Fiscalía pide preclusión parcial del proceso en contra del ministro Antonio Sanguino: los detalles

Todo estaba listo en la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia para que arrancara el juicio en contra del exconcejal de Bogotá y hoy ministro de Trabajo Antonio Sanguino por su supuesta participación en el escándalo de corrupción conocido como el 'carrusel de la contratación'.

No obstante, la Fiscalía solicitó la preclusión parcial del caso y la defensa de Sanguino pidió anular todo lo actuado. ¿Por qué? Le contamos.

La Fiscalía vs. la Fiscalía

La Fiscalía inicialmente iba a acusar a Sanguino por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias en servidor público por hechos que remontan a 2008, cuando Sanguino era concejal de Bogotá, por supuestamente haber hecho gestiones indebidas para lograr que se nombrara a Liliana Patricia Paternina como gerente del hospital de Usme en Bogotá.

“La influencia ejercida por el señor Antonio Sanguino tenía el fin de obtener un beneficio ilícito consistente en controlar la contratación del hospital de Usme, a través de la gerente que él mismo solicitó nombrar”, señaló inicialmente en el escrito de acusación la Fiscalía 85 especializada contra la corrupción.

Estas gestiones indebidas se habrían adelantado ante el entonces alcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas, quien fue condenado por participar en este escándalo y ante el entonces secretario de Salud, Héctor Zambrano, todo con la intención de afianzar su influencia como concejal.

Según la entidad, Sanguino también se habría interesado en un proceso de construcción de la nueva sede del hospital de Usme, para lo cual se habrían hecho reuniones con el contratista Héctor Julio Gómez, a cambio de una coima del 10 por ciento del valor del negocio. Esta influencia se habría hecho ante la gerente Paternina, nombrada tras la presunta gestión indebida del entonces concejal, así como ante Héctor Zambrano, quienes participaron en las reuniones. Además, se habría pactado que Gómez hiciera los términos del contrato del que se vería beneficiado después. Esas citas se habrían hecho en enero, febrero y marzo de 2009 en un restaurante de Bogotá, así como en octubre y noviembre de ese mismo año en diferentes lugares.

La petición de preclusión

Cuando Sanguino fue nombrado ministro, el caso pasó a la Corte Suprema de Justicia y el expediente a la fiscalía delegada ante ese alto tribunal que no fue la que realizó la imputación de cargos a Sanguino.

El fiscal que participó en la audiencia, que no es el titular de la delegada ante la Corte Suprema de Justicia, señaló que tras revisar el caso, se acordó que era necesario pedir la preclusión parcial de lo actuado. ¿Por qué? Sanguino fue imputado por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias, como una conducta continuada, que abarcó los dos hechos: el nombramiento de Paternina y la entrega del contrato de obra del hospital a Gómez.

Según la Fiscalía, el primer hecho sí es un presunto tráfico de influencias, pero el segundo sería otro delito: o interés indebido en la celebración de contratos o cohecho. Es decir, la Fiscalía no realizó correctamente la imputación de cargos.

"En el primer evento la presunta influencia ejercida por el entonces concejal Sanguino habría sido ante el entonces alcalde. En cambio, en el segundo evento, la supuesta influenciada habría sido Liliana Paternina, en cabeza de quien estaba el proceso contractual. De cara a las hipótesis delictivas, es claro que en el primer evento podría encuadrarse el tráfico de influencias, mientras que en el segundo, los supuestos fácticos podrían ser los de interés indebido de contratos o cohecho", señaló el fiscal.

En ese sentido, para el delegado de la Fiscalía, el caso se debe prescribir frente al primer hecho, el presunto tráfico de influencias para el nombramiento de Paternina. Mientras que por el segundo hecho sí se podría avanzar el caso contra Sanguino.

Defensa de Sanguino pide nulidad del caso

Andrés Cárdenas Bonilla, abogado defensor de Antonio Sanguino, pidió la nulidad de todo lo actuado al considerar que el escrito de acusación de la Fiscalía contendría errores porque la entidad no precisó, con detalle, todos los hechos investigados como las fechas de las supuestas reuniones que se hicieron, ni el lugar en dónde se habrían realizado. En la audiencia se le preguntó al fiscal por esos datos y el fiscal reconoció que sobre una de esas reuniones, no tienen certeza de dónde se hizo.

Según el abogado, la Fiscalía igualmente habría cometido una irregularidad en el escrito de acusación porque se habla de un tráfico de influencias continuado para nombrar a la gerente del hospital y para direccionar el contrato para la nueva sede. Tal y como señaló el fiscal del caso en la audiencia, Cárdenas dice que ese segundo hecho, no sería un tráfico de influencias sino un cohecho, delito que la Fiscalía no endilgó a Sanguino.

Dejando en claro que tienen evidencias para defenderse, el abogado dijo que aún si los hechos hubieran ocurrido, el delito de tráfico de influencias prescribió en julio de 2024 y el de cohecho en noviembre de 2023, según sus cuentas.

“Hay una nulidad porque a pesar de que la conducta que se le atribuye a mi representado como delito continuado, eso se hizo para huirle a la prescripción. Tendrían que haber imputado cohecho impropio y no lo hicieron. Nos hicieron una imputación inflada”, dijo el abogado Cárdenas.

El fiscal del caso señaló que estos elementos eventualmente se tendrían que revisar en juicio, aunque manifestó estar de acuerdo con que el escrito de acusación, que hizo otra delegada de la Fiscalía y no la delegada ante la Corte, es “malo”. La Procuraduría estuvo de acuerdo con la petición de la defensa de Sanguino.

La audiencia tuvo una demora ya que Sanguino inicialmente no se conectó a la diligencia y tuvo que ser requerido por la Sala de Primera Instancia para que así lo hiciera.

Sanguino ha dicho que es inocente y que los hechos por los cuales fue llevado a juicio ya habrían prescrito. “Reitero mi total inocencia y mi disposición absoluta para atender los requerimientos de las autoridades competentes. Jamás fui relacionado con hechos ilegales del llamado “Cartel de la Contratación”, por el contrario, como es de conocimiento público, fui uno de los denunciantes”, dijo en febrero pasado.

Ahora la Corte Suprema deberá resolver las peticiones presentadas por la Fiscalía y la defensa de Sanguino.