller Villavicencio explicó que la medida permitiría iniciar un proceso de transición que se extenderá hasta el próximo primero de abril. En esa etapa, la Imprenta Nacional deberá completar la transferencia de conocimiento, la adaptación tecnológica y la puesta a punto de sus equipos para garantizar la personalización de los pasaportes.

La Procuraduría reiteró que el contrato se habría firmado sin una evaluación clara de la capacidad del nuevo proveedor para cumplir con los tiempos y requerimientos del servicio. Para el órgano de control, la ausencia de la documentación exigida podría generar un detrimento del patrimonio público al comprometer recursos sin garantías a mediano y largo plazo.

¿Por qué la Procuraduría busca la nulidad del contrato para la expedición de pasaportes?

En su solicitud de suspender de forma inmediata los giros contemplados en el convenio, la Procuraduría sostiene que el contrato debió ser objeto de licitación pública, para cumplir la Ley 1150 de 2007. Por eso, para el Ministerio Público, la elección del proveedor a través del mecanismo directo vulnera las normas de contratación estatal en las que se prioriza la transparencia y la competencia.

El órgano de control advierte que la omisión de este procedimiento de selección objetiva corresponde a una decisión contraria a la ley, debido a que se incumplieron los mecanismos para garantizar que los recursos públicos se asignen bajo reglas claras. En ese sentido, en la solicitud se plantea que las posibles irregularidades comprometen la legalidad y afectan la confianza en la administración de los dineros del Estado.

“Los demandados actuaron con evidente desviación de poder, al eludir el procedimiento de selección objetiva y los demás requisitos previstos en la norma aplicable al proceso de contratación, vulnerando así los principios de transparencia, planeación, libre concurrencia y selección objetiva del contratista”, explicó el procurador delegado Preventivo y de Control.

La entidad también advirtió que en el proceso se escogió el modelo de contratación directa, que solo aplica para casos específicos, pese a que la Imprenta Nacional no contaba con la capacidad ni la infraestructura para ejecutar el convenio. Según la Procuraduría, en el caso debía aplicarse el proceso de licitación pública para seleccionar un proveedor apto desde el inicio.  

Finalmente, el Ministerio Público enfatizó que la nulidad del contrato se solicita como medida para proteger el interés público y evitar un detrimento patrimonial. Ahora, la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca será clave para conocer el futuro del nuevo modelo que tendrá el reto de expedir el próximo año cerca de 2 millones de pasaportes.