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Ministro de la Igualdad, Carlos Rosero, y ministro del interior, Armando Benedetti.
Poder

Gobierno radica un nuevo proyecto para mantener vivo al Ministerio de la Igualdad

En mayo de 2024, la Corte Constitucional tumbó la creación del Ministerio de la Igualdad por vicios de trámite. Ahora, este proyecto intenta remediarlos. Sin embargo, el Congreso de este 2025 es completamente diferente al que aprobó la primera norma.

Por: Claudia Quintero

Casi un año después de la decisión de la Corte Constitucional que tumbó la ley 2281 de 2023, que creó el Ministerio de la Igualdad, el Gobierno vuelve con un nuevo intento para subsanar los vicios de trámite y alargar la vida de la cartera, que desde su origen estuvo liderada por la vicepresidenta, Francia Márquez. Ella dejó el cargo hace al menos dos meses.

Esta cartera fue una de las promesas del Gobierno, especialmente del presidente, Gustavo Petro, con la vicepresidenta y con “los nadies”, que es el sector que ella representa.

Los problemas que encontró la Corte y lo que intentan subsanar

La Corte decidió tumbar parcialmente la norma porque encontraron que, en el trámite de aprobación, el Congreso habría incurrido en un vicio de procedimiento al no hacer un análisis de impacto fiscal frente a la creación de un nuevo ministerio. Es decir, no hubo claridad frente a los costos que tendría la cartera de la Igualdad.

Sin embargo, la Corte consideró que declarar la inexequibilidad con efectos inmediatos implicaría eliminar el sector administrativo de Igualdad y Equidad. Esto, entonces, tendría efectos negativos sobre las políticas públicas diseñadas para garantizar los derechos de sujetos de especial protección.

Así que por eso determinaron que la cartera puede operar hasta 2026 y con eso abrieron la posibilidad de que el Gobierno volviera a llevar el proyecto al Congreso, que es justo lo que ahora están haciendo.

“Vamos a presentar el proyecto para darle continuidad al Ministerio de la Igualdad. Es una aspiración de millones de colombianos en un país tan desigual como el nuestro. Haremos eso para que podamos seguir atendiendo las enormes dificultades que viven territorios y comunidades en términos de agua, productividad y hambre, entre otros”, dijo Carlos Rosero, actual ministro de la Igualdad, en diálogo con RTVC.

La apuesta del articulado, entonces, es subsanar el vicio de trámite por la falta del aval fiscal.

El reto de un Congreso con consulta, en disputa con el Gobierno y próximo a elecciones

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El proyecto tendrá que ser discutido en un Congreso con un ambiente caldeado. Foto: Colprensa.

Si bien el Congreso aprobó la norma inicial, era un contexto muy distinto al que se tiene hoy en día. ¿Las razones? Algunas casi que normales y otras un tanto particulares.

Primero, en la aprobación de la ley 2281 de 2023, el Gobierno casi que estaba en luna de miel con el Legislativo y en ese entonces pasaron varias de las iniciativas. Ahora, el panorama es completamente distinto: ya estamos al final de la tercera legislatura, el Gobierno tiene al Congreso entre la espada y la pared con la consulta popular y, no menos importante, hay una clara disputa entre el presidente del Senado, Efraín Cepeda, y el jefe de Estado.

También está sobre la mesa que el Congreso tendría hasta el 20 de julio de 2026 para aprobar este proyecto y ese es justo el último año de legislatura. Un periodo que se caracteriza por ser para sacar iniciativas de los congresistas, quienes además están más metidos en las campañas que haciendo normas.

Un reto adicional es la baja ejecución que ha tenido el Ministerio de la Igualdad. Fácilmente, puede ser uno de los más rajados. Como dijo una congresista del Pacto Histórico que prefirió no ser citada: “tiene serios problemas y hay serias dificultades con el proyecto, aunque sea muy necesario para el país”. Es decir, ni siquiera en el partido de gobierno le ven buen ambiente a esta iniciativa.

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